Escándalo en Córdoba: detienen a 23 gendarmes por presunta red de cobro de coimas en puestos viales

En un nuevo golpe a la institucionalidad de los controles viales, la Justicia federal de Córdoba desarticuló una compleja red de corrupción en la que habrían participado 23 efectivos de Gendarmería Nacional.

Los acusados están sospechados de cobrar coimas a transportistas que circulaban por la Ruta Nacional 8, a la altura del puesto vial de Sampacho, para dejar circular camiones que supuestamente incumplían la normativa.

Mecanismo y modus operandi

Según la investigación, el circuito de recaudación ilícita comenzó a operar a mediados de 2024 y se prolongó hasta septiembre de 2025. Al menos 23 gendarmes fueron imputados por los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad.

De ese total, 13 ya se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer, mientras que otros dos cumplen prisión domiciliaria.

La maniobra funcionaba de la siguiente forma: los controladores viales detenían camiones bajo pretextos de irregularidades documentales y luego requerían el pago de sumas de dinero que oscilaban entre 50.000 y 600.000 pesos para permitir que el vehículo continuara su recorrido sin sanciones.

Los pagos se realizaban en efectivo, dentro de carpetas o bolsos, o a través de transferencias bancarias a cuentas de intermediarios.

Uno de los presuntos nexos habría sido un hombre apodado “El Sanjuanino”, quien actuaba como enlace entre los transportistas y el organismo de control.

Alcance institucional

Las fuentes judiciales no descartan que el entramado tenga implicaciones que superan al nivel operativo: se investiga la eventual participación de mandos superiores de la Gendarmería en Córdoba.

En el operativo, realizado el 10 de septiembre, se concretaron más de veinte allanamientos simultáneos en Sampacho, Holmberg y otras sedes.

Como resultado, 14 gendarmes fueron detenidos inmediatamente, incluida la jefa de la Sección Vial de Sampacho, alférez Analía Galian. Otros seis efectivos fueron separados de sus funciones.

La fiscalía federal a cargo de la causa es la de Río Cuarto, que lidera el fiscal Rodolfo Cabanillas. El expediente se sustenta en denuncias que comenzaron en febrero de 2025, cuando un transportista decidió denunciar el mecanismo de sobornos.

Entre los datos preocupantes, aparece que los cobros se coordinaban mediante la asignación de turnos de recaudación, lo que evidencia un esquema “organizado” más allá de la acción aislada de algunos agentes.

Para los transportistas víctimas, el sistema significó un verdadero “peaje” ilegal: uno de los choferes declaró que le habían exigido un pago de hasta 600.000 pesos para seguir circulando sin ser retenido.