La luz volvió a Vicentin, pero hay mar de fondo y la prestataria apuntó contra el juez

Horas dramáticas se viven en Avellaneda en el marco del concurso de acreedores de Vicentin y con la determinación de la Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de suspender el suministro eléctrico a la planta del Nodo Norte de la firma, que luego debió restablecer.

Exactamente a las 9, la conducción de la prestataria del servicio bajó la palanca de la línea que abastece al Complejo Industrial Avellaneda de la empresa concursada y lo dejó sin el insumo esencial para funcionar.

La drástica decisión cooperativista puso en serio entredicho la continuidad de la actividad productiva, pero no fue más que un reflejo de subsistencia de la entidad con la cual Vicentin mantiene un pasivo de $ 598 millones por dos meses de luz, sin contar lo que va de abril más otro mes de consumo cuya factura quedó dentro del proceso concursal.

Si a eso se le suman los 60 días hábiles -algo así como 3 meses- en los que deberá seguir proveyendo energía eléctrica a riesgo de no cobrar, el agujero financiero podría llegar a rozar los $ 2.000 millones, estimaron fuentes cooperativistas.

Sin embargo y tras ser notificada por el juez Lorenzini de su decisión de impedir el corte de servicios por parte de proveedores de servicios públicos o privados, a las 11 la CSPA se allanó a la orden judicial y restituyó el suministro al Complejo Industrial Avellaneda de Vicentin.

“Tuvimos que hacer la reconexión, no podemos ir en contra del fallo. Cortamos, pero cuando nos llegó la resolución le volvimos a conectar, ya a partir de las 11 tienen luz de nuevo”, confirmaron a este medio desde la institución, a la vez que adelantaron que “vamos a ver si apelamos, vamos a ver los pasos a seguir legalmente y mañana tenemos una reunión con los interventores para ver quién va a pagar las boletas de luz”.

Panorama

La explicación oficial llegó a través de un comunicado en el que la CSPA dio cuenta a sus asociados y a la comunidad que "nos hemos anoticiado de manera no formal, que el juez en el expediente Vicentin dispuso a modo de tutela inhibitoria judicial que todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada deberán abstenerse de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes y servicios por el término de 60 días hábiles judiciales”.

En ese contexto, y a partir de lo resuelto por el juez de la causa, la institución trazó un panorama que dividió en dos puntos. Primero, tabuló que "a la fecha existe una deuda post concursal de Vicentin con nuestra institución en concepto de servicios públicos, que afecta de manera considerable nuestro patrimonio”.

En segundo término, expuso que “dicho escenario tiende a agravarse de sobremanera a partir de lo resuelto en fecha 22 de abril de 2025 en el expediente aludido, habida cuenta que tal decisión importa potencialmente duplicar la deuda existente en los próximos sesenta días hábiles”.

Para la Cooperativa, esto último implica afrontar una “deuda de carácter magnífico”, que perjudica en primer término la posibilidad de sostenimiento de la empresa en el corto plazo, pues “el consumo de energía eléctrica que se nos impide interrumpir debemos abonárselo a nuestra proveedora”.

Asimismo, conlleva poner en riesgo la fuente de trabajo que representa la Cooperativa para casi un centenar de empleados que la integran; y la sitúa en un “contexto de verdadera incertidumbre”, respecto al cobro de tal pasivo posconcursal.

A expensas de otros

En el parte difundido, la organización cargó contra el juez Fabián Lorenzini.

Sin medias tintas, apuntó que “la resolución judicial adoptada de manera inconsulta, pese a los reiterados pedidos de audiencia al juez de la causa por parte de los integrantes del Consejo de Administración de la CSPA, despoja a la misma de una solvencia y corrección que la caracterizó a lo largo de más de 85 años a nivel provincial”.

“Instamos al Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, en la persona del magistrado interviniente en el concurso de Vicentin, para que revea la decisión adoptada, atento que en modo alguno importa una solución favorable para los trabajadores de Vicentin pues, por un lado, lejos está de resolver el problema de activos de la concursada, y por el otro, empuja a un escenario de alta complejidad a la única prestadora de servicios públicos de la ciudad de Avellaneda”, reclamó, en un ácido reproche al titular del Juzgado Civil y Comercial de Reconquista.

La prevención de daños a la que el juez de la causa Vicentin refiere de modo permanente en su resolución de fecha 22 de abril de 2025 “jamás puede realizarse a expensas de la integridad de otra empresa y su personal”, concluyó.