La justicia brasileña pidió la prisión preventiva para la abogada argentina acusada de racismo

La Justicia del Estado de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva de Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años que enfrenta una causa penal en Brasil tras haber sido acusada de realizar gestos racistas y proferir insultos discriminatorios contra empleados de un bar ubicado en el barrio de Ipanema, en la zona sur de la ciudad carioca.

El incidente que generó la denuncia se produjo el 14 de enero, cuando Páez se encontraba en el establecimiento con dos amigas.

Según la acusación, tras un conflicto con el personal del bar en relación con el pago de la cuenta, la abogada realizó gestos ofensivos —incluidos movimientos que imitaban a un mono— y pronunció expresiones que fueron interpretadas por los trabajadores como racistas.

Causa judicial

El episodio fue registrado en video y se viralizó en redes sociales, lo que aceleró la intervención de las autoridades locales.

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó a Páez por injuria racial, un delito contemplado en la legislación brasileña en el marco de las políticas de tolerancia cero frente a manifestaciones de racismo y discriminación.

En las últimas semanas, las autoridades habían dispuesto medidas cautelares que incluyen la retención del pasaporte de la acusada, la prohibición de salir del país y la colocación de una tobillera electrónica, que Páez aceptó colocarse voluntariamente en un Centro de Monitoreo de la ciudad.

El pedido formal de prisión preventiva fue impulsado por el Ministerio Público de Río de Janeiro, que destacó la presunta reiteración de conductas ofensivas por parte de la abogada, incluso después de haber sido advertida por empleados del bar de que su comportamiento podría constituir un delito.

Según los fiscales, los relatos de las víctimas fueron respaldados por declaraciones de testigos y grabaciones obtenidas por la investigación.

La decisión de avanzar con una solicitud de prisión preventiva se produce en un contexto en el que las autoridades brasileñas han mostrado una postura firme contra este tipo de comportamientos.

En una campaña pública difundida por la propia Policía Civil de Río de Janeiro, se incluyó la narración de este caso como ejemplo de que “el racismo es un crimen que no se tolera, ni siquiera si es cometido por turistas o extranjeros”.

Medidas cautelares, defensa y repercusiones

Desde que se conoció el hecho, la causa ha tenido varios hitos procesales. Además de la imputación por injuria racial y la colocación de la tobillera electrónica, la defensa de Páez presentó un recurso de habeas corpus con el objetivo de que la abogada pueda regresar a Argentina mientras se desarrolla el proceso judicial.

El argumento central de la defensa sostiene que la actuación de la acusada fue malinterpretada y que su conducta se habría originado en una situación de conflicto bilateral con el personal del bar, y no en un acto de discriminación deliberada.

Por su parte, Páez afirmó ante las autoridades que no tenía intención de ofender a nadie y que los gestos realizados fueron “bromas” dirigidas a sus acompañantes, aunque esta versión no fue aceptada por los investigadores.

Su defensa también aduce que desconoce que ese tipo de gestos puedan constituir un delito penal en Brasil, subrayando las diferencias entre normas legales de distintos países.

El caso atravesó rápidamente las fronteras brasileñas y generó repercusiones en redes sociales y medios de comunicación, tanto a favor como en contra de la postura adoptada por las autoridades judiciales.

Algunos sectores han manifestado su apoyo a la decisión de la Fiscalía y la Policía Civil de Río de Janeiro, argumentando que la aplicación estricta de las leyes antidiscriminatorias es un paso necesario para combatir el racismo en cualquier forma.

Otros, en cambio, han cuestionado el avance judicial, señalando que la medida de prisión preventiva puede resultar excesiva en un caso que se originó en una discusión cotidiana.

Mientras se resuelve el pedido de prisión preventiva, Páez permanece en Brasil con restricciones: no puede abandonar el país, su pasaporte sigue retenido y usa un dispositivo electrónico para su monitoreo.

El proceso judicial continuará su curso en las próximas semanas, y el tribunal evaluará si convierte la solicitud del Ministerio Público en una orden de detención efectiva o si mantiene las medidas cautelares actuales hasta el avance de la causa.