Fiscalía solicitó la elevación a juicio para jefes de la Federal

El Fiscal Federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó este miércoles la elevación a juicio de una causa por confabulación para el tráfico de estupefacientes, que tiene como implicados a quienes se desempeñaban como jefe y subjefe de la Delegación local de la Policía Federal Argentina: el comisario Mariano Ezequiel Valdés (52) y el subcomisario Higinio Alberto Bellaggio (43).

Ambos se encuentran cumpliendo prisión preventiva en el Instituto Penal Federal de Colonia Pinto, en la provincia de Santiago del Estero, luego de que el juez Federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, los procesara el 30 de diciembre pasado, como presuntos coautores de los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de elementos de prueba, empleo de servicios de la administración pública, falso testimonio y confabulación para el tráfico de estupefacientes”.

Si bien están detenidos desde el 19 de septiembre de 2019 y pasaron los primeros 90 días a disposición de la justicia provincial, la investigación contra Valdés y Bellaggio pasó a la órbita federal el 2 de diciembre de ese año, a pedido del fiscal Rodríguez, luego de que un informe de laboratorio de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), reportara el hallazgo de restos de metanfetamina en un bolso propiedad de Valdés y que Bellaggio ocultó, cuando su superior fue baleado.

Todo se remonta a la tarde-noche del 9 de septiembre del año pasado, cuando en circunstancias que todavía no fueron debidamente aclaradas, el comisario Valdés y una subalterna Roxana G. protagonizaron un enfrentamiento armado con los ocupantes de una camioneta color oscuro, en la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura del acceso a Villa Constitución.

Bolso Adidas

El jefe policial viajaba desde provincia de Buenos Aires con destino a Santa Fe, donde él y su acompañante prestaban servicios, cuando según las primeras versiones, sufrieron lo que se presentó como un “robo al voleo”, cuando pararon a cambiar la yerba del mate. La versión fue perdiendo fuerzas con el correr de los días y pronto la situación se complicó para el hombre, que esa misma noche debió ser hospitalizado en Arroyo Seco, con dos heridas de bala en muslo y antebrazo derecho.

Quien apareció en escena a las pocas horas fue Higinio Bellaggio, quien viajó en una patrulla con otros dos uniformados, para asistir a su jefe. Luego se supo que recorrió 208 km en un auto oficial sólo para “limpiar” la escena y llevarse del baúl del Ford Focus que manejaba Valdés, un bolso Adidas azul oscuro con vivos rojos, en el que luego se hallaron restos de drogas sintéticas.

En su escrito de este miércoles, solicitando al juez Miño la elevación de la causa a juicio, el fiscal Rodríguez volvió a describir la historia de manera pormenorizada, en la que se muestra claramente la estrategia desplegada por Valdés y Bellaggio para evitar ser descubiertos. La maniobra atribuida se centra en el traslado del ya referido bolso Adidas, que la fiscalía sostiene, “se concretó en dos etapas”. La primera atribuida a Valdés, que lo llevaba en Focus en el que viajaba junto a una subalterna, hasta que se produjo el enfrentamiento armado, a las 20.45 del 9 de septiembre, en el km 245 de la autopista.

Malherido, Valdés quedó imposibilitado de toda maniobra y fue internado en un hospital de Arroyo Seco; aunque previamente, a las 20.51 fue detectado hablando por teléfono en la estación de servicios Las Gemelas -km 256-, donde pararon en busca de asistencia médica. Allí entabló contacto con Bellaggio, quien aparece en escena, para quitar el bolso y trasladarlo hasta la ciudad de Santa Fe, donde finalmente fue hallado dos semanas después.

“Pacto sellado”

A ambos se les atribuyó además, haber empleado un móvil oficial con dos uniformados con prestación de servicios en la delegación Santa Fe de PFA para “beneficio propio y ajeno a la función policial, abusando de su autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”

En tercer lugar, y aprovechando sus jerarquías, se acusa a los policías de “haber viciado la voluntad de Roxana G. con el objeto de que afirme hechos falsos y calle otros verdaderos en su declaración testimonial”, ante la fiscal Natalia Benvenuto, que primero investigó el hecho. De hecho, cuando tuvo garantías para hacerlo, la policía que acompañaba a Valdés ofreció otra versión diferente a la de su jefe y las conversaciones y llamadas registradas en su teléfono celular, ratificaron sus dichos.

Finalmente el bolso “desaparecido” fue secuestrado el 20 de septiembre de 2019, dentro de una camioneta Mitsubishi L200 D matrícula AC028OA, propiedad de Valdés, que estaba estacionada en inmediaciones de la delegación de PFA Santa Fe, de de calle San Martín 3381. Dos semanas después, se reveló el hallazgo de restos de lo que podrían ser pastillas de éxtasis y ello profundizó aún más las sospechas en cuanto al delito de confabulación, entendido como un “pacto sellado y planificado por lo menos por dos sujetos”, señala el Dr. Rodríguez.

Seguirán presos

El juez Federal N° 2, Francisco Miño, rechazó este miércoles sendos pedidos de excarcelaciones intentados por los abogados de Mariano Valdés y de Higinio Bellaggio.

Los defensores Víctor Corvalán y Evelyn Quaín -por Bellaggio-, y Silvio Omar Piorno -por Valdés- pretendían que sus clientes recuperasen la libertad el mismo miércoles 20 de mayo, tras cumplirse los ocho meses de prisión preventiva. Según el argumento defensivo, “en esa fecha estaría en condiciones de obtener la libertad condicional” en la imaginación de que en caso de ser condenado, la misma será de ejecución condicional o no superaría los 3 años.

Fue el propio fiscal Rodríguez quien el pasado 15 de mayo contestó ambos pedidos solicitando al juez su rechazo, aduciendo que la pretensión defensiva no es más que “un grosero error de cálculo”, puesto que ante los delitos por los cuales Valdés y Bellaggio fueron procesados, la pena en expectativa iría de los 2 (mínimo menor) a los 28 años (máximo mayor), sin perjuicio de la inhabilitación perpetua para el ejercicio del cargo. Además, el Dr. Rodríguez consideró que las defensas habían incurrido en “la utilización abusiva de acciones procesales”, en referencia a “una presentación repetida e improcedente”, puesto que las excarcelaciones (también pedidos de domiciliarias) ya habían sido solicitadas y rechazadas en diciembre pasado.

Sobre este último punto -pedido de imposición de costas-, el juez Miño sostuvo que “el planteo de la defensa técnica resulta atendible y se enmarca en el ejercicio de derecho de defensa en juicio”.