“Las denuncias existieron y cayeron en saco roto”: aseguró el abogado que llevó el caso al fuero federal

La denuncia por Trata de personas presentada en la Justicia Federal abrió una nueva etapa en la investigación por el llamado “geriátrico del horror” de barrio Nuevo Horizonte. Y detrás de la discusión sobre la posible existencia de una red de explotación aparece una pregunta todavía más incómoda: ¿qué hicieron quienes tenían la obligación de proteger a esas personas?

El Dr. Santiago Banegas explicó, durante una entrevista con el programa Santa Fe Policiales, que la presentación judicial se concentra inicialmente en dos presuntas víctimas y que fue acompañada por evidencias reunidas durante la investigación periodística, además de solicitar nuevas medidas para que sean producidas por la Fiscalía Federal.

El abogado sostuvo que los hechos conocidos reúnen, a su criterio, características compatibles con el delito de Trata de personas. Y puso especial énfasis en dos conceptos: captación y explotación.

La hipótesis es que algunas de las víctimas habrían llegado al establecimiento luego de atravesar situaciones de extrema vulnerabilidad. En uno de los casos incluidos en la denuncia, se habría producido una externación hospitalaria y, ante la falta de alternativas, la persona habría sido derivada hacia el supuesto geriátrico.

“Era o quedarse en la calle, o podés ir a este supuesto asilo”, resumió Banegas.

Para el abogado, en esas circunstancias resulta difícil hablar de una decisión libre. La legislación sobre trata establece que el consentimiento de la víctima no elimina la responsabilidad penal cuando concurren los demás elementos del delito.

Vulnerabilidad y explotación económica

La particular condición de las víctimas ocupa un lugar central en la denuncia. Se trata de adultos mayores, muchos de ellos con bajos recursos, problemas familiares o ausencia de una red de contención. A esa situación se sumaría, según la hipótesis planteada, una dependencia física y económica que habría facilitado el control sobre sus vidas y sus bienes.

Banegas recordó que los adultos mayores cuentan con una protección especial derivada de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Son personas que no se encuentran mucho en condición de decidir”, señaló al describir lo que definió como una “intersección de vulnerabilidades”.

Pero el aspecto económico es quizás uno de los puntos más sensibles de la nueva denuncia. Según lo expuesto por el abogado, al ingresar al establecimiento algunas personas habrían entregado documentación personal, tarjetas de débito, datos bancarios y claves necesarias para operar con sus cuentas.

La sospecha es que esos recursos habrían quedado bajo control de terceros. Allí, precisamente, aparece la presunta explotación económica.

Evidencias documentadas

A las evidencias documentales se suman fotografías y videos obtenidos durante la investigación periodística que muestran las condiciones en las que permanecían los residentes. Hacinamiento, falta de higiene, problemas alimentarios y ausencia de cuidados adecuados fueron algunas de las situaciones que quedaron expuestas luego del incendio del 27 de julio.

Aquella jornada, uno de los residentes prendió fuego un colchón. Lo que inicialmente pudo ser interpretado como un incendio intencional terminó convirtiéndose en una señal de auxilio que permitió sacar a la luz una realidad que, según las denuncias posteriores, llevaba tiempo desarrollándose puertas adentro.

Para Banegas, además, resulta necesario determinar si lo ocurrido constituía un fenómeno aislado o si existen otros establecimientos donde podrían repetirse situaciones semejantes.

“Puntualizamos específicamente las dos en las cuales tenemos sobradas evidencias”, explicó.

El Estado, bajo la lupa

La presentación ante la Justicia Federal también tiene otro propósito: intentar que la investigación no quede limitada a lo sucedido el día del incendio ni exclusivamente a la persona que actualmente se encuentra imputada en la causa provincial.

Banegas cuestionó que, frente a indicios que podrían relacionarse con un delito federal, la investigación no haya sido derivada desde un comienzo al Ministerio Público Fiscal de la Nación.

“Si percibís que puede tener olor a trata”, sostuvo, debería activarse la intervención de la Justicia Federal.

El planteo abre un segundo frente de discusión: el rol de los organismos estatales que debían controlar las condiciones de funcionamiento del establecimiento y, fundamentalmente, proteger a sus residentes.

El abogado recordó que la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores impone al Estado obligaciones específicas de protección y de generación de mecanismos para denunciar e investigar situaciones de abuso y vulneración de derechos.

En este caso, según sostuvo, las denuncias existieron. Lo que resta establecer judicialmente es qué ocurrió después con ellas.

Y allí vuelve a aparecer aquella pregunta que quedó instalada desde que las llamas abrieron las puertas del geriátrico clandestino: si había advertencias previas, pedidos de auxilio y personas que reclamaban ser escuchadas, ¿por qué nadie llegó antes?

La denuncia federal busca ahora que esa pregunta tenga una respuesta judicial. No será sencillo. Habrá que reconstruir recorridos, identificar eventuales responsables, determinar cómo llegaron las víctimas al lugar, establecer quién administraba sus recursos y, sobre todo, comprobar si detrás de aquellos hechos existió efectivamente una estructura de captación y explotación.

El incendio ya dejó de ser el final de una historia. Puede haber sido apenas el comienzo.