por Hagar Blau Makaroff
El 24 de enero pasado entró en vigencia en todo el país la Ley 27.610 con el objeto de regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto, un compromiso que asumió el Estado Nacional para con las mujeres y personas gestantes para la reducción de morbilidad y mortalidad prevenible. "Esta ley constituye un paso clave para el reconocimiento de derechos de las mujeres en materia de salud pública y justicia social", precisó a Mirador la secretaria de Género de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Ana Clara Bordato.


































