Se cumplen ocho años de la tragedia de Monticas: una herida que no cicatriza

Este lunes se cumple un nuevo aniversario del siniestro vial más grande de todo el territorio santafesino. Una crónica de un final anunciado.

La principal hipótesis de la causa del choque fue la explosión del neumático delantero izquierdo de uno de los vehículos, que tras eso se cruzó de carril y chocó con la otra unidad que venía de frente.

Una semana después del siniestro, la Provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas.

A partir de ese momento, se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al rosarino Agustín Bermúdez.

Las víctimas mortales del choque fueron Aníbal Pontiel (53), Gustavo Souza (48), Alejandro Machado (23), Natalia Angiorama (31), Sergio Norberto Chane (72), Jorge Ledesma (58), Johana Fernández (15), Gianella Fernández (20), Juan Burzaca (82), Cintia Albornoz (38), Gabriela Márquez (35), Juana Ferreyra (69) y Jorge Forgioni (60).

Probation y suspensión del juicio

A finales del 2024, el fiscal de la causa Walter Jurado, acordó con las víctimas y los defensores de los imputados la suspensión del juicio a prueba, tras considerar las pruebas presentadas y las condiciones de reparación de los daños.

En la resolución del juez Pablo Pinto, se estableció un plazo de dos años para la suspensión del juicio, imponiendo una serie de medidas a los acusados, quienes se comprometieron a cumplir con una serie de obligaciones.

Entre estas, todos los imputados deberán fijar residencia y abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes.

Además, se les solicitó realizar donaciones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Pérez y Zavalla, en cantidades que van desde los 100.000 hasta los 200.000 pesos, dependiendo del implicado.

Asimismo, se les aplicó una inhabilitación especial de dos años para ocupar cargos relacionados con el mantenimiento de vehículos de transporte público.

Penas

En cuanto a las consecuencias individuales, se aplicaron medidas específicas a cada imputado.

Juan D.R., Pablo D., Carlos L., y José M. deberán realizar trabajos comunitarios relacionados con la seguridad vial y la prevención de accidentes. Alejandro P. y Gabriel V., responsables del mantenimiento de los vehículos, deberán someterse a un curso sobre seguridad en el transporte.

Los implicados también se comprometieron a abonar una suma equivalente a un salario y medio, que será distribuida entre las víctimas directas o sus herederos forzosos, en tres cuotas mensuales.

No obstante, esta suma no incluye a quienes hayan sufrido lesiones leves, ya que la acción penal fue desistida para estos casos.