Desde hace meses los técnicos encargados de la implementación de la Ley Nacional de Bosques en la provincia están alertando sobre una innecesaria demora en el giro de los fondos correspondientes por parte de las autoridades santafesinas. Con más de 6 meses de retraso, la pérdida del poder adquisitivo atenta no sólo contra la economía de los beneficiarios sino que, en el plano simbólico, constituye una señal de desaliento. Por añadidura, se pone en riesgo la conservación de los bosques y los servicios ecosistémicos que ofrecen a la ciudadanía.


































