La inflación recalienta el cuadro socioeconómico

El Congreso es el último reducto del “populismo sin caja”. Sergio Massa y Cristina Kirchner otorgaron un aumento del 69% para los empleados del Congreso de la Nación. Son una isla privilegiada de redistribución en un país cuyas cuentas quebradas amenazan a todo el sistema socioeconómico.

El problema no son en sí esos salarios, sino cómo se financia su pago. El empleador estatal nacional tiene sus cuentas en rojo; para cumplir tiene que emitir o endeudarse; la fuente de financiamiento son títulos que nadie quiere comprar y que impactan en la inflación, que deteriora los bolsillos de todos: empresarios, asalariados, asistidos.

La Asociación del Personal Legislativo, ATE o UPCN cumplen con su trabajo de representación. El tema central son las políticas que la vicepresidenta y el titular de la Cámara baja imponen mientras mantienen privilegios en su entorno inmediato, a costa de todo el sistema.

Obligado a la prolijidad administrativista a pesar de la macroeconomía, Walter Agosto mantiene en Santa Fe razonabilidades contables. La Asociación del Magisterio ya ha reclamado adelantar paritarias; los acuerdos firmados con los docentes -como con ATE y UPCN locales- alcanzarían 46% a septiembre, cuando se podría reabrir la negociación, según se encargó de recordar el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. Todo muy lejos de los salarios del Congreso, aún cuando la Casa Gris no tiene déficit.

Entre los privados, a nivel nacional, el gremio de comercio cerró en abril un escalonamiento hasta 59,5% que se alcanzaría en enero: toda una eternidad. Más conectado al presente, el camionero Pablo Moyano disecciona a su propio gobierno planteando que “Batakis (¿no Alberto?) es la continuidad de Guzmán y cumplirá el acuerdo con el FMI”, por lo que anunció una movilización de la CGT “contra los formadores de precios”.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya sin Antonio Caló -reemplazado por Abel Furlán- negocia una reapertura con reclamos hasta un 65%, 20 p.p. más que lo acordado hasta aquí. Las cámaras empresarias, acechadas por faltantes e incrementos de insumos, rechazan el pedido.

Desde la CTA, Hugo Yasky dice que “Batakis le habló a los jugadores poderosos de la economía argentina. Necesitamos saber si va a haber un aumento de salarios, un bono para compensar la inflación, si va a haber actualización de jubilaciones. El movimiento obrero tiene que empezar a movilizarse”. El legislador le reclama a la ministra; cobra lo que Massa concede.

Las góndolas, como el dólar

Mayonesa 150,8%; cereales 133,9%; pan de molde 124,6%; azúcar 110%; fernet 108,6%; jabón de tocador 107,8%; mermelada 99,8%; máquina afeitar 99%; pañales 97,9%; harina 97,4%. Los datos de Damián Pi Pace (Focus market) sobre su muestreo en tiempo real de precios góndola, a junio interanual, explican la demanda sindical. Pero más aún señalan el problema extremo de la macroeconomía argentina.

¿Quién tiene la culpa? En la lógica del discurso oficial, campea el simplismo inconducente. La portavoz Gabriela Cerruti, desde el atril que el presidente le presta, adjudicó a "maniobras especulativas" algunos "faltantes puntuales y transitorios", y cargó contra quienes remarcan precios por "especulación, codicia o incertidumbre", tras lo cual les reclamó que "no jueguen con la mesa de los argentinos".

El dólar se dispara a valores históricos (el blue cerró $290 este jueves) y el gobierno cambia al presidente de la Comisión Nacional de Valores para tratar de presionar el mercado de Contado con Liquidación ($294,60). La AFIP incrementa el impuesto sobre el uso de tarjetas de crédito en el exterior, pero eso no consuela a las reservas.

Miguel Pesce sabe que en la base de los problemas está el déficit que obliga a la emisión descontrolada de pesos sin respaldo e impacta en inflación y precios. El presidente del Banco Central negocia -implora- que los bancos le presten el dinero que la Casa Rosada gasta y no recauda, pero el credo kirchnerista impone negar la evidencia sin asumir la responsabilidad ni las consecuencias.

Si la solución fuera darle a la maquinita y repartir, sería fácil calmar al Polo Obrero como Cristina y Massa lo hacen con los empleados legislativos. A ellos como a Juan Grabois, que amenaza con irse el Frente de Todos, se los podría beneficiar no sólo con un salario básico universal.

Daniel Arroyo fue uno de los primeros ministros de Alberto en alejarse del gabinete. El ex de Desarrollo Social prometió canjear planes asistenciales por trabajo cuando asumió en el gabinete. Fracasó. Ahora dice que el mundo -no sólo la Argentina- marcha a un salario básico universal. Pero a diferencia de Cerrutti, de Cristina o de Massa, admite que “no hay condiciones fiscales para hacerlo de una”.