En su informe, la CIDH hace mención de algunas evidencias y "en el caso de Alejandra están presentes por lo menos tres: la brutalidad con la que se da el crimen -46 puñaladas, la mayoría en el rostro, cuello y zona pectoral-, el estatus que tenía la víctima -no era cualquier mujer ni cualquier mujer trans, era la máxima referente de la comunidad LGTBIQ+ dentro de la provincia, una militante reconocida socialmente-, y el lugar en dónde ocurrió -en la propia intimidad del hogar, a lo que se suma la circunstancia de que Barrero decidió prender fuego y lo hizo sobre el cuerpo-".