¿Por qué condenaron al jefe de la Federal?

El debate terminó el jueves pasado y fue con condena para el ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, el comisario Marcelo Octavio Lepwalts (52). El Tribunal Oral Federal local, lo sentenció a 4 años y 3 meses de prisión e inhabilitación perpetua, convencido de que llegó a la institución para proteger a narcos locales, usando para ello la Brigada de Investigaciones, cuyos miembros -al menos 5 de ellos -, también resultaron condenados; junto con un narco que vivía en una quinta de Desvío Arijón, al que le secuestraron un cuarto kilo de cocaína, más de medio millón de pesos y una pistola 9 mm.

Esta semana, los jueces Luciano Luaría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello, dieron a conocer los fundamentos del fallo que revela la trama más nefasta de la corrupción policial vinculada al tráfico de estupefacientes en la ciudad capital.

El fallo es extenso. Tiene 108 páginas, de las cuales diez están dedicadas exclusivamente a analizar la responsabilidad del jefe Lepwalts, en relación a dos investigaciones que derivaron en su detención, junto con cinco de sus subordinados y un narco, el 9 de mayo de 2019, cuando se allanó la sede de la PFA de calle San Martín al 3300.

Jerarquía e instrucción

El punto cuarto de los considerandos refiere a la conducta e "intervención de Lepwalts en los hechos juzgados". Previo a señalar su accionar delictivo, el tribunal destacó que "se trata de un funcionario policial de alta jerarquía que ingresó a la fuerza en el año 1990. Luego de pasar por varios destinos, en el año 2015 ascendió al cargo de jefe de la Sección Coordinación y Enlace del Ministerio de Seguridad de la Nación, siendo ascendido al grado de Comisario en el año 2017".

También valoró "entre sus antecedentes académicos" los cursos de "Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley – Ley y Código de Ética de la función pública", que realizara en dos oportunidades, en 2015 y 2017.

Poco tiempo después, se produjo su desembarco en Santa Fe, el 14 de marzo de 2018. En ese sentido, los jueces insistieron que al momento de su arribo, Lepwalts "contaba con una vasta experiencia laboral de más de 28 años, avalada no sólo por su foja de servicios sino también por sus propios dichos durante el desarrollo del debate".

Nueva brigada

A modo de reseña, los jueces explicaron que "dentro de la estructura organizativa de la delegación" existía "una Brigada de Investigaciones", tal como ocurre en todas las delegaciones del país. En ese momento, la brigada "estaba integrada por oficiales y suboficiales, se encontraba activa y funcionando a pleno en su carácter de auxiliar de justicia".

Sin embargo, "la brigada fue desarmada en su organización por el comisario Lepwalts, dándoles el pase a otros destinos a la mayoría" de los funcionarios que allí prestaban servicios. De hecho el comisario que se desempeñaba antes como jefe de la sección, "contó que su traslado fue coincidente con los pases de la mayoría del personal". Y destacó que es el delegado quien "pone la gente", que es una "regla" de la PFA, y que por ello no pudo cuestionar su traslado.

El dato llamativo aquí surge dado que para cubrir las vacantes, Lepwalts pidió el traslado a Santa Fe de tres funcionarios cordobeses, a los que acababan de levantarle un sumario administrativo en la delegación Villa María, por conductas muy similares a las atribuidas en Santa Fe y por las que finalmente resultaron condenados.

Los cordobeses

Se trata de quien fuera jefe de la Brigada, Cristian Pablo Bogetti (42) -quien recibió la misma pena que su jefe-, y sus camaradas Darío Alberto Duarte (46) y Lucas Leonel Bustos (36) -ambos sentenciados a 3 años-.

A ellos se sumaron los suboficiales Carlos Fernando Gómez Navarro (32) -condenado a 3 años de prisión- y Michael Juan Arbildo (26) -con pena de 3 años y 4 meses-, quienes "pasaran de prestar servicios en la guardia a integrar una dependencia de vital relevancia institucional como es la Brigada de Investigaciones". Consultado acerca de este pase, el propio Lepwalts se justificó durante el debate diciendo que "eran los más despiertos…".

"En síntesis, la brigada fue totalmente desarticulada por Lepwalts, quedándole allanado el camino para ejercer la potestad exclusiva de digitar su nueva integración", afirma el tribunal.

Además, destacaron que "las pruebas aportadas al debate que permitieron reconstruir el encadenamiento de sucesos delictivos cometidos por agentes policiales, también (…) permiten concluir que la modificación efectuada por el comisario apenas meses después de su llegada, obedeció pura y exclusivamente al objetivo de armar un grupo de trabajo adecuado a su plan estratégico de beneficiarse personalmente".

En definitiva, los jueces Lauría, Vella y Escobar Cello coincidieron en que "la brigada no investigaba por su cuenta, ni tenia autonomía funcional para llevar a cabo tareas de inteligencia a espaldas del delegado, de su jefe directo", sino que fue "moldeada a su gusto".

Cocaína y dinero

El 9 de mayo, cuando se allanó la sede de la PFA en Santa Fe y fueron detenidos los seis policías, fue allanada una casa quinta de la localidad de Barrio Caima, en el departamento San Jerónimo, donde vivía Guillermo Alberto Kernc, alias "Lucho". Allí, los uniformados incautaron 250,19 gramos de cocaína, una pistola FM Hi Power calibre 9mm, con 70 municiones; y una bolsa de nailon con $ 675.000 y U$ D 1.800; además de dos celulares, entre otros elementos de interés.

Denuncias y videos

Dos investigaciones fiscales se acumularon para ser llevadas a juicio. La primera, iniciada el 31 de marzo de 2017 cuando un vecinalista del barrio Piquete Las Flores denunció la venta de estupefacientes proveniente de Paraguay y distribuida en un taller mecánico o desarmadero situado en calle Aguado al 6000.

Producto de la labor de inteligencia, surge el nombre de Guillermo Alberto Kernc (44) dentro del entramado delictivo, el que finalmente resultó condenado a 4 años por tráfico de estupefacientes en el marco del reciente juicio.

Ante la falta de resultados y el surgimiento de las primeras sospechas de complicidad, la fiscalía le sacó la investigación a la Federal a mediados de 2018. Al año siguiente, el 4 de abril de 2019, Kernc fue detenido en un procedimiento efectuado por la PFA en rutas 5 y 70 en proximidades del peaje, camino a Esperanza. Según se pudo acreditar durante el juicio, le secuestraron estupefaciente y dos teléfonos celulares, uno de los cuales fue reemplazado y devuelto al traficante al que protegían, tras el pago de una coima de $ 120.000.

La causa fue elevada a juicio el 17 de enero del 2020 y se le acumuló otra a mediados de ese año.

La segunda causa, tiene su inicio el 15 de febrero de 2019 y fue por una denuncia anónima -dirigida al jefe de la policía federal Néstor Roncaglia- donde se informaba que funcionarios policiales de la delegación Santa Fe, cobraban a narcos para brindarles protección y los investigan engañando a la justicia con falsos informes.

Tomó intervención de Asuntos Internos de la Policía Federal, donde se analizaron los videos presentados en la denuncia, que sirvieron como prueba categórica para demostrar la connivencia entre el grupo de policías acusados y una banda de narcos del barrio Nuevo Horizonte, de la cual dos de sus miembros permanecen al día de hoy prófugos de la justicia.