El profesor de música acusado de abuso llegará preso al juicio

El maestro de música del jardín San Roque, acusado por el abuso sexual de un alumno, llegará preso al juicio en su contra, agendado para el próximo agosto. Así lo dispuso el juez Nicolás Falkenberg, que este miércoles prorrogó la prisión preventiva y señaló que en Santa Fe los procesos sufren dilaciones debido a la falta de magistrados.

El pedido de extensión fue formulado por los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, debido a que el 3 de marzo de este año vence el plazo de la medida cautelar dictada oportunamente por el juez Sergio Carraro, y en pos de asegurar que D.C. llegara al juicio tras las rejas. La querellante Carolina Walker Torres, representante de la familia de la víctima, adhirió a la pretensión fiscal.

El abogado defensor Sebastián Oroño se opuso enfáticamente a la prórroga y resumió así el motivo de la audiencia: "Lo que tenemos que contemplar es qué está por encima, ¿la cuestión de agenda o las garantías del imputado?" A pesar de la millonaria fianza que ofreció, el magistrado decidió extender la medida cautelar por 8 meses.

Riesgos incrementados

Los fiscales de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) explicaron que la acusación formal en contra del docente fue presentada el 30 de diciembre de 2020, nueve meses después de que fuera imputado por el "abuso sexual con acceso carnal calificado (por ser encargado de la educación), en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima y por ser encargado de la educación)" de un alumno de 5 años. Hechos ocurridos entre 2018 y 2019, en el jardín San Roque.

Durante 2021 se realizó la audiencia preliminar, la cual fue apelada, y tras esa resolución se dictaron los autos de apertura de juicio pero no se fijó fecha para el inicio del mismo. El Dr. Broggi expresó que "no nos son achacables los problemas de agenda, como tampoco lo son al imputado. Hay juicios todas las semanas, incluso desde las unidades sexuales tenemos a veces dos juicios la misma semana". Y agregó que "no se podrían fijar más juicios en paralelo porque no tenemos jueces, por ejemplo".

Más allá de esta situación, para los funcionarios del MPA "se mantienen los riesgos procesales" que fundamentaron la imposición de la prisión preventiva a D.C., y de hecho "se ven incrementados por la pena expectativa (pretenden una condena a 16 años de prisión, la querella a 20) y la proximidad del debate".

La querellante Walker Torres también solicitó la extensión, haciéndose eco del planteo de la fiscalía. Recordó que la víctima es un niño pequeño y que las situaciones que debió atravesar tuvieron un fuerte impacto en su psiquis.

Probable absolución

El defensor Sebastián Oroño consideró que "no se dan las condiciones necesarias para aplicar la excepcionalidad de la prórroga", y recordó un fallo de la Cámara de Apelaciones en el que se estableció que "las cuestiones de agenda no son óbice para extender la medida cautelar, porque no hacen a cuestiones atribuibles al imputado".

"Estoy en condiciones de asegurar que lejos de sufrir una pena, mi defendido está en más condiciones de ser absuelto, por lo que no hay motivos para que él mismo pretenda ausentarse. Tenemos un caso sólido desde la defensa", argumentó respecto del riesgo de fuga, mientras D.C. asentía en silencio.

"Entiendo que mi defendido tiene derecho a gozar de su libertad a partir del 3 de marzo, por haber operado el plazo" máximo de la prisión preventiva, expresó Oroño, tras lo cual ofreció una serie de medidas alternativas para cautelar el proceso hasta la realización del juicio. Entre estas, "una fianza profesional con mi matrícula por 2 millones de pesos y fianza personal de otros 2 millones, que aclaro que también la voy a afianzar yo con un bien de mi propiedad, porque esa es la confianza que tengo en mi cliente", la prohibición de contacto con los denunciantes y testigos y la firma semanal ante el MPA.

Faltan jueces

El juez Falkenberg resolvió extender la prisión del docente por 8 meses, que se contarán a partir del 3 de marzo, tras señalar que "no se advierte la existencia de dilaciones injustificadas" en el accionar de la fiscalía.

Sí se refirió a "la dilación del proceso en la ciudad de Santa Fe", más precisamente en la primera circunscripción judicial de la provincia. "Esto tiene que ver con la carencia de magistrados, hay muy pocos jueces que permanentemente estamos realizando dos o tres juicios en simultáneo".

Falkenberg recordó que hay 13 jueces y de estos seis o nueve están destinados a juicios, y el resto se dedica a las audiencias de la IPP (investigación penal preparatoria) y a otras "tareas que incluyen ejecución de pena, cubrir la carencia de jueces de faltas y cubrir también a veces la competencia del fuero de menores, todo lo cual necesariamente impacta en el agendamiento de juicios".

"En definitiva, lamentablemente la carencia de recursos humanos, más precisamente de magistrados, ha generado la dilación de los procesos, que por tal razón no es atribuible a ninguna de las partes", aclaró.

En cuanto a la prórroga, manifestó que "no tendría ningún sentido cautelar a una persona respecto a los riesgos procesales y luego disponer la libertad de la misma muy poco antes de desarrollarse el juicio".