Procesaron a gendarmes por un operativo irregular que terminó con un joven baleado

Dos gendarmes están siendo investigados por la Justicia Federal, a raíz de un confuso procedimiento realizado a principios de este año en el departamento santafesino San Justo, que terminó con un joven baleado en un brazo.

Los acusados son dos cabos del Escuadrón de Seguridad Vial San Justo de la Gendarmería Nacional. Ambos fueron procesados este jueves, acusados de incumplir con sus deberes de funcionario público, pero quedaron en libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva.

El incidente que está bajo la lupa ocurrió la madrugada del pasado 31 de marzo, cuando la fuerza mencionada realizaba un control vehicular de rutina sobre la ruta nacional 11, aproximadamente en el kilómetro 563.

En algún punto, todas las versiones coinciden. Un grupo de cuatro jóvenes que habían estado de "peña" en una estancia cercana, en jurisdicción de la localidad de San Bernardo, se retiraban a bordo de dos motos. Tomaron primero un camino de rural pero cuando "subieron" a la ruta observaron el retén de gendarmería y "pegaron la vuelta".

Una camioneta con tres uniformados salió en su persecución y los alcanzó cuando los muchachos llegaron nuevamente a la finca en la que todavía estaban varios de sus amigos. Una de las motos tenía su documentación en regla. La otra, una Honda Tornado, presentaba alguna irregularidad. Quien manejaba este último vehículo, aprovechando un descuido de los uniformados, encendió su moto y se alejó del lugar a toda velocidad. De manera instintiva, uno de los gendarmes le arrojó una linterna que impactó en la espalda del motociclista.

Luego, dos de los gendarmes abrieron fuego con sus armas. Se efectuaron al menos tres disparos. Inmediatamente, salieron en persecución del motociclista que apagó las luces y logró escabullirse para llegar hasta su casa.

Un proyectil le había impactado en el codo de su brazo derecho, provocándole una fractura.

Un hermano del herido lo llevo hasta el Samco cercano, donde recibió atención médica.

Contradicciones

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo sostuvo en su resolución que inicialmente el accionar de los uniformados puede considerarse como "desproporcionado e imprudente".

Los acusados no declararon en un principio, pero luego dieron su versión ante los fiscales federales del caso, Jorge Gustavo Onel y Natalia Palacín.

Relataron entonces que mientras uno de ellos verificaba los papeles de las motos, los otros dos hacían "seguridad", porque de la casa salieron varios amigos de los motociclistas. Explicaron que había poca luz, que se sentía olor a marihuana y que el muchacho que finalmente iba a resultar herido amagaba con sacar algo de su cintura, dando a entender que podía estar armado.

Los dos gendarmes que abrieron fuego aseguran que apuntaron "al aire" para "disuadir" al joven que escapaba.

Cámaras

Por otra parte, algunos detalles brindados por los gendarmes en la indagatoria y otros plasmados (u omitidos) en el acta labrada ese día "chocan" con imágenes registradas por imágenes de cámaras de vigilancia instaladas en la estancia donde ocurrió el episodio.

En las grabaciones no se ve que ninguno de los jóvenes hiciera ademanes como para buscar un arma. Sólo se aprecia que uno de ellos levanta su moto, la enciende y escapa. Nunca habría tratado de atropellar a los funcionarios.

Además, en el acta los uniformados no señalaron que habían vuelto al lugar luego de la fallida persecución. Aparentemente buscaban las cápsulas servidas por los disparos realizados. Esos casquillos recién fueron hallados por peritos al día siguiente.

Para el juez y los fiscales, "no había sospechas razonables de que la víctima estuviera armada. Asimismo, la evidencia sugiere que los disparos no fueron efectuados al aire, dado que la víctima sufrió una lesión".

"Los elementos típicos necesarios para la imputación del hecho parecen estar debidamente cumplidos, al menos en términos de dolo eventual. En definitiva, debe recordarse que el uso de la fuerza policial en un contexto democrático requiere la estricta adherencia a principios fundamentales que garantizan el respeto por los derechos humanos y la legalidad. Estos principios, que incluyen la proporcionalidad, legalidad, último recurso, progresividad y el valor supremo de la vida, establecen un marco claro para la actuación de las fuerzas de seguridad", explica el magistrado en la resolución.

"En particular -agrega-, el uso de fuerza debe ser sumamente restringido y utilizado únicamente cuando otras alternativas de resolución pacífica hayan fracasado o sean inaplicables en el contexto específico. Además, se desaconseja la realización de disparos desde o hacia vehículos en movimiento, a menos que se presente una amenaza inminente y grave para la vida del personal policial o de terceros. En este sentido, el comportamiento de los inculpados en el caso analizado no sólo carece de justificación adecuada, sino que también contraviene flagrantemente las normas legales vigentes, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su accionar".

El juez resolvió entonces dictar el auto de procesamiento para los dos cabos y les trabó embargo por 700 mil pesos a cada uno, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.