La única adulta imputada por el crimen del joven santotomesino Jeremías Monzón pretende que la Cámara de Apelaciones revise la prisión preventiva que le fue impuesta a finales de enero.
Se trata de la madre de M.A., la adolescente imputada por haber cometido el homicidio junto a otros dos menores de edad. La adulta es investigada como partícipe secundaria del hecho.

La única adulta imputada por el crimen del joven santotomesino Jeremías Monzón pretende que la Cámara de Apelaciones revise la prisión preventiva que le fue impuesta a finales de enero.
Se trata de Nadia Ivón Juárez, la mujer de 41 años señalada como partícipe secundaria del “homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas”. La fiscalía la acusa de haber prestado colaboración a los tres adolescentes autores del crimen, entre los que se encuentra su hija de 16 años, M.B.A.
La cautelar de máxima fue ordenada por el juez penal Luis Octavio Silva el 29 de enero, por pedido del fiscal de Menores, Francisco Cecchini, y los querellantes Diego Martini y Bruno Rugna.
La mujer cuenta con la asistencia de la defensa pública, que presentó un recurso de apelación. El mismo será resuelto por el camarista Alejandro Tizón. La audiencia ante la Alzada fue fijada para el miércoles 18 de marzo a las 8.30 de la mañana, en los tribunales locales.
Jeremías fue visto con vida por última vez el jueves 18 de diciembre del año pasado, cuando salió de su casa en bicicleta rumbo a Santa Fe. Tras no tener noticias de él, su familia denunció la desaparición, dando lugar a la activación del Alerta Sofía, un protocolo de emergencia para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos en situaciones de alto riesgo.
Cuatro días después, el 22 de diciembre, la policía recibió un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo sin vida en un galpón abandonado en el barrio Chalet, frente al estadio del Club Atlético Colón. La identificación fue positiva.
El cuerpo de Jeremías estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba 23 puñaladas realizadas con un cuchillo y un arma blanca de fabricación casera.
Al solicitar el arresto de Juárez, el fiscal Cecchini presentó como elemento novedoso un registro fílmico obtenido de la cámara de videovigilancia del 911 ubicada en calle Rodríguez Peña al 700. Estas imágenes capturaron un encuentro de cinco minutos entre la mujer y los tres menores de edad apenas una hora después de que se perpetrara el crimen.
El fiscal hizo especial hincapié en la frialdad y previsión que, según su interpretación, mostró la imputada al encontrarse con los jóvenes, quienes habrían actuado siguiendo un plan previamente acordado que incluía la promesa de ayuda para ocultar el rastro del crimen.
La atribución delictiva se centró en la interpretación del video que registró el encuentro posterior al hecho. En esas imágenes se observa a los menores reuniéndose con Juárez detrás de la tribuna este del estadio del club Atlético Colón.
Lo que para la defensa fue un encuentro casual entre madre e hija, para la fiscalía representó una cita coordinada para verificar el éxito del ataque.
En el video, se observa a los jóvenes mostrando un objeto pequeño a Juárez. El fiscal describió cómo uno de los adolescentes abrió su mochila para exhibir una remera blanca que envolvía el elemento, mientras M.B.A. realizaba gestos que imitaban golpes y patadas, los cuales coinciden con la mecánica observada en otro video, en el que los asesinos grabaron la tortura a Jeremías.
Luego, le mostraron a la mujer un celular. Todos observaron la pantalla durante alrededor de cuatro minutos, tiempo que coincide exactamente con la duración del video del homicidio. Tras finalizar, Juárez comenzó a dar indicaciones con sus manos y se dirigieron al Parque del Sur, donde posteriormente se descartaron elementos del crimen, como prendas de vestir y el calzado de la víctima.
Juárez fue imputada como partícipe secundaria del crimen, ya que para la fiscalía ella conocía las intenciones de los menores y se comprometió a prestar ayuda posterior para asegurar la impunidad del grupo. De ser hallada culpable, la escala penal aplicable sería de 10 a 15 años de prisión.
A pesar de que la defensa intentó justificar el encuentro como una coincidencia y Juárez declaró que el video mostrado en el celular correspondía a una pelea callejera previa, el juez Silva consideró que existieron demasiadas coincidencias como para que sólo fueran eso.
El magistrado también destacó el peligro de entorpecimiento probatorio, dado que la imputada ha estado presente en las diversas declaraciones de su hija durante la investigación del paradero de Jeremías, quien cambió su versión de los hechos en múltiples ocasiones, y en libertad podría contactar al resto de los involucrados.
Finalmente, Silva ordenó la prisión preventiva, disponiendo medidas especiales para tutelar la integridad física de Juárez, quien dijo haber recibido amenazas en su lugar de detención. Ahora, la Cámara revisará la resolución de primera instancia.