Con las ausencias de Agostina y otras víctimas, Santa Fe renovó el grito contra los femicidios

Las fotos de las víctimas, los carteles violetas y verdes, los bombos y las consignas volvieron a ocupar este miércoles las calles del centro santafesino. A 11 años de la histórica irrupción de Ni Una Menos, cientos de personas marcharon desde la Municipalidad de Santa Fe hasta la Plaza 25 de Mayo -por Urquiza primero y luego por General López- para reclamar políticas públicas contra la violencia de género, en una movilización atravesada por la conmoción que generó el reciente femicidio de la adolescente cordobesa Agostina Vega.

La convocatoria reunió a organizaciones feministas, sociales, sindicales, estudiantiles y de la diversidad sexual bajo una consigna que buscó condensar el clima de época: “Hartas, cansadas y endeudadas, pero juntas y organizadas”. La marcha volvió a poner en agenda una problemática que, después del femicidio de Chiara Páez en Rufino -el caso que dio origen al movimiento en 2015-, sigue sumando víctimas en todo el país.

“A 11 años del femicidio de Chiara Páez, un femicidio espantoso, cruel, volvemos a marchar una vez más. Nunca nos fuimos”, expresó Marisa Pradolini, referente de la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe.

La dirigente sostuvo que la movilización tuvo como eje el reclamo de políticas públicas de cuidado y acompañamiento. “Se pretende retroceder en derechos conquistados, logrados por los feminismos. Nosotras estamos acá en la calle para decirles que no, basta”, afirmó.

La jornada estuvo marcada por los nombres de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, tres jóvenes víctimas de femicidio en las últimas semanas cuyos casos se transformaron en símbolo de la persistencia de la violencia machista. El femicidio de Agostina, una adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, ocupó un lugar central en los discursos y pancartas de la marcha.

“Cuando armamos la convocatoria a esta marcha, que hacemos todos los 3 de junio, tuvimos que modificar dos veces el dato de femicidio porque durante esta semana hubo dos más. Dos femicidios que llegan a los medios, que son públicos y tienen una cobertura mediática importante, y desconocemos los otros que no llegan. Esa también es una cuestión que los feminismos y las disidencias manejamos: esa incertidumbre de que seguramente ocurren otros que no llegan a los medios”, señaló Pradolini.

Números que siguen alarmando

Según la organización Mumalá, en los primeros cinco meses de 2026 se registraron 105 femicidios en Argentina -hasta mayo-, lo que equivale a un asesinato cada 35 horas. El 60% de los casos fue cometido por parejas, exparejas o familiares de las víctimas.

En la provincia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación informó que en lo que va del año fueron asesinadas 12 mujeres. Siete de esos casos fueron investigados como femicidios y ocurrieron en viviendas particulares.

“Según los observatorios de militancia feminista, hay un femicidio cada 30 o 31 horas”, aseguró Pradolini durante la movilización. Y destacó: “Estamos viviendo un clima de época donde pretenden invisibilizarnos. Nos dicen que las denuncias que hacemos son falsas, quieren quitar la figura del femicidio. Hay una avanzada estructural que nosotras denunciamos en la calle”, afirmó.

Lectura del documento

Durante el acto central en la Plaza 25 de Mayo -con gran cantidad de manifestantes-, las organizadoras leyeron un documento conjunto en el que denunciaron el aumento de los femicidios, transfemicidios y lesbicidios y cuestionaron el desmantelamiento de programas nacionales vinculados a género y diversidad. También expresaron su rechazo a iniciativas legislativas que, según entienden, podrían desalentar las denuncias de violencia y abuso, además de reclamar la declaración de la emergencia en violencia de género.

“Nosotras podemos esforzarnos, redoblar nuestros esfuerzos, mancomunarnos, encontrarnos en asambleas. Podemos apoyarnos, pero no somos el Estado, ni tampoco lo queremos ser”, sostuvo la referente feminista.

El documento amplió, además, el foco hacia las consecuencias sociales y económicas del ajuste económico. Las organizaciones vincularon las desigualdades de género con el endeudamiento de los hogares, la precarización laboral, la crisis de salud mental, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de derechos sociales.

Entre los principales reclamos figuraron el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), el acceso garantizado a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal y voluntaria del embarazo, el financiamiento de las universidades nacionales, el reconocimiento económico para las cocineras comunitarias, la restitución de derechos para personas con discapacidad, mejoras para jubilados y jubiladas y una justicia con perspectiva de género.