"En la provincia de Santa Fe se roban impunemente propiedades"

Juliano Salierno | jsalierno@ellitoral.com

“No sé qué poderes operaron en esta causa, pero me los imagino”, dijo el abogado Néstor Oroño, que representa a tres de los 26 procesados en la llamada “causa escribanos” o de las “escrituras truchas”.

En quince minutos el defensor de los escribanos Pablo Galván, Martín Peón y del abogado santotomesino Rolando Vergara ratificó ante el juez de Cámara, Jorge Andrés, los agravios presentados por escrito en la apelación del procesamiento de sus clientes; y se explayó sobre lo que consideró los “responsables políticos” del “descontrol” puertas adentro del Registro General de la provincia durante los años previos a la denuncia penal.

Oroño sostuvo que a los escribanos, y por añadidura, al resto de los coimputados “los utilizaron para tapar el descontrol que había en el Registro”. “En la provincia de Santa Fe se ‘roban’ impunemente propiedades”, advirtió el defensor que sostiene que ahora “se pretende responsabilizar a ‘actores de reparto’ cuando la responsabilidad es de los más altos funcionarios políticos con incumbencia en el Registro de la Propiedad”, argumentó.

En la faz estrictamente técnica, se remitió al escrito presentado el pasado 14 de febrero, cuando -a pedido de sus representados- apeló el procesamiento dictado por el juez de Instrucción, Darío Sánchez, a cargo del sistema conclusional de causas penales.

Asociación ilícita

El 29 de diciembre de 2017, el Dr. Sánchez firmó el procesamiento para 26 personas, entre las que distinguió dos grupos: por un lado, quienes habrían pergeñado las maniobras ilícitas y por otro, quienes prestaron su nombre para la consumación.

En cabeza del primer grupo, el magistrado procesó a los escribanos Claudia María del Huerto Dechanzi, Pablo Galván y Martín Oscar Peón, como presuntos “coautores de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí”. Y al empleado del Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia, Daniel Tomassi, considerado “autor de estafa y falsedad ideológica, partícipe principal de estafa, y asociación ilícita”. La lista de procesados la completan otras 22 personas de la más variada extracción social.

La maniobra investigada consistía “en la inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos y/o asientos registrales, su falsificación y/o adulteración, relativos a cambios apócrifos de titularidad dominial y catastral sobre distintos inmuebles, que posteriormente eran ofrecidos, vendidos o transferidos a terceros adquirentes, en perjuicio de éstos, de sus auténticos y legítimos titulares y/o del Estado provincial”, resumió el juez en su escrito de 189 páginas.

“Querellar al Estado”

Si bien el primer expositor cuestionó la aplicación de la figura de la “asociación ilícita”, fueron los Dres. Norberto Rolón y Antonio Ciaurro, a cargo de la defensa de la escribana Dechanzi, quienes ampliaron la crítica.

En primer lugar, Rolón marcó la “incongruencia” existente entre el primer procesamiento -dictado por el juez Jorge Pegassano-, los argumentos vertidos por la Cámara que nulificó dicho acto y los fundamentos nuevamente tomados en el procesamiento del Dr. Sánchez. La Cámara “ilustra sobre las barbaridades en que incurrió Pegassano y Sánchez repitió”, cuestionó.

También se refirió a la declaración testimonial de la entonces presidente del Colegio de Escribanos, Carolina Culzzoni, a quien “no se la menciona en un solo renglón de las 189 páginas del procesamiento” y cuyas explicaciones ponían a resguardo la labor de la escribana Dechanzi.

“No puedo comprender cómo se puede destruir a una profesional con una pésima investigación”, expresó el Dr. Ciaurro, quien cargó nuevamente contra el juez Sánchez y refirió a charlas informales mantenidas con dos altos funcionarios provinciales que -según dijo- minimizaron el conflicto.

“Estaban protegiendo a las autoridades del Registro”, concluyó Ciaurro, quien sostuvo que “se debería querellar al Estado e investigar al Registro y sus autoridades” por lo ocurrido.

Por la tarde

La audiencia se inició pasadas las 8 de la mañana de este jueves, en la Sala N° 5 de la Cámara de Apelaciones y estuvo a cargo del juez de trámite, Jorge Andrés. En total, se registraron 21 oradores, divididos en 15 defensas, 5 querellas y la Fiscalía, esta última representada por el fiscal de Cámaras Miguel Molinari y Rubén Díaz.

La lista de oradores la completan los abogados Angélica R. Rivero; César Andrés Rojas; Mauricio M. Frois y Luciana Chiavarini; César Cello; Luis Alberto Tonetto; María Eugenia Cogliano y Guillermo Carrera; Leopoldo Luis Hilbert y Luis Federico Hilbert; Sebastián Milesi y Silvana Lucrecia Ciarbonetti; Roberto Pablo Büsser; Osvaldo B. Ringa y Osvaldo A. Ringa; Germán Corazza y Fernando Roldán; Alejandro M. Otte y el defensor general Carlos Morales.

Por las querellas actuaban Iván Gabriel Merke (por la Fiscalía de Estado de la provincia); Leandro Corti y Guillermo Carbajo; Leandro Martocchia y Sólito; Héctor Musuruana y Edgardo Sasia; y Alfredo Albretch.

La denuncia

La investigación se inició con una denuncia realizada el 21 de diciembre de 2011, por el entonces secretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Roberto Vicente y la directora del Registro General, Nora Mauro. El motivo: la detección de “alteraciones y/o incongruencias en dos asientos registrales que perjudicaban a un legítimo propietario”.