Escuchas señalan a un policía como miembro de "la banda de Las Vegas"

“Tiene contactos dentro de la fuerza policial, y la posibilidad de eludir el accionar de la Justicia” señaló el juez Jorge Patrizi al momento de ordenar la prisión preventiva del oficial Diego Sebastián Gil (42). Está acusado de formar parte de “la banda de Las Vegas” -que se dedicaba a realizar entraderas en zonas rurales- cumpliendo un rol fundamental al otorgar acceso a información privilegiada y protección a los delincuentes. En la causa hay otros cuatro imputados, que consintieron la cautelar de máxima en vistas de un posible acuerdo de juicio abreviado, y se investiga la participación de más miembros de las fuerzas de seguridad.

“Los hechos que se le atribuyen a Diego Gil consisten en formar parte de una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada con el objeto de cometer delitos”. Esta obtenía información acerca de la presencia policial en la zona y cambios de guardia, que utilizaba para “determinar los horarios y momentos a cometer delitos, y marcaba las casas para luego realizar abigeatos y entraderas a mano armada en viviendas rurales, privando de la libertad a los moradores”, recordó el magistrado.

Según lo expuesto durante la audiencia, la investigación comenzó en febrero, a raíz de una serie de robos de cables de la EPE en distintas localidades del departamento Las Colonias. En se marco, se detuvo a dos muchachos, uno de ellos menor de edad, y al peritar el teléfono del último de ellos “se hace un filtrado de llamadas y se ve que se contactaba con Gil los días de los ilícitos”, afirmó el fiscal del caso Alejandro Benítez -que estuvo acompañado por la fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza-. Esa fue la punta para descubrir la asociación ilícita, ya que gracias a esto se intervino el teléfono del policía (aunque en ese entonces se desconocía que formaba parte de la fuerza).

Conversaciones secretas

“Surgen una serie de conversaciones, de las cuales hemos escuchado los audios, en donde se advierte una relación entre -el coimputado- Julio Ramón Helguero y Diego Sebastián Gil”, marcó el juez Patrizi. Hubo múltiples comunicaciones a través de whatsapp entre los dos hombres en los momentos previos y posteriores a la entradera a un tambo ubicado en Colonia San José, la noche del primero de mayo, “en los que -Gil- podría estar alertando o dando instrucciones” a los miembros de la banda.

“Las llamadas por whatsapp no pueden ser interceptadas telefónicamente” por más de que el número esté intervenido, por eso “cuando Helguero le dice -a Gil- que tenía que hablar de algo importante, este le responde ‘hablame por whatsapp’. Eso pocas personas lo saben, pero los empleados policiales sí” destacó Patrizi. Por esto, “lo que se ha grabado, lo que se ha podido verificar, es sólo una mínima parte de una real y evidente participación” de Gil en la asociación ilícita.

“Apoyo especial”

Uno de los puntos centrales en la discusión en torno a la prisión preventiva fue el rol que cumplía el oficial de policía en la banda. La fiscalía lo imputó como jefe u organizador de la asociación ilícita, pero el abogado defensor José Ignacio Mohamad planteó que de la investigación surge que Diego Gil actuaba como “datero” o “instigador”, no como un miembro de la banda. Sin embargo, para el juez “no podemos dejar de tener en cuenta que los hechos ocurrieron en una zona determinada, donde Gil tiene conocimiento -del lugar-. Asimismo, cuando -en la conversación- deja librado a Helguero que elija con quiénes van a estar, está dando cuenta de que conoce que hay otras personas más”.

Existen fuertes sospechas para creer que el policía estaba al tanto de que había más sujetos involucrados en las entraderas porque trabajaba en la seccional que tiene jurisdicción en la zona donde ocurrían, llegando incluso a estar involucrado en la investigación de varios de los casos.

“Entonces, ese ‘formar parte’ de Gil consiste en brindarle determinada protección, antes y después del hecho, a las personas con la cuales Helguero cometía los ilícitos. Esa no es una mera colaboración -sino que- esto forma parte de un dato necesario que hace a la posibilidad de la comisión del hecho, y asegurarse luego la posibilidad de no ser descubierto”. Brindaba un “apoyo especial, esa es su función específica”.

Uno de seis

Al oficial de policía también se le imputó la coautoría de 6 “robos calificados por ser en despoblado, en banda y por la utilización de arma de fuego”, siendo el último de estos en grado de tentativa. El magistrado sostuvo que “de los 6 hechos, solamente en uno hay comunicaciones antes y después” entre Gil y Helguero, por lo que “podemos atribuirle la participación en el robo -al Tambo-, los otros hechos habrá que acreditar si realmente hay otro tipo de participación que podamos darle a Gil respecto a ellos”.

Pero si bien “no le podemos atribuir particularmente la participación en cada uno de los hechos, sí es integrante de estos hechos formando parte de la asociación, o sea, hay una aceptación de todos estos hechos por parte de las personas que la integran”.

“Mientras tanto, nos queda solamente -que forma parte de- una asociación ilícita, que no es en carácter de jefe u organizador porque esto no se ha acreditado -ya que- si vamos al audio N° 1 le deja librada a Helguero toda la organización, porque él lo único que necesitaba era dinero”. Patrizi especificó que “la persona encargada o líder es la que da la forma y las pautas de cómo tiene que ser realizado el hecho”, por lo que “no le podemos atribuir a Gil la jefatura, y la organización menos todavía”.

Sin embargo, “la participación de un empleado policial en los robos hoy es agravada” y si bien se le ha atribuido, no se puede pasar por alto que el oficial hacía uso de información privilegiada que obtenía por su rango en la fuerza. “Creo que hay que tener particular aprehensión en cuanto a la seriedad de la pena” porque “todos los elementos nos dan la posibilidad de que, en abstracto, se pueda pensar en una pena de cumplimiento efectivo”.

“Hacerle llegar un mensajito”

El juez Jorge Patrizi resaltó la posibilidad de entorpecimiento probatorio que existe debido a los contactos del oficial Diego Gil. En una de las escuchas “un policía le está indicando que su línea telefónica está intervenida”, esto “da la pauta de que tiene contactos y tiene la posibilidad de eludir el accionar de la Justicia”.

Además, el peligro de entorpecimiento se da porque hay personas prófugas en la investigación, y por su especial conocimiento de la zona donde se cometieron los robos, de las víctimas y de los testigos.

En otra de las escuchas Gil dice que “tenemos que hacerle llegar un mensajito” a un testigo que brindó datos en la investigación de “la banda de Las Vegas” -el imputado la llama así en referencia al barrio de Santo Tomé donde residen los miembros-. Para el magistrado el punto de inflexión está en “cómo habla de cómo se tiene que trabajar para entorpecer la labor judicial o investigativa”.

Por esto, resolvió convertir la detención en al que se encontraba Diego Sebastián Gil desde el pasado lunes, en prisión preventiva.

Cinco imputados

Otras cuatro personas fueron imputadas en el marco de la causa: Julio Ramón Helguero (38) en carácter de “jefe u organizador” de la asociación ilícita y Celeste Magalí Braca (22), Alexis Damián Figuerero (20) y Alexis Joel Gianini (19) como “miembros”.

Zonas rurales

La banda está acusada de haber cometido 6 robos a mano armada entre el 10 de abril y el 7 de mayo, en zonas rurales de los departamentos La Capital y Las Colonias. Se investigan al menos 4 hechos más.