Giro en el juicio por Maros Turismo: la fiscalía redujo pedidos de condena y retiró cargos

Tras cuatro meses de intenso debate, la causa conocida como Maros Turismo -que investigó una millonaria defraudación a más de cien familias- llegó a la instancia final del juicio.

El martes comenzaron a desarrollarse los alegatos de clausura ante el tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Pablo Busaniche.

Primero fue turno de la fiscalía, que introdujo modificaciones sustanciales a su pedido original de condenas. La readecuación surgió del análisis de las pruebas producidas durante las audiencias, donde se ventiló el colapso de la agencia de viajes que funcionaba en calle 1° de Mayo al 6900 de la ciudad de Santa Fe.

Ratificación, modificaciones y desistimiento

Durante la exposición, las fiscales Rosana Marcolín y Gabriela Arri mantuvieron el pedido de 9 años de prisión para la principal investigada, Marcela Arevalo (60), a quien señalan como la directora de la maniobra delictiva.

Sin embargo, decidieron reducir su pretensión de pena para la ex empleada Lucila García (34), para quien ahora solicitan 4 años de cárcel en lugar de los 9 originales. En la misma línea, para Ana Felice (84), madre de Arévalo y titular registral de la empresa, el pedido bajó de 7 a 3 años de prisión de ejecución domiciliaria.

La sorpresa de la jornada fue el desistimiento total de la acusación contra Ivana Álvarez Flores (49), quien se desempeñaba como la "idónea" técnica de la firma. La mujer había llegado a esta instancia con un pedido de condena de seis años, pero el Ministerio Público de la Acusación consideró que no se lograron reunir elementos de peso para sostener su responsabilidad penal.

El jueves será el turno de las querellas, y se definirá cuándo le tocará a las defensas técnicas presentar sus alegatos de clausura.

Una maquinaria de engaño

La fiscalía y las querellas sostuvieron desde el inicio que la operatoria de Maros Turismo fue una "pantomima" de solvencia que se mantuvo incluso después de que la empresa presentara un concurso preventivo de acreedores el 29 de diciembre de 2016.

Según la acusación original, las imputadas ocultaron deliberadamente este estado de cesación de pagos a los clientes para seguir recaudando saldos de viajes que sabían que no se concretarían.

Los testigos recordaron cómo Arévalo llegaba a las viviendas particulares con una máquina de contar billetes para cobrar miles de pesos en efectivo apenas horas antes del colapso definitivo en enero de 2017.

El entramado incluía el uso de las cuentas bancarias de Ana Felice para desviar fondos, mientras se utilizaban datos de tarjetas de crédito de los clientes para cubrir deudas de otros pasajeros, en una suerte de bicicleta financiera.

Próximos alegatos

Ahora resta conocer si los abogados de las querellas -Celeste Roa Hertelendi, Clyde Balbina Cavalieri, César Rojas y Luis Federico Hilbert- modificarán sus acusaciones para alinearse con la fiscalía o sostendrán sus pedidos de condena.

Los defensores públicos Raúl Sánchez Lecumberri -por Arévalo-, Mónica Echaniz -por Felice- y Abel Alejandro Bustamante Frigeri -por García-, junto a los particulares Diego Martín y Humberto Meili -por Flores-, intentaron demostrar durante el debate que la caída de la agencia respondió a un "estrés financiero" y no a una voluntad inicial de estafar.

Tras casi una década de espera, el proceso entra en su recta final para determinar si hubo una intención defraudatoria.