Firmat: condenan por estafa a un empresario de viviendas industrializadas

Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Alamo Viviendas, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional al ser encontrado responsable de dos hechos de estafa cometidos contra vecinos de la ciudad de Firmat, quienes abonaron una cifra importante de dinero para acceder al “sueño de la casa propia” y solamente les construyeron las plateas.

El juicio se desarrolló durante los últimos días de mayo y comienzos de julio, mientras que la sentencia se informó el viernes 13 en los tribunales de Melincué.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Vanina Servidio Pozzi y Julián Cochero, mientras que Susana Pepino fue la representante del Ministerio Público de la Acusación durante el juicio. En tanto, Aldo Baravalle fue el juez de la causa.

Al menos una de las víctimas, en contacto con El Litoral, manifestó su malestar con el resultado del proceso, teniendo en cuenta que la pena no es de ejecución efectiva (no irá a la cárcel) y al mismo tiempo no lograron un resarcimiento económico debido a que el sentenciado se declaró insolvente.

De esta manera, resta saber si la fiscal Susana Pepino apelará la sentencia con el objetivo de obtener otro cierre de la causa.

Por el momento, Lucas Fabricio Gómez fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional al ser encontrado penalmente responsable del delito de “estafa en dos hechos y en concurso real”. Además, se establecieron reglas de conductas: constituir domicilio y someterse al patronato de liberados; abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas en exceso; abstenerse de tener armas de fuego o portar armas de cualquier tipo y realizar 120 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público.

Historia del caso

El primer hecho que se conoció mediáticamente tras una publicación de El Litoral, donde Jerónimo y Candela, una joven pareja damnificada, dieron detalles de lo padecido.

Todo comenzó el 23 de diciembre de 2021, cuando, tras la recomendación de un amigo, en la oficina ubicada en ese entonces en calle Rivadavia, la pareja firmó un contrato con la empresa para adquirir una “pre fabricada”. Al mismo tiempo hicieron una primera entrega de 500.000 pesos.

Posteriormente el 24 de enero de 2022 aportaron 2.600 dólares y a los pocos días 7.200 más, con un tipo de cambio a 218 pesos, realizándoles un recibo por un total de 574.000 pesos.

La tercera entrega iba a ser un automóvil, pero finalmente la parte damnificada aportó 600.000 pesos en efectivo el 21 de marzo de 2022, una vez que la empresa había terminado de construir la platea de la vivienda. Y para avanzar era necesario esperar entre 40 y 45 días a que seque el hormigón.

Al mismo tiempo en el mes de junio la pareja damnificada realizó la instalación de electricidad y gas, informándolo a la empresa, tal cual lo habían acordado.

En ese momento el responsable de la firma comercial contaba con 150 días hábiles para construir y entregar la casa, pero nada de eso ocurrió.

Candela y Jerónimo comenzaron a enviar mensajes y a llamar a distintos números de la empresa, pero no obtenían respuestas. Luego consiguieron hablar con un empleado, sin solucionar absolutamente nada.

A su vez concurrieron a la oficina, pero fue imposible hablar con el dueño.

Con el correr de las semanas, los damnificados se fueron contactando con unas 20 familias de distintas provincias del país a las que les ocurrió algo similar.

Más tarde, al entablar diálogo con el abogado de la firma comercial les manifestó que estaba al tanto del retraso en la construcción de la vivienda, y que el objetivo era cumplir con lo acordado.

Pero nada de eso pasó. A comienzos de abril insistieron nuevamente con el representante legal, pero no obtuvieron respuesta alguna ante el pedido de que “hagan la casa o reintegren el dinero”. Y como contrapartida les manifestaron que iban a tener problemas si publicaban algo en redes sociales.

Finalmente, los damnificados decidieron radicar formalmente la denuncia.

Segunda denuncia

El segundo caso se trata de una mujer (María Florencia R.), también oriunda de Firmat, que firmó el contrato el 1 de octubre de 2021 para la construcción de una vivienda tradicional de 95 m2 en un terreno ubicado en calle Luis Agote entre Maiztegui y Carlota Joubin, acordando la entrega de un anticipo de 3.420.000. Al mismo tiempo le exigieron en concepto de seña 1.741.500 pesos, que fueron cancelados con una camioneta Nissan Frontier (cotizada en 900.000 pesos) y 4.500 dólares. Posteriormente debía abonar (una vez finalizada la obra) 48 cuotas consecutivas, con una tasa del 25% anual, de 43.724 pesos

A fines de enero de 2022 desde la empresa procedieron a construir la platea, pero pasaron los días y no hubo avances en la obra.

La damnificada comenzó a realizar los reclamos correspondientes, primero en forma telefónica y luego presencialmente, pero nunca obtuvo una respuesta satisfactoria.

Finalmente, cansada de la situación decidió radicar la denuncia penal.