La masacre de 400 indios mocovíes se juzga en el fuero federal de Reconquista

Durante gran parte de la mañana y hasta pasado el mediodía del martes, quienes son descendientes directos de los indios mocovíes sanjavierinos arrasados en la sangrienta jornada del 21 de abril de 1.904 declararon en la sede de la Fiscalía Federal de Reconquista.

En el marco del comienzo del juicio por la persecución, represión y matanza a integrantes de la comunidad aborigen que en aquel entonces se alzó en armas -liderada por jóvenes caciques y guías espirituales- en disconformidad por el oprobioso despojo de sus tierras, la hacinada vida en tolderías y la imposibilidad de procurarse sus alimentos, reclamaron una reivindicación histórica y que alumbre la verdad.

De acuerdo a la denuncia presentada el año pasado, el levantamiento de principios del siglo pasado fue caracterizado en la época como un “malón de indios”, una suerte de ataque repentino e irracional propio de un grupo de “salvajes”. Ese momento de la historia fue denominado “El Último Malón”, aunque luego, con el correr de los años, recibió el nombre de “La Rebelión de 1904”.

Matanza

Para los denunciantes, entre quienes además de los miembros de los pueblos originarios asentados en la costa santafesina se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, fueron “todos crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio contra los pueblos originarios, llevado adelante en distintos puntos de nuestro país durante la conformación del Estado Nacional Argentino”.

En puerta de la sede del ministerio fiscal federal norteño, Néstor Lanche, presidente de la Comunidad “21 de Abril” de San Javier señaló a Norte24 que “estamos reclamando por el tema de la mal llamada ‘Rebelión Mocoví de 1.904”, que en realidad “fue un reclamo hacia el pueblo de San Javier por las tierras que les habían quitado, y que terminó en una matanza”.

El referente mocoví destacó que “es la primera vez que declaramos, yo ya declaré todo lo que tengo. Inclusive, traje la lanza que utilizó mi abuelo para defenderse. La tierra ya está toda poblada. Es difícil reclamarla. Porque después de la rebelión la tierra pasó a la Iglesia, y la Iglesia la vendió. Y bueno, hoy está todo urbanizada esa zona. Pero bueno, que se reconozca por lo menos que no fue una rebelión, como dicen, una ‘locura de los Mocoví’, sino un reclamo por la tierra. Por la quita de la tierra”.

Todo documentado

Consultado por el largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy, 119 años, Lanche indicó: “Sí, tanto tiempo pasó. Lo que pasa que nosotros decimos, todos dicen que la justicia es lenta. Y bueno, ahora apareció la oportunidad de declarar y de que se abra un juicio. Yo ya hice toda mi declaración, porque yo estudié mucho el tema. Soy descendiente de uno de los abuelos que participó. Además, trabajé mucho de comunicador en la zona del Chaco, donde también me dieron información. Le agradezco a Dios que esto haya sucedido, porque después de tantos años podamos declarar los descendientes de aquella masacre.

¿Es una herida histórica abierta que puede llegar a cerrarse?, le preguntó Norte24. “Sí, así es. Llama mucho la atención que es algo que pasó, que está todo documentado, inclusive hay películas, el Alcides Greca hizo una película. Hay libros, hay diarios que comentan todos los hechos. Pero nunca se le dio oportunidad a la gente de la comunidad que pueda declarar de acuerdo al relato de los abuelos”, lamentó, a modo de respuesta.

Para cerrar, historió que “pasaron muchos años. En 1743, cuando se fundó San Javier, nosotros dependíamos del rey de España. O sea, se fundó como una misión con los misioneros jesuitas. Después los misioneros jesuitas fueron expulsados por el rey de España porque decía que los estaban obligando mucho a los aborígenes. Entonces vinieron otros cleros y ahí fue donde se empieza a armar todo el lío”.

La verdadera historia

También presente junto a otros pares y a delegados de Amsafe San Javier -que acompaña el proceso-, Mónica Lanche, de la comunidad Mocoví “Layik Ra’Apiguin” (De Cara al Cielo) de San Javier, es testigo de la “última rebelión ocurrida en mi pueblo que fue el 21 de abril de 1.904: “Nosotros somos testigos de lo que nos fueron contando de generación en generación y de lo que vamos recopilando de los que van quedando hoy y que saben algo de nuestra historia y de lo que pasó en aquel momento”, explicó.

“Nosotros lo que queremos es una reivindicación histórica, que se empiece a contar cómo fue la verdadera historia de aquella represión, de aquella matanza de indios que se calcula más o menos alrededor de 400, de poder encontrar dónde están sepultados, que fueron en fosas comunes, más o menos ya tenemos el lugar y en realidad es una reivindicación histórica o sea que se empiece a dar en las escuelas de la provincia realmente como a la historia”, contó.

Dijo, para finalizar, que se aspira a “que continúe el juicio y se pueda llegar a un fallo lo más pronto posible y eso, una reivindicación histórica por los libros, las cosas que están escritas y por lo que ya vamos sabiendo de generación en generación en una transmisión oral”.

Lesa humanidad

En 2.022, Ángela Lanche, cacica de la Comunidad “Layik Ra’Apiguin”, Néstor Lanche, referente de la Comunidad “21 de Abril”, Julio Lanche, referente de la Comunidad “Esperanza Viva” de Colonia Francesa, y Lucila Puyol, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, ingresaron la denuncia en la fiscalía a cargo del Dr. Roberto Salum. Dejaron constancia que “por todo lo expuesto y entendiendo que los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, en el marco del genocidio perpetrado en nuestro país contra los pueblos originarios, solicitamos a esa fiscalía a vuestro cargo se inste la correspondiente acción penal promoviendo la investigación de los hechos sucedidos el 21 de abril de 1.904 y sus consecuencias sobre el pueblo Moqoit. Oportunamente, eleve la causa para la realización del Juicio Oral y Público por la Verdad Histórica”.

Y sostuvieron que situar la rebelión mocoví de 1904 en el contexto del proceso de aniquilamiento de los pueblos originarios, pensarla desde la categoría del genocidio, implica no sólo analizar de qué forma se implementó un modelo de país funcional a los privilegiados sino también “dimensionar el exterminio material, cultural y simbólico” que implicó (cuyas consecuencias persisten hasta hoy) así como la necesidad de desagravio, de reconocimiento social y la búsqueda de verdad y justicia frente a estos sucesos.