"¿Para qué denunciar?": la joven que alertó cuatro meses antes del incendio reclama ser escuchada

La conferencia de prensa del fiscal Manuel Cecchini, en la que informó la imputación de M. L. M. G. por abandono de persona, dejó en Daniela R. una sensación de profunda frustración. No por la decisión de avanzar contra la responsable del geriátrico, sino porque, según sostiene, el relato oficial de la investigación parece comenzar el día del incendio y no meses antes, cuando ella ya había denunciado lo que ocurría puertas adentro del establecimiento.

Con el patrocinio del abogado Martín Risso Patrón, D. R. presentó un nuevo escrito ante el Ministerio Público de la Acusación para pedir que se unifiquen las actuaciones, se amplíe la imputación y se investigue qué ocurrió con las tres denuncias que asegura haber formulado antes de la tragedia.

"Decidimos acompañarla porque hizo exactamente lo que cualquier ciudadano espera que el Estado le pida: denunció, aportó pruebas y volvió una y otra vez a la Justicia. Hoy D. R. ya no está sola en su búsqueda de Justicia", expresó Risso Patrón, quien afirmó que el reclamo cuenta además con el acompañamiento de periodistas que investigaron el caso, asistentes sociales y ex trabajadoras del geriátrico.

"¿Las perdieron?"

El planteo de D. R. apunta directamente al funcionamiento del Ministerio Público.

En su presentación recuerda que declaró durante más de dos horas, acompañó documentación, aportó movimientos bancarios, recetas médicas, describió presuntas maniobras de captación de adultos mayores, apropiación de sus haberes, administración irregular de medicamentos y privaciones ilegítimas de la libertad.

También afirma haber mencionado nombres de organismos públicos, funcionarios y otras personas que, según su denuncia, conocían o habrían tenido intervención en el funcionamiento del lugar.

Por eso, tras escuchar las declaraciones públicas del fiscal Cecchini, se pregunta: "¿Qué pasó con mis denuncias? ¿Las perdieron?"

La joven sostiene que le cuesta comprender cómo esas actuaciones no aparecen reflejadas en una investigación que, según las explicaciones brindadas públicamente por la Fiscalía, parece concentrarse en los hechos ocurridos durante el incendio.

Los testimonios que quedaron afuera

El escrito también recuerda que, además de sus propias denuncias, ex empleadas del geriátrico y familiares de residentes expusieron públicamente situaciones que describían un mecanismo de funcionamiento que, según sus testimonios, trascendía a una sola persona e involucraba la actuación o intervención de distintos organismos estatales y agentes de seguridad.

D. R. entiende que todas esas declaraciones deberían ser incorporadas y analizadas dentro de una investigación integral.

Una pregunta para el Ministerio Público

El reclamo deja abierto un interrogante institucional que excede el caso individual.

Si las denuncias fueron presentadas meses antes del incendio, ¿quién era el responsable de impulsarlas? ¿Hubo una falla administrativa, un error en la coordinación entre fiscalías o una omisión que impidió que avanzaran?

Para D. R., esas respuestas son indispensables, no sólo para reconstruir lo ocurrido, sino para recuperar la confianza en la Justicia.

"Si alguien ve a un adulto mayor siendo maltratado, encerrado o despojado de su patrimonio, tiene que poder creer que denunciar sirve. De lo contrario, el Estado llega cuando ya es demasiado tarde", concluye la presentación.