¿Qué es la "canasta básica energética" que impulsa el gobierno nacional?

En dos apariciones públicas, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, expuso por una parte pautas para el aumento de las tarifas sobre los servicios públicos de gas y electricidad y por otra un fuerte recorte previsto para los subsidios del Tesoro a los consumidores.

La Casa Rosada ha dado señales claras de que la clase media sufrirá especialmente los recortes de las ayudas, y que todos los sectores sociales recibirán el aumento tarifario.

Hasta ahora, tanto en su discurso en la audiencia pública para la distribución y el transporte del gas natural por redes, como en su exposición en comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso por la llamada Ley Ómnibus, Rodríguez Chirillo ha recurrido mucho más a conceptos que a números, pese a las preguntas de usuarios y legisladores. Pero de todas formas ha sido claro: la reducción de subsidios se hará sobre la base del plan de segmentación de la demanda diseñado por el gobierno nacional anterior que desde 2022 ha logrado una baja, aunque se mantiene aún en niveles que condicionan la lucha contra el déficit fiscal.

En pocas palabras, en la visión oficial, no se podrán mejorar las cuentas del Estado nacional si los consumidores y usuarios no aceptan otros costos de servicios esenciales como la luz y el gas. El funcionario prometió, frente a tanto ajuste, que una "canasta básica energética" asegure las kilo calorías y los kilovatios básicos para los hogares. No hay aún precisiones sobre cuántos de unos y otros garantizará esa canasta, que será distinta según cada región del país: contemplará zonas frías y cálidas provistas o no de gas en redes.

Situación especial

Quien mire el mapa del país y compare zonas frías y cálidas, y revise la legislación vigente con las medidas excepcionales que dictó Sergio Massa durante la campaña electoral, verá que la provincia del mapa de la bota tiene un perfil particular, acaso por su extensión. Del extremo norte en Gato Colorado, a Diego de Alvear en el sur, hay 711.58 kilómetros lineales. Habrá que esperar entonces qué sucede con la provincia de Santa Fe y la canasta básica energética, porque excepcionalmente ha logrado ser considerada en el centro norte zona cálida para el costo mayorista de la electricidad, pero zona fría para el sur en materia de gas natural por redes.

¿Sólo para los N2?

Rodríguez Chirillo dijo que cambiará radicalmente las normas sobre la segmentación tarifaria que hizo que se dividan en tres grupos según sus ingresos a los usuarios del gas y la electricidad. En Santa Fe, la Epe ha informado que pertenecen al Nivel 1 el 33,2% de sus clientes. Se trata de los sectores de mayores ingresos, que desde mayo de 2022 ya no tienen contribuciones nacionales en sus kilovatios. Pagan la llamada tarifa plana (sin subsidios).

En el otro extremo de la pirámide social, en el Nivel 2, se encuentra la franja más amplia de la población, el 50,5% de los usuarios residenciales de la Empresa Provicial de la Energía tiene los más bajos ingresos de la segmentación y cuenta con el mayor nivel de subsidios. En verano, por tratarse de una zona cálida (según un decreto del gobierno nacional anterior aún vigente) se les subisidian en el nivel mayorista los primeros 600 kilovatios de cada mes.

Finalmente, en el Nivel 3 están los minoritarios sectores medios que alcanza apenas al 15% de los usuarios residenciales de la EPE, que mantienen el subsidio pero en una proporción menor que los N2.

En el caso del gas natural, los números de la segmentación de la empresa que tiene la concesión de la distribución en el norte de la Provincia de Buenos Aires y en Santa Fe son los siguientes: entre bonaerneses y santafesinos el nivel de ingresos más alto N1 suma el 43% (sin subsidios en la distribución, aunque sí en el precio del metro cúbico de gas); en N2, el sector más pobre de los usuarios, el 32% y en el sector de ingresos medios, N3, se encuentra el restante 25% minoritario. En rigor, todos los usuarios del gas natural de todo el país tienen subsidios del Estado Nacional que paga buena parte de la generación.

El criterio anunciado por el funcionario es que los subsidios atiendan solo "la vulnerabilidad", entiende que en cada hogar deben sumarse los ingresos para excluirlos de los subsidios y que hay una "superposición" de beneficios desde el Estado entre planes sociales y subsidios que parece que también se planea revisar.

Lo que viene

El objetivo del gobierno nacional responde a la necesidad de bajar el gasto del Estado nacional en subsidios. Se trata de una política energética que responde a una política marcroeconómica que pone el foco en bajar el déficit fiscal. Es en definitiva una parte del ajuste prometido en la campaña del presidente Javier Milei.

Desde hace demasiados años, en el sector público nacional, los gastos son más altos que los ingresos. El déficit fiscal del sector no financiero del Estado Nacional llega al 3% del Producto Bruto Interno y la mitad de esa cifra en rojo se explica por los subsidios a la energía eléctrica y el gas.

Siempre en términos de mediciones que remiten al PBI argentino, es decir a las riquezas que produce cada año, durante 2023 el costo de esas ayudas fue tan alto que incluso triplicó el de la Asignación Universal por Hijo. De todos modos, la segmentación aplicada desde 2022 ha logrado una baja, porque en 2021 esa proporción era aún más injusta: por cada peso que el Estado Nacional destinaba a ese plan social emblemático de la situación de pobreza de quien lo demanda, había otros 3,5 que iban a los subsidios que muy especialmente beneficiaban a los sectores de ingresos altos y medios.

En 2022 se comenzó a separar de los subsidios a los sectores con ingresos mayores a $ 400 mil mensuales (una cifra que hoy es ridículamente baja) o que cuenten con bienes como más de una propiedad, autos caros o embarcaciones. Pero ahora es el turno de la alicaída clase media y se estiman subas que para la mayoría rondarían entre ambos servicios los $ 50 mil mensuales, en capital federal, donde la energía eléctrica es más baratos que en el resto del país.

La cifra tiene en cuenta el atraso de las tarifas en distribución de gas natural (bajo concesión nacional) y de la distribución de la energía eléctrica (en manos de cada provincia y del Estado Nacional que subsidia solo al Amba). Pero también suma las actualizaciones pendientes para la generación de energía eléctrica y la producción de gas y su impacto final en las tarifas.

Los usuarios, socios solo en las pérdidas para petroleras

Recientemente, el ex secretario de energía Jorge Lapeña, sostuvo que "el gobierno de Milei no tiene una plataforma energética y tiene una dosis de improvisación importante. Es de mal gusto estos incrementos concentrados en un solo mes. El ajuste tiene que hacerse con alguna razonabilidad. Además, si vamos a jugar con las reglas de juego de exportación, bajemos el precio del gas doméstico, cosa que va a ser inaceptable por las corporaciones y las provincias", advirtió.

El presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una referencia habitual en el sector, recordó que rigen aún contratos del llamado "barril criollo" que subió los precios de los combustibles fósiles cuando se retraían a nivel mundial. Advirtió que las petroleras "dicen estar en competencia" pero "cuando no me va bien le pido al gobierno de turno el barril criollo y me lo da, en perjuicio del consumidor".

En declaraciones al sitio Energy Report se le recordó que parte de los costos y los sueldos están en pesos en la producción de los combustibles de consumo interno, que quedaron cerca de los valores internacionales medidos en dólares.

Lapeña respondió: "Tenemos que estar conectados con la economía internacional. En tal caso, si el Estado quisiera podría captar una parte de la renta petrolera por vía de impuestos o regalías y destinarla a reducir el precio interno, por ejemplo en el transporte de ferrocarriles de carga. Los impuestos y subsidios son instrumentos de política".

Y respecto de si existe un verdadero mercado competitivo para el caso de las naftas, explicó: "No. Hay un actor que tiene el 60% del mercado que es YPF. Estados Unidos tuvo un caso así bajo la presidencia de Roosevelt y tuvo que sacar una ley anti trust que obligaba a las empresa de Rockefeller a partirse para que ningún actor tuviera más del 10% y pueda competir. Por lo que hay que mirar con atención la idea de Milei de privatizar YPF porque es un oligopolio".