Usó dinero de bomberos voluntarios para hacer mejoras en su propiedad

Las asociaciones de bomberos voluntarios reúnen en el país a desinteresados trabajadores, los organizan en cuerpos activos, los preparan y capacitan para ser profesionales de la emergencia. También se aseguran de que tengan los elementos necesarios para las distintas contingencias que puedan surgir. En la Argentina existen más de 1.100 entidades integradas por decenas de miles de personas con vocación de servicio cuya misión es "salvar vidas y proteger los bienes de la comunidad". Seguramente por los fines tan nobles de la institución es que causó semejante conmoción en la ciudad de Ceres un hecho delictivo ocurrido tiempo atrás que involucró a quien era en ese momento el titular de la delegación local.

El apuntado es Raúl Walter Acuña, quien hoy tiene 59 años. Fue presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Ceres entre enero de 2021 y abril de 2022. Se ganaba la vida como empleado de un centro de salud privado en ese momento.

Este hombre tenía la confianza de todos y la defraudó.

En el período mencionado contrató albañiles y compró materiales con fondos de la entidad para realizar mejoras en su propia casa. También se compró cubiertas para el auto y artículos de supermercado. Fue descubierto en 2022 por sus compañeros de la comisión. Se organizó una reunión para tratar el tema y el acusado no negó los hechos. Es más, firmó un acta de renuncia en la que se autoincriminaba. Había pagado con dinero en efectivo y también con cheques. Dejó rastros por todos lados.

La causa llegó a la Justicia y quedó en manos de la fiscal Hemilce Fissore, que imputó a Acuña días más tarde por peculado de bienes equiparados a caudales públicos.

Finalmente, luego de distintas negociaciones y con el aval de la asociación, que se presentó como querellante, la fiscalía y la Defensa firmaron un acuerdo para juicio de procedimiento abreviado. El juez José Luis Estévez brindó la homologación en una audiencia realizada esta semana en los tribunales de San Cristóbal. El magistrado condenó al imputado a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional. También le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y una indemnización de $ 1.800.00 que ya fue abonada.