Cómo afectan las paritarias a las provincias

Walter Agosto, investigador principal del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

economia@ellitoral.com

La semana próxima será decisiva en la negociación salarial que viene desarrollando el gobierno nacional con los gremios docentes, con efectos en el de las provincias y el sector privado. A diferencia de años anteriores, los márgenes de maniobra se han reducido notablemente. El conflicto policial que derivó en aumentos de urgencia para el sector el año pasado, con el consiguiente impacto en el resto de los agentes públicos, así como las mayores expectativas de inflación en función del salto devaluatorio suben el piso y meten presión a la discusión.

A esto se suma que 2013 ha sido un año en el que, más allá de las estadísticas, los aumentos nominales del salario promedio no lograron compensar la inflación con la consecuente caída del salario real, mientras que en enero el flamante IPC-NU registró un inesperado 3,7% y se encamina a superar el 4% en febrero.

En este marco, las demandas se potencian mientras algunos gremios docentes nacionales han reclamado una suba del 61%. El gobierno nacional intenta mejorar su oferta inicial de aumento de 22% escalonado.

Mientras tanto, un grupo de 15 gobernadores intentaron, con poco éxito, coordinar la explicitación de una pauta del orden del 25%. Por su parte, otros mandatarios optaron por la respuesta unilateral -cosa que podría hacer el gobierno nacional de no prosperar el diálogo- decretando aumentos escalonados que alcanzarán el 30% en la segunda mitad del año -San Luis y Santiago del Estero-, en tanto Córdoba y Santa Fe avanzaron en acuerdos con subas de 31,6% y 30%, respectivamente, en dos tramos.

El gobierno central parece consciente de las dificultades de un desborde de la negociación, no sólo por la rápida erosión que implicaría para el tipo de cambio real tras el salto devaluatorio, sino por el impacto que esto generaría en las ya de por sí deficitarias cuentas públicas consolidadas. En esta línea parece inscribirse el aumento de pasividades de 11,3% que se anunció a partir de marzo, uno de los ajustes más bajos desde la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el rubro remuneraciones representa sólo el 13% del gasto primario nacional, en el conjunto de las provincias esa participación asciende al 48%, por lo que el tesoro no sólo deberá lidiar con su propio costo, sino con el de muchas provincias que no podrán afrontar una política salarial laxa.

Las provincias finalizaron 2013 con un resultado financiero deficitario del orden de los $ 11.000 millones, con un gasto en personal de $ 257.000 millones, por lo que cada punto de incremento salarial representa $ 2.570 millones adicionales de gasto.

Si consideramos como un escenario probable, en virtud del estado de las negociaciones, un incremento promedio de sueldos del 30% -lo que equivaldría a una suba de 34% de la masa salarial debido a la automaticidad de ciertos rubros- las jurisdicciones provinciales deberían afrontar la friolera de $ 77.000 millones de incremento en personal, lo que elevaría el déficit a $ 30.000 millones para este año. Si sumamos los $ 23.000 millones de vencimientos de deuda, las necesidades financieras de las provincias redondean $ 53.000 millones.

Pero a diferencia de lo ocurrido el año pasado cuando las recaudaciones tributarias locales aumentaron a un ritmo récord del 50% anual, las provincias ya no podrán aumentar tan fácilmente sus recursos, luego del incremento generalizado de la presión tributaria que vienen registrando. Además, la alternativa de financiamiento vía emisión de bonos bajo la modalidad dollar linked a la que habían accedido algunas jurisdicciones, principalmente las más grandes, ha quedado bloqueada como consecuencia de la devaluación.

Ante este estrecho margen de maniobra, es probable que los gobernadores reduzcan sus pretensiones en materia de obras públicas en un año sin compromisos electorales, lo que no resultará neutro. La caída de la inversión pública afectara el nivel de actividad y la dinámica del mercado de trabajo, repercutiendo negativamente en la recaudación de ciertos tributos. También se podrán postergar pagos incrementando la deuda flotante, pero esto sólo permitirá compensar una pequeña proporción del desequilibrio proyectado. El resto recaerá sobre el tesoro nacional, que sin nuevo financiamiento continuará apelando al recurso de la emisión.