Crisis en el sistema penal del norte provincial: se suspenden audiencias por falta de defensores públicos

La situación de la Defensa Pública en Reconquista es descripta como alarmante: actualmente, existen solo dos defensores públicos activos para atender a una población que supera los 130.000 habitantes.

Este cuadro pone en jaque el derecho de defensa en juicio y afecta el funcionamiento mismo del sistema penal al punto que en algunos casos obliga a la reprogramación de audiencias penales en atención a una obviedad funcional: los funcionarios del organismo no pueden estar en dos salas al mismo tiempo.

Actualmente, existen dos defensores en Vera y dos defensores en Reconquista y ninguno en Las Toscas. Entonces “cada defensor de Reconquista tiene el cuádruple de trabajo o más que cada defensor de Vera, generando una injusticia, un estrés, una discriminación y una saturación inaceptable”, denunció un integrante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

En ese sentido y bajo pedido de reserva de identidad, explicó que si calcula mejor, la sobrecarga laboral ascendería a un nivel mayor al cuádruple, porque “todos los presos que se encuentran en la fase de ejecución de la pena en distintos penales de la Provincia de Santa Fe, al jubilarse la defensora exclusiva que los atendía -por orden de la Defensora Regional- esa carga de trabajo regresó a su defensor original. Es decir, los que eran de Reconquista, regresan a Reconquista y un número muy menor pertenecientes a Vera y las Toscas, regresan a sus defensores originales”.

En conclusión, los únicos dos defensores de Reconquista “están realmente saturados, sin capacidad de reacción, cuando los defensores de Vera están cómodos, teniendo los dos defensores juntos, muchísima menos carga que cada defensor de Reconquista”, comparó.

“Hoy son solo dos defensores para cubrir más de 130.000 personas (Reconquista y localidades aledañas como Malabrigo, Romang, Alejandra, etc.)", puso en contexto el operador judicial, al tiempo que cargó contra la defensora regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, Valeria Lapissonde, por lo que consideró una gestión acotada para revertir la acuciante falta de personal.

Cargos vacantes

El informe acercado a este medio da cuenta que históricamente, la Cuarta Circunscripción Judicial contaba 1 defensor en Las Toscas, cargo que quedó vacante en noviembre de 2022 tras la designación del Dr. Sergio Olivera como juez penal en Vera y “nunca fue cubierto”; 3 defensores en Reconquista, aunque uno de esos cargos (ocupado por la Dra. Fabiana Pierini) quedó vacante tras su fallecimiento en 2020 y “tampoco fue reemplazado”.

Además, atendían 3 defensores en Vera, incluyendo la defensora regional Lapissonde. El cargo de la Dra. Silvia Zabala, que atendía exclusivamente la fase de ejecución de la pena, también quedó vacante y nunca fue repuesto, refleja el parte situacional

En consecuencia, se han perdido cuatro cargos de defensor público en los últimos años. Mientras tanto, se describe, “la carga de trabajo no solo se mantuvo sino que aumentó exponencialmente, sin respuesta efectiva del Estado provincial" para recomponer la estructura.

Distribución inequitativa

Según datos oficiales de la Fiscalía, los ingresos mensuales de causas en la jurisdicción judicial norteña alcanzan a 1.580 legajos: 1.000 en Reconquista, 300 en Las Toscas y 280 en Vera.

Sin embargo, para atender la zona de Reconquista y Las Toscas solo fungen dos defensores, lo que implica que cada uno de ellos asume una demanda de trabajo muy superior a los de Vera, revela el documento que también fue elevado a las autoridades del SPPDP. “Además, por decisión de la Defensora Regional, los casos de ejecución penal fueron reasignados a los defensores originales, incrementando aún más la sobrecarga en Reconquista”, se insiste.

Fiscalía robusta

A la descompensación actual de la Defensa Pública Penal se suma un dato preocupante: Reconquista cuenta con 5 fiscales, y está prevista la incorporación de más representantes del MPA. En cambio, “no hay planes para aumentar la dotación de defensores”.

En Las Toscas hay 2 fiscales y ningún defensor. En Vera, 1 fiscal y 2 defensores. Es decir, “la asimetría entre acusación y defensa grave”, se advierte.

Al borde del colapso

La carencia expuesta ya repercute en el funcionamiento del sistema judicial: en la tarde del 17 de junio, por ejemplo, no se pudo realizar una audiencia por falta de defensores disponibles, todos estaban afectados a otros juicios en Reconquista. “Esta es la nueva normalidad en Reconquista: la defensa pública colapsada y sin capacidad de respuesta”, indicó la fuente oficial.

Además, la incorporación de competencias en causas de narcomenudeo y justicia penal juvenil profundizó el escenario de saturación. Cada defensor debe cubrir audiencias de adultos, menores, ejecución penal y causas complejas, “sin estructura ni apoyo suficiente”.

Se destaca asimismo que para que el sistema penal funcione y las audiencias y juicios puedan realizarse, es necesario que en cada audiencia participe un fiscal, un juez y un defensor, explicó, en tanto vaticinó con preocupación que “ante la pronta existencia de aproximadamente 11 fiscales en la Sede Reconquista, y sólo dos defensores, las audiencias no podrán realizarse o deberán aguardar (ponerse en fila) e ir pasando los distintos fiscales y jueces con los mismos dos defensores, devastados y no pudiendo brindar una defensa mínima siquiera".

Eco legislativo

Ante este escenario de sobrecarga de trabajo y desequilibrio en el sistema judicial, en la sesión semanal el Concejo Municipal reconquistense aprobó un proyecto de resolución del bloque del Partido Justicialista en la que se expresa preocupación por la falta de defensores públicos en la ciudad y se solicita a la Defensoría Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, con sede en Vera, que brinde información oficial al respecto.

El planteo surge tras la reciente incorporación de cuatro nuevos fiscales en Reconquista, un hecho valorado positivamente por los concejales justicialistas, ya que fortalece el Ministerio Público de la Acusación y podría mejorar la celeridad en el tratamiento de las causas. Sin embargo, previnieron que no se ha dado un acompañamiento equivalente en la estructura de la defensa pública, lo cual puede afectar el debido proceso y el equilibrio del sistema judicial.

“Para el debido proceso judicial es de suma importancia la incorporación de defensores públicos que aseguran que el servicio judicial sea expeditivo”, consideraron los concejales en el proyecto que recibió aprobación unánime.

“Según datos de conocimiento público, Reconquista cuenta actualmente con solo dos defensores públicos, quienes deben atender aproximadamente 1.000 legajos mensuales. Esta cifra contrasta fuertemente con la situación de la ciudad de Vera, que con el mismo número de defensores, tramita alrededor de 280 legajos mensuales”, detallaron los ediles.

“La desproporción es evidente y preocupa porque pone en riesgo el acceso igualitario a la justicia”, sostuvieron. Además, hicieron notar que esta situación no solo afecta a las personas involucradas en procesos judiciales, sino también a “la confianza institucional, la seguridad ciudadana y la convivencia social”.

Respuestas y compromisos

Entre los puntos solicitados a la Defensoría Regional a cargo de la Dra. Valeria Lapissonde, se destacan un pedido de informe sobre gestiones o previsiones para incorporar nuevos defensores en Reconquista, y también respecto a posibles medidas se están evaluando para agilizar los procesos judiciales.

Del mismo modo, el Legislativo indaga acerca de si se contempla el crecimiento poblacional de la ciudad como variable para asignar más recursos y si existe un análisis actualizado de la carga laboral de los defensores en distintas ciudades del norte santafesino.

En otro punto, los representantes del pueblo pusieron el dedo en la llaga: “Y por qué motivo, siendo Reconquista la ciudad más grande de la región, la sede de la Defensoría Regional no se encuentra en ella”.

Por último, pidieron tomar nota que la falta de equilibrio entre fiscalía y defensa puede afectar seriamente el acceso a la justicia, y repararon en la necesidad indispensable obtener respuestas y compromisos concretos por parte del sistema judicial.

Consultada para que fije su postura sobre el tema, la defensora Lapissonde evitó formular declaraciones y solicitó remitirse al servicio de prensa del organismo que integra.

Desde el SPPDP, se mantuvo la misma tesitura de no formular una respuesta institucional por el momento, aunque indicaron a manera de comentario que “el Ejecutivo finalizó los concursos para cubrir cuatro cargos de defensoras y defensores que quedaron vacantes en los últimos años. Valeria está trabajando en coordinación con la defensora provincial, Estrella Moreno Robinson, haciendo las gestiones necesarias para dotar de más recursos a la Defensoría Regional”.