El juez Pegassano explicó por qué dejó libres a los gitanos

El juez de la Investigación Penal Preparatoria, Jorge Pegassano, brindó por escrito los fundamentos que sostienen su decisión de conceder la libertad bajo alternativas a la prisión preventiva a cinco hombres acusados de formar parte de una banda de estafadores. El pronunciamiento fue difundido en las últimas horas por la Oficina de Prensa del Poder Judicial, tras las críticas vertidas la semana pasada desde el Ministerio Público de la Acusación.

En el documento de 6 fojas, el magistrado explica por qué, a pesar de tener por acreditados los hechos delictivos, no se dan los presupuestos que llevarían a los miembros de la banda a seguir tras las rejas. “La posible pena a aplicar no será de cumplimiento efectivo, lo cual aleja los riesgos procesales y peligro de fuga”, sostuvo Pegassano en uno de los pasajes del escrito.

La audiencia de la discordia se celebró el miércoles pasado, el mismo día en que todas las cámaras enfocaban al ex boxeador Carlos Baldomir, que estaba a punto de ser condenado. En una sala contigua, el juez Pegassano dirigía una audiencia de revisión de la prisión preventiva en la que los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos del MPA, María Laura Urquiza y Leandro Lazzarini, insistieron con la necesidad de que los cinco acusados continúen tras las rejas. Por su parte, los abogados particulares Raúl Berizzo y Germán Corazza, discutieron esa posibilidad y aceptaron el pago de una millonaria fianza para que sus clientes puedan acceder al beneficio.

Las identidades

La banda, cuyo cabecilla, Miguel Diego, se encuentra detenido con prisión preventiva desde la feria judicial, está integrada por otros cinco miembros de la comunidad gitana, entre ellos: Alejandro Darío Traico (37), Marcelo Jesús Traico (32), Pablo o Paulo Traico (29), Roberto Miguel Traico (38) y Andrés Traico (59), todos ellos con domicilio real en la provincia de Corrientes y sin antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR).

Como parte de los riesgos procesales (peligro de fuga y entorpecimiento probatorio), los fiscales cuestionaron que todavía restaba identificar fehacientemente a dos de los imputados, lo cual fue criticado por el magistrado al señalar que “la primera medida que deben tomar (los fiscales) es precisamente la identificación de las personas que traen a proceso” (...) “de modo que alegar el desconocimiento de la identidad de los imputados no condice con los postulados de la ley” que rige la labor de los fiscales como representantes del Poder Judicial.

Además, el juez hizo hincapié en la fijación de una fianza en efectivo de $ 1.200.000 para cada uno de los acusados, cuya imposibilidad de pago los mantiene todavía en prisión. Para el juez, el monto referido se condice con la cifra aportada por la fiscalía en cuanto al daño causado a las víctimas, estimado en $ 6.000.000, los cuales deberán ser acreditados por las víctimas a la hora de solicitar la devolución y/o reparación del daño.

Motivos serios

El juez del caso también se explayó sobre el entorpecimiento probatorio, y sostuvo que no es tal, ya que se encuentran recolectados los testimonios de las víctimas y las escuchas telefónicas se encuentran aseguradas. Además, el organizador de la maniobra se encuentra tras las rejas con prisión preventiva impuesta por el juez Gustavo Urdiales y según el relato de la acusación, “era éste quien impartía las instrucciones que supuestamente los demás imputados cumplían”.

Es decir que “las evidencias más importantes de la investigación ya han sido reunidas y no existe posibilidad que la soltura de los imputados la entorpezca”, y agregó: “No hay motivos serios ni fundados para continuar privándolos de la libertad”.

La audiencia de la semana pasada se produjo 30 días después de que tuviera tratamiento la primera cautelar, en la cual las partes (fiscalía y defensa) acordaron imponerla por un mes, lapso que sería utilizado para avanzar en la negociación de un juicio abreviado y así quedó plasmado en un acta que forma parte de la carpeta judicial. Sin embargo, durante la feria judicial se produjeron diferencias entre acusación y defensa, lo que terminó en denuncias cruzadas y pedidos de apartamientos que no fueron aceptados por los respectivos órganos competentes.

La semana pasada el MPA emitió un comunicado en el que los fiscales expresaban que “la decisión del juez generó sorpresa no sólo entre quienes investigamos los hechos, sino también en la Fiscalía Regional, que nos solicitó un informe acerca de las circunstancias de esta audiencia”. Además, adelantaron que recurrirán a la Cámara de Apelaciones para que la medida sea revisada.

>>> A Bahía Blanca

Andrés Ariel Traico (59) el mayor de los cinco acusados, fue trasladado en las últimas horas a la ciudad de Bahía Blanca, mediante exhorto firmado por la Jueza de Garantías N° 3 de los tribunales de dicha ciudad. Si bien no trascendieron los detalles, el hombre tendría una causa en trámite en aquella jurisdicción, por lo que el juez santafesino lo puso a disposición de su par de la provincia de Buenos Aires.

Reglas de conducta

El juez Pegassano fijó reglas de conducta para los acusados y determinó que, además del depósito de la millonaria fianza, los cinco deberán “fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, de la que no se podrán ausentar”; deberán comparecer semanalmente ante el MPA para demostrar su sujeción al proceso y no podrán mantener contacto por ningún medio con las víctimas. También se estableció la remisión de uno de los involucrados a los tribunales de Bahía Blanca; y en relación a Pablo y Roberto Miguel Traico, el juez ordenó su debida identificados previo a recuperar la libertad, puesto que uno de ellos no tiene DNI.