Crimen de Blas Correas: piden que 11 funcionarios cordobeses enfrenten un juicio oral

A cinco años del asesinato de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto de 2020 durante un control policial, el fiscal solicitó la elevación a juicio oral contra 11 funcionarios públicos imputados por distintos delitos vinculados a las acciones y omisiones posteriores al homicidio. Entre ellos, el ex ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2° Nominación y se apoya en una investigación que se abrió luego de la sentencia dictada por la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que condenó a los policías responsables del asesinato. El nuevo expediente apunta a determinar responsabilidades de quienes ocupaban cargos clave dentro del Estado provincial.

Quiénes son los imputados

La nómina de acusados incluye a ex autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Córdoba. Además de Alfonso Mosquera, están imputados Lucas Sebastián Mezzano, ex subsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica del Ministerio de Seguridad, y Gonzalo Leonardo Cumplido, ex comisario mayor y subdirector general de Seguridad de la Policía.

La acusación alcanza también a varios efectivos policiales que actuaron la madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando Blas Correas fue baleado tras un control vehicular en la intersección de avenida Chacabuco y Corrientes. La Fiscalía considera que hubo conductas graves tanto en el momento del hecho como en las horas y días posteriores, con el objetivo de encubrir lo ocurrido.

Hechos por los que piden el juicio

Tras concluir la pesquisa, el fiscal resolvió impulsar el juicio oral por cinco hechos concretos. El primero de ellos involucra a siete policías acusados de abuso de autoridad, al considerar que omitieron brindar asistencia a la víctima tras el disparo y obstaculizaron su traslado al Hospital de Urgencias, lo que derivó en su muerte.

El segundo hecho apunta a una agresión cometida durante el mismo operativo policial. Una oficial principal deberá responder por lesiones leves calificadas, tras haber golpeado a una joven que viajaba en el vehículo junto a Blas Correas durante un palpado preventivo.

El tercer eje de la acusación se centra en el accionar de Gonzalo Cumplido, a quien se le imputa encubrimiento agravado por no haber denunciado el presunto plantado de un arma de fuego en la escena del crimen. Según la investigación, el entonces jefe policial estaba al tanto de la maniobra, que habría tenido como finalidad desviar la causa y proteger a los responsables.

El cuarto hecho es uno de los más sensibles desde el punto de vista político. El ex ministro Mosquera está acusado de haber ofrecido una dádiva, mientras que Mezzano figura como partícipe necesario y Cumplido como receptor. La maniobra consistió en la entrega de un automóvil y el pago del seguro y combustible, en el contexto de las consecuencias institucionales que generó el caso de gatillo fácil.

El quinto y último hecho por el que se solicita el juicio involucra al director del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia de la Policía, quien habría autorizado el acceso irregular a registros fílmicos vinculados al homicidio, permitiendo que personal jerárquico visualizara las imágenes antes de que quedaran formalmente resguardadas.