Críticas metodológicas a la quita de subsidios del gobierno nacional

La primera voz extraña al elenco de funcionarios gubernamentales que explicaron y justificaron la reducción de los subsidios estatales a los hogares, que se apoyará en “presunciones” para estimar ingresos en los hogares, fue de una usuaria de Hernández, Entre Ríos. Comparó las facturas de esa provincia con las de porteños y bonaerenses y advirtió que los efectos del ajuste serán más duros en el interior. En el Amba, aún con muy altos consumos, en hogares sin subsidios, se pagaron en enero $ 16 por kW/h, pero los entrerrianos de la misma categoría que cuidaron mucho el recurso, $ 63 por kw/h.

Fueron efectivamente del interior la enorme mayoría de las quejas, entre otras tantas, con la advertencia de que a los niveles N2 y N3 a ajustar ya sufre un fuerte aumento del transporte por la quita nacional.

Otro usuario, que comenzó por advertir que había perdido la conexión justamente por un corte de luz, alcanzó a decir la palabra “hipocresía” y más tarde pudo explicar que esa era la actitud del gobierno nacional tras al acusarlo de “mandatario” de los intereses de las empresas.

Con más o menos crudeza se les recordó a los funcionarios de los entes de control nacionales que deben vigilar la regulación de las prestadoras que obtuvieron concesiones a cambio de inversiones aún pendientes.

En la letra fina

Pero las críticas más interesantes fueron de quienes tienen más elementos de juicio, en especial las defensorías del pueblo y los directores de entes reguladores de distintas provincias.

La defensora Adriana Santagati, de Río Negro, fue a las fuentes. Leyó y señaló errores metodológicos de los informes técnicos de la Secretaría de Energía de la Nación para la construcción de la Canasta Básica Energética (el mínimo que una familia necesita para su subsistencia) y que pone límites a los kilovatios y metros cúbicos de gas a subsidiar según los ingresos presuntos de cada hogar.

Dijo que los promedios determinados como límite para la CBE en la Patagonia “son muy bajos”, inferiores en un 50% y 20% “en el caso del gas y la electricidad”. Un usuario neuquino advirtió que el sur produce el 90% del gas que consume el país y merece precios más accesibles. Cayó muy mal la comparación de sus consumos con las de los países nórdicos que hizo un funcionario nacional.

La defensoría del Pueblo de San Luis advirtió que “aunque conocen perfectamente las bajas temperaturas” que se sufre cada invierno se han hecho estimaciones “por debajo de la supervivencia”.

Imprecisiones

La defensora rionegrina explicó que la tabla de electrodomésticos provista por el Enre usada para los cálculos no tuvo en cuenta que la población de escasos recursos no tiene equipos nuevos sino viejos de alto consumo.

Reclamó la segmentación de la tarifa según el horario para incentivar el aplanamiento de picos y valles de demanda, como vía para una mayor eficiencia en el uso de los recursos en lugar de limitarse al incremento de las tarifas a los usuarios residenciales como única señal para evitar el derroche, una inquietud que marcaron casi todos los críticos de la medida.

Licuadora

Lo mismo sucedió con el reclamo para que se tome en cuenta la suba de la casta básica alimentaria, de los alquileres y del transporte público y el derrumbe de lo salarios, antes de quitarle subsidios a capas medias y bajas. Reclamó participación del interior en la toma de decisiones que se adoptan desde Buenos Aires, sin consultar a las provincias.

Carlos Saravia, del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, pidió que la carga de los usuarios pueda ser en papel (“no nos han dejado en la gestión anterior”) y explicó que en 2023 esa oficina asumió la carga “porque 46 % de su población carece de conectividad a internet”.

Lamentó la eliminación de fondos fiduciarios para el transporte de la energía eléctrica que deja en grave situación de incertidumbre al NOA y “los privilegios que reciben Edenor y Edesur, sobre los que nos hemos quejado ante la gestión anterior que les perdonaron deudas”, además de pagar el Estado Nacional sus casos sociales.

Mostró su preocupación porque en Cammesa se han desplazado altos cuadros técnicos (gerentes) sin un reemplazo a la vista.

“Somos los entes reguladores de todas las provincias, después de todo lo que ustedes deciden, los que tenemos que salir a firmar cuadros tarifarios”, de las distribuidoras de energía eléctrica provinciales que trasladan los aumentos nacionales, se quejó.

Reclamó sostener sin cambios los subsidios al nivel de ingresos 2 (bajos) y en el N3 (medios) ser más precisos: “no es lo mismo poseer un avión o un yate que un auto de menos de 5 años comprado a crédito”.

Dudas por cómo el Estado accede a datos privados

La defensora del Pueblo de la Nación, Margarita Grosso hizo “observaciones” para evitar que se excluya injustamente a familias que necesitan el subsidio y “dudas” a partir del análisis de los informes técnicos ofrecidos por el gobierno, sobre cómo se consideran los ingresos totales del hogar. ¿Se cuentan los ingresos brutos o los netos? ¿Cómo se calculan los ingresos informales teniendo en cuenta el alto porcentaje de trabajo no registrado? ¿Se tienen en cuenta los gastos soportables por los hogares vinculados a la accesibilidad de la vivienda, pago de alquileres o cuotas de préstamos hipotecarios de vivienda única? ¿Cómo se evalúa el caso de quienes carecen de agua de red y deben utilizar una bomba que consume energía eléctrica?

“Solicitamos que sea revisado el ítem que habla de la medicina prepaga (para excluir a hogares del subsidio), acceder a la salud es un derecho y hay ejemplos de personas forzadas a contar con esa prestación”, dijo. Exigió que “toda la política de servicios públicos tenga como centro a la persona”, de acuerdo con recomendaciones de Naciones Unidas.

Dentro de una metralla de preguntas, disparó las siguientes: ¿Qué sucede con quien tiene un vehículo de menos de cinco años para trabajar en un empleo no registrado, por ejemplo para mensajería o el traslado de personas con discapacidad? ¿Con qué fuentes se conocerá el consumo de telefonía celular?.

El precio de las garrafas

Hubo quejas por el precio de las garrafas de 10kg, de hasta $ 12.000 en pleno verano y temor por su futuro costo en invierno cuando suba la demanda. Entidades de consumidores destacaron que la actual gestión ha abandonado los controles para la garrafa social. El aumento del gas envasado fue del 100% en los últimos meses.

Sin el secretario

El intendente de Esteban Echeverría lamentó la ausencia del secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirilo, en la audiencia pública llevada a cabo por su secretaría. “No sé qué más importante puede hacer el funcionario que presidir este acto”, dijo el dirigente justicialista que desde hace 15 años conduce ese municipio bonaerense. En 2023, realizó 44 denuncias por apagones de Edesur y otras diez por tener 700 postes en mal estado en ese distrito.