Fijaron fecha de juicio oral por el levantamiento policial de 2013 en Santa Fe

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe (TOF) fijó para el próximo miércoles 12 de junio la apertura del juicio oral y público contra tres policías de la provincia -en disponibilidad- y un supuesto delegado gremial, por su participación en el levantamiento policial de diciembre de 2013, cuando la provincia era gobernada por el socialista Antonio Bonfatti.

10 años y medio después, la causa llega por fin a una instancia definitoria, en la que se podrá dilucidar si aquella protesta sectorial condicionó -delito mediante- la voluntad de un gobierno que cerró el conflicto otorgando un aumento por decreto a la masa de trabajadores policiales y penitenciarios de la bota.

En total son cuatro los procesados, tres por el delito de “sedición agravado”, dado que eran miembros de la fuerza al momento del hecho; y un cuarto, acusado por “instigación a cometer delitos” y “amenazas coactivas agravadas”.

Se trata de los sargentos de policía Fabricio Javier Abasto (48), Claudio Marcelo Patiño (51) y Mauricio Miguel Pagani (50); así como del referente de Apropol, el “Gaucho” Alberto Rubén Martínez (61). Los primeros tres estarán representados legalmente por el abogado particular, Luis Guillermo Blanco; en tanto que el cuarto lo hará a través del defensor público oficial, Dr. Fernando Sánchez.

Testigos de peso

El juicio estará presidido por el camarista José María Escobar Cello, junto a sus pares, Luciano Lauría y la rosarina Elena Dilario; en tanto que la acusación la llevará a cabo el Fiscal General Martín Suárez Faisal; y no habrá parte querellante.

La particularidad del debate radica en que el martes pasado -28 de mayo-, al desarrollarse la audiencia preliminar, las partes coincidieron en introducir por lectura alrededor de 40 declaraciones testimoniales, quedando sólo 6 para el día del juicio.

Dos de los que estarán presentes en los estrados fueron funcionarios de alto rango durante la gobernación de Antonio Bonfatti (2011-2015): el ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi; y el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. También deberá comparecer el entonces jefe de policía de la Unidad Regional Uno (URI), Rafael Grau; y el exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, como referente e interlocutor en el conflicto por la Mesa de Diálogo santafesino.

Los dos últimos son el abogado particular César Rojas, quien fuera asesor legal de Martínez; y Diego Ignacio Rulo, otrora director provincial de Tecnologías para la Seguridad y Atención de Emergencias.

10 de diciembre de 2013

La causa se inició el 10 de diciembre de 2013, a partir de la denuncia radicada por el Fiscal de Estado, Pablo Saccone, en la cual describe y apoya con imágenes fotográficas, lo que estaba ocurriendo en las calles de las ciudades de Santa Fe y Rosario.

“…en estos precisos momentos, en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, grupos mayores a diez personas de condición policial se encuentran armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales, exigiendo con dicha exhibición de fuerza al Gobierno de la Provincia de Santa Fe una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento que tales omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas, aprovechando esa inactividad prevencional”, decía el escrito emanado de la Gobernación.

Un dato no menor surge a partir del contexto nacional en que ésto ocurría. “Así ha sucedido y está sucediendo en distintos lugares del país, tales como en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén y Buenos Aires, entre otras”, apuntaba el Dr. Saccone.

Desde la provincia se cuestionaba el accionar de personal policial armado que, en algunos casos, hasta se valió de móviles oficiales para acudir a la protesta, acompañados por civiles de la familia policial.

Acusación partida

Fueron los fiscales Nº 1 y 2 de Santa Fe, Gustavo Onel y Walter Rodríguez, los encargado -en diferentes instancias- de llevar adelante la investigación, que derivó en un primero procesamiento dictado en agosto de 2015 por el juez Reinaldo Rodríguez; y finalmente en un requerimiento de elevación a juicio -del 16 de julio de 2018- que ahora llega a debate.

En términos prácticos, el fiscal Onel, en el cierre de la instrucción, dividió la acusación en dos partes: una dirigida al referente de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), el rosarino Alberto Rubén Martínez, quien desde la página web y a través de redes sociales, e incluso por mensajería de telefonía celular privada, habría llamado a una rebelión dentro de la tropa. La otra apunta a los tres policías, que según el Ministerio Público Fiscal, habrían incurrido en el delito de “sedición”.

El referente de Apropol -agrupación sin reconocimiento legal, conformada por personal policial en actividad y en situación de retiro- vertió frases del tipo: “Es hora de un paro policial en Santa Fe” (3/12/13); “Mañana 11 hs. frente a la Casa de Gobierno (SF) y en Rosario (Delegación). Protesta y asamblea” (4/12/13); “Santa Fe urgente. Comenzó la protesta policial…” (6/12/13).

“Explotador” y “facineroso”

Pero además dirigió mensajes de texto del siguiente calibre, a los teléfonos del gobernador Bonfatti: “Seguís pensando en pagarle 5 mil $ a los policías explotador?”, “explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que sucede. No pistas (sic) decir que no te lo adelanté. Facineroso” y finalmente: “en vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscas a los narcos y le pagas sueldos dignos a la cana payaso explotador y negrero. El 12 voy para rosario y vamos a hablar”.

En el caso de los sargentos Abasto, Patiño y Pagani, se los acusa de “haberse alzado en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de la Santa Fe, al menos entre los días 6 y 10 de diciembre de 2013, para arrancarle alguna medida o concesión”, dice el escrito judicial en referencia al decreto 4221/2013 del 10 de diciembre de 2013, que tuvo por objeto una recomposición salarial y de la carrera profesional del personal comprendido en el escalafón de la Policía y Servicio Penitenciario provinciales.

Lo que deberá evaluar el tribunal de juicio es si “los nombrados actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas”, emprendidas por aproximadamente 150 personas, varias de ellas armadas.

Puntualmente,se les atribuye haberse manifestado frente a la sede de la Unidad Regional I (calle Urquiza al 700), donde bloquearon puertas del edificio público, desinflaron neumáticos de móviles y generaron interferencias e interrupciones en el servicio telefónico de emergencia 911, así como el retiro injustificado de sus lugares de trabajo (en el caso de los procesados Abasto y Patiño, de la Patrulla de Intervención Urbana).