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Los casos policiales que convocaron a grandes marchas en el país

Desde María Soledad Morales a Fernándo Báez Sosa, pasando por José Luis Cabezas, Axel Blumberg, Kiara Baéz y Micaela García...a su modo, cada caso llevó a un cambio social que inició con una multitudinaria marcha ciudadana.

Los casos policiales que convocaron a grandes marchas en el paísLos casos policiales que convocaron a grandes marchas en el país

Miércoles 19.2.2020
 1:14
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Lamentablemente, algunos cambios sociales vienen detrás de pérdidas irreparables. El Litoral ha compilado algunos casos policiales de la historia argentina cercana para analizar la relación entre la respuesta social y las modificales institucionales.

María Soledad Morales

María Soledad Morales tenía 18 años cuando fue asesinada en San Fernando del Valle de Catamarca por dos “hijos del poder”. Su homicidio llevó a una crisis institucional inusitada en su provincia y en todo el país.

El 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales asistió a la discoteca "Le Feu Rouge", donde junto a sus compañeros pretendía juntar fondos para su viaje de egresados; luego -según había acodado con sus padres, se quedaría a dormir en casa de una de sus compañeras. Sin embargo, su novio secreto y mucho mayor que ella, Luis Tula, la invitó a otra discoteca, donde los esperaban otros hombres, hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia.

A María Soledad la volvieron a ver recién a las 9:30 del lunes 10 de septiembre, a siete kilómetros de la capital catamarqueña. Estaba muerta, su cuerpo fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional: había sido tan drogada, violada y torturada que su papá apenas pudo reconocerla por una cicatriz antigua. Según testigos, la escena del hallazgo fue alterada.

El intento de las autoridades de Catamarca por encubrir el asesinato desencadenó históricas movilizaciones populares que contaron con el apoyo de amplios sectores en todo el país, y aunque solo se logró condenar a dos de los imputados, se pusieron de manifiesto las condiciones semifeudales de ejercicio del poder en muchas provincias argentinas, y produjo un considerable cambio político en Catamarca.

José Luis Cabezas

El 25 de enero de 1997, el cadáver calcinado del fotógrafo José Luis Cabezas fue hallado en la localidad atlántica de General Juan Madariaga, dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. El homicidio se había producido después de que tomara, para la revista Noticias, las primeras fotos públicas del empresario Alfredo Yabrán, objeto de una investigación periodística sobre su presunta implicación en casos de corrupción política.

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Su homicidio se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión derivó en cambios en el gabinete del entonces presidente Carlos Menem, y en las derrotas del Partido Justicialista en las elecciones legislativas de ese año y en las presidenciales de 1999, cuyo candidato fue el hasta entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.

Axel Blumberg

Juan Carlos Blumberg es un empresario argentino cuyo hijo, Axel, fue secuestrado el 17 de marzo del 2004 y posteriormente asesinado por sus captores. Este hecho lo convirtió en un referente mediático, que canalizó el descontento de los ciudadanos por la crisis de inseguridad experimentada en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a través de una serie de marchas a los distintos poderes del Estado.

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El reclamo por seguridad llegó a Plaza de Mayo

La primera marcha fue el 1 de abril de 2004, cuando más de 150 000 personas se movilizaron al Congreso Nacional. Allí Blumberg presentó un petitorio con miras a la aprobación de decenas de proyectos de endurecimiento de penas, baja en la edad de inimputabilidad, y juicio por jurados. Este petitorio fue respaldado por 125 000 firmas de ciudadanos de todo el país.

Su petitorio impactó en las leyes nacionales de venta y portación de armas, el beneficio de libertad condicional para casos de delitos de prisión perpetua considerados aberrantes, incremento de penas para homicidios y violaciones seguidas de muerte y elevación a 50 años del tope de prisión o reclusión para los responsables de distintos delitos concurrentes.

Chiara Páez

Chiara Páez tenía 14 años. El 9 de mayo de 2015 a la mañana fue vista por última vez en su ciudad natal, Rufino; salió para encontrarse con unas amigas a las que nunca llegó a ver. Todo el pueblo, junto con la policía y los bomberos, la buscó durante todo el fin de semana, con rastrillajes en la zona. En tanto, su novio Manuel Mansilla, de 16 años, y la familia de este “comían asado”, según relataban los vecinos. El padre de Manuel era un oficial de policía del lugar y ninguno de los Mansilla colaboraba en la búsqueda.

El celular de Chiara fue hallado sin batería ni chip en un descampado, a cuatro cuadras de la casa de Manuel. Pero el chip era usado desde otro celular “para despistar”, según había dicho el padre de Chiara. El cadáver fue localizado enterrado en un pozo de un metro de diámetro y 88 centímetros de profundidad en la cas de los abuelos de Manuel; la tierra estaba rastrillada y bien apisonada. Estaba en posición fetal y -según la autopsia- Chiara fue asesinada a golpes, estaba embarazada de tres meses y tenía restos de Oxaprost (un antiinflamatorio usado para abortar). Manuel asumió la culpa pero cambiaba el relato a cada momento, se supone, para encubrir a otros que lo podrían haber ayudado a matar y enterrar a Chiara.

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Condenaron a 21 años y medio de prisión al asesino de la adolescente Chiara Páez

Por el caso, el 8 de septiembre de 2017, Manuel Mansilla -solo él- fue condenado a 21 años de cárcel. Sin embargo, el crimen de Chiara fue el inicio de una movilización sin precedentes en Argentina contra la violencia de género y el femicidio, y fue el nacimiento del movimiento "Ni una menos" que en poco tiempo se ha extendido en diversos países de América Latina. Por ella, desde 2015, cada 3 de junio se repiten en el país las marchas para exigir el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Micaela García

Micaela tenía 21 años, era una activa participante del #Niunamenos , contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres. Era oriunda de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay, donde cursaba el profesorado universitario de Educación Física.

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Desapareció el 1 de abril de 2017 y una semana después, en un operativo policial con 200 efectivos , su cuerpo fue hallado debajo de un árbol en una zona rural. Por el hecho, fueron detenidos Sebastián Wagner, quien confesó haber violado a la joven y fue condenado a cadena perpetua, y Néstor Pavón, quien se declaró inocente y dijo que lo único que hizo fue prestarle el auto a Wagner, pero quien según Wagner también violó y fue quien ahorcó a Micaela García.

La condena a Wagner conllevó a otra gran polémica: el asesino debió haber estado preso, cumpliendo condena por la anterior violación de dos chicas, pero el juez de Ejecución de Entre Ríos Carlos Rossi le otorgó el beneficio de la libertad condicional a pesar de que había dictámenes que lo desaconsejaban taxativamente. Al salir en libertad, secuestró, violó y mató a Micaela, por lo que Rossi fue sometido a un Jury de Enjuiciamiento.

Luego de multitudinarias marchas y aunque no se logró la destitución del Juez Rossi, ahora todos los funcionarios públicos de todos los niveles del Estado deben recibir capacitación de género, según lo que se conoce como “Ley Micaela”,

Fernando Báez Sosa

Fernando estaba de vacaciones con sus amigos en Villa Gesell. Según relatan testimonios (la causa es muy reciente para sacar conclusiones), dentro del boliche Le Brique Fernando y sus amigos habían tenido un entredicho con otro grupo de chicos. No terminó ahí, afuera del local, el segundo grupo, conformado en por diez (u once) rugbiers, atacó a Fernando a golpes y patadas hasta matarlo.

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Como se mencionó, es hecho es muy reciente. Sin embargo, a priori, también ha generado una multitudinaria marcha al Congreso de la Nación exigiendo justicia. En tanto, ya hubo pequeñas modificaciones en algunas instituciones: el intendente de Villa Gesell intenta imponer controles, antes inexistentes, a la nocturnidad de la localidad turística; algunos legisladores plantean un proyecto de “mano prohibida” para deportistas como rugbiers, boxeadores y luchadores marciales; y, sobre todo, la ciudadanía está exigiendo un “mea culpa” de las instituciones deportivas ligadas al rugby, en cuanto a ciertas conductas violentas ligadas a conceptos de “hermandad” sobre los que antes se hacía la vista gorda.

Los casos policiales que convocaron a grandes marchas en el país
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