Cómo difundió la Justicia de Misiones el debate oral a los hermanos Kiczka

El miércoles 16 de abril, el Tribunal Penal I de la ciudad de Posadas, le bajó el martillo al ex diputado Germán Kiczka y su hermano Sebastián, imponiendo penas de 14 y 12 años de cárcel a cada uno de ellos, en una audiencia que fue transmitida por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Misiones.

Por mayoría, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon a Germán “autor penalmente responsable del delito de tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad en concurso real” (Arts. 128 1º, 2º y 5º en función del art. 55 del CPA).

En tanto Sebastián Kiczka resultó condenado como autor de "tenencia y facilitación de material de explotación sexual infantil agravado" y "abuso sexual sin acceso carnal" de unas menor de edad.

La sentencia puso punto final a un proceso que duró dos semanas y que tuvo al equipo de Prensa y Ceremonial del Poder Judicial de Misiones, desempeñando un rol central para que la causa, de amplia repercusión nacional, fuera accesible a los medios de prensa de todo el país.

Información actualizada en forma diaria, con galerías de fotos del debate que no cayeron en la formalidad que contagian los estrados judiciales, sino pensadas para uso periodístico, con primeros planos, gestos, contrastes y alta calidad, son apenas un ejemplo que destaca la labor del equipo de comunicación institucional.

Desde el momento inicial, la web oficial del Poder Judicial aclaró la dinámica del proceso. Serían “doce jornadas”, “con sólo dos audiencias públicas”: la de apertura el lunes 31 de marzo y la de alegatos finales y sentencia del miércoles 16 de abril; ambas con transmisiones en vivo a través de YouTube.

Publicidad e intimidad

La modalidad, que implicó la reserva de la etapa de producción de la prueba, tuvo como finalidad preservar la identidad e integridad de los niños y niñas que resultaron víctimas; así como el cuidado en cuanto a la difusión de imágenes de abuso que fueron parte central de la causa.

El tribunal se ajustó a una resolución del 18 de marzo, en la que se estableció la modalidad del debate, especialmente lo relacionado a la difusión de contenido sensible, como lo fueron las imágenes de abuso de menores que fueron parte de la matriz probatoria.

“Considerando que la causa refiere a delitos contra la integridad sexual” (...) corresponde armonizar el principio de publicidad de los actos jurisdiccionales, que garantiza el debido control ciudadano sobre el ejercicio de la función judicial, con la necesidad de resguardar la intimidad y dignidad de las personas involucradas en los hechos investigados”, señala el documento.

Cita la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos, en la cual se establece en sus artículo 4 y 5, el derecho de las víctimas a un trato digno y respetuoso, evitando toda forma de revictimización.

Se apoya el tribunal en “las Reglas de Heredia” para la protección de víctimas y testigos en procesos penales, que apunta a “minimizar la exposición pública de quienes han sufrido delitos de índole sexual, incluyendo la restricción de la publicidad de ciertas audiencias y la anonimización de sus datos en las resoluciones judiciales y registros públicos del proceso”.

Atento a ello, los jueces optaron por una “restricción parcial de la publicidad del debate, de modo que los actos de apertura, la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la formulación de alegatos y la lectura del veredicto se llevan a cabo de manera pública mientras que el resto de las audiencias se desarrollen a puertas cerradas”.

Fiscales y defensores

El juicio se desarrolló en forma íntegra en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales (Santa Catalina 1735), en la ciudad de Posadas. El lugar contó con un espacio para los medios de prensa, que se ubicaron detrás del vallado -una cinta azul-, donde realizaron principalmente el trabajo de cámaras.

A la izquierda del tribunal estaban los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Vladimir Glinka (adjunto); mientras que a la derecha se ubicó la defensa a cargo de los abogados Gonzalo de Paula, defensor de Germán Kiczka; y Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, por la defensa de Sebastián Kiczka.

Diez días antes del comienzo del juicio el equipo de prensa abrió una “Convocatoria a medios para acreditación a las audiencias por el caso Kiczka". Y dadas las características del debate pidieron “respetar la propuesta del Tribunal que ofrecerá, al cierre de cada uno de los días de debate no público, un informe reservando los datos de las presuntas víctimas en resguardo de su identidad”.

Los hermanos Kiczka fueron detenidos en agosto de 2024, luego de que Interpol pidiera su captura internacional, en una investigación iniciada en 2022 por el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil en la Argentina.

La investigación derivó en allanamientos realizados por las fuerzas federales en Misiones y Corrientes, donde se secuestraron dispositivos con más de 600 archivos de contenido de explotación infantil, incluyendo escenas de violencia extrema y prácticas zoofílicas.