Análisis del Plan de Estabilización del Gobierno Nacional (Parte I)

Por Dr. Claudio Fernández Macor

La larga agonía de la sociedad argentina

Nuestro país ha experimentado un prolongado período de decadencia social y económica que se extiende por al menos cincuenta años, siendo la evolución en la productividad del trabajo en el sector industrial un factor explicativo central. De acuerdo a datos recopilados por ILOSTAT (portal central de estadísticas laborales de la Organización Internacional del Trabajo) y presentados en el gráfico que acompaña la presente nota, durante el periodo 2001-2022 la tasa de crecimiento anual promedio de la productividad del trabajo fue del 8.2% en China, 2.9% en Corea del Sur, 2.8% en Chile y 1.9% a escala mundial, mientras que en Argentina fue apenas de 0.2%. Esto indica que la productividad del trabajador argentino se distancia cada vez más de la media mundial.

En consecuencia, la producción nacional enfrenta crecientes dificultades para competir en el mercado mundial requiriendo cada vez más recursos, asistencia y protección estatal. Aun así, los capitales que operan en nuestro país tienden a desaparecer, son cada vez más pequeños y valen cada vez menos, generando grandes masas de población excedente (*) que toman la forma de desempleo, empleo público, jubilados sin aportes, empleo informal, beneficiarios de planes, entre otros. El capitalismo argentino, que hace cincuenta años absorbía casi el 100% de la fuerza laboral, hoy absorbe como mucho el 50%, el resto, "sobra".

La estrategia para postergar el colapso social ha consistido en subsidiar, por un lado, a los capitales industriales rezagados para evitar su quiebra y, por otro, a la población excedente. En el primer caso, las medidas incluyen exenciones de impuestos, créditos a tasas preferenciales, regímenes de promoción, subsidios directos, tipos de cambio diferenciales, proteccionismo comercial, estatización de deuda, obra pública, entre otras. En el segundo caso, programas sociales, subsidios a personas, a cooperativas de trabajo, jubilaciones anticipadas, empleo público, entre otros.

Las fuentes que utiliza el estado para financiar esta estructura inviable y cada vez más costosa varían según la coyuntura e involucran renta de la tierra (aumento en la recaudación por aumento en los precios de commodities exportables) y/o déficit fiscal financiado con endeudamiento externo o interno. En todos los casos, se actúa sobre la superficie dejando inalteradas las causas subyacentes. Entendemos que eliminar el déficit fiscal en la coyuntura actual es necesario, pero sin un plan de desarrollo productivo las causas de fondo quedan inalteradas, y cualquier equilibrio macroeconómico que pueda lograrse será siempre transitorio.

Shock fiscal y equilibrio presupuestario

En medio de un descalabro macroeconómico casi sin precedentes, expresado en un fuerte desequilibrio fiscal y cambiario, hiperinflación, desequilibrios en los precios relativos, altísima deuda en pesos a corto a plazo tanto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como del tesoro nacional, un gigantesco excedente de pesos y reservas del BCRA agotadas, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) está ejecutando una serie medidas que parecen conformar un plan de estabilización ortodoxo (con elementos monetarios heterodoxo), fundamentado en la idea de que el déficit fiscal del Estado nacional es la génesis de todos los problemas económicos, sociales y productivos. Tal como lo señaló el ministro de Economía: "El déficit fiscal y la emisión asociada es la causa última de los problemas de argentina", "siempre se ha operado sobre las consecuencias y no sobre la causa, que es el déficit fiscal" (discurso del 14 de diciembre de 2023).

El conjunto de medidas económicas ya ejecutadas y las incluidas en la "ley ómnibus" puede agruparse en tres áreas: 1) Fiscal; 2) Monetaria; 3) Cambiaria. Empezamos con lo fiscal.

Puntapié inicial: reducción del gasto público

El gobierno de LLA pretende eliminar la inflación mediante la reducción de la emisión y el excedente de pesos. Se propone llevar a cero un déficit fiscal del 5.5% del PBI, la corrección del déficit se alcanzaría, un 40% por aumento de ingresos y un 60% por reducción de gasto. Entre las medidas para reducir el gasto, se destacan las siguientes:

- A. Reducción en los subsidios al transporte y la energía.

Durante la primera década de los 2000 se creó un régimen de "subsidio a la oferta" de servicios públicos que se fue haciendo muy costoso en términos económicos. El régimen consiste fijar desde el estado la tarifa a que las empresas deben prestar los servicios. Los defensores del sistema argumentan que así se facilita el acceso a personas de menos recursos y se mejora la distribución del ingreso.

Al fijar una tarifa por debajo del costo de producción del servicio, el estado debe subsidiar al proveedor para que cubra el costo y obtenga una ganancia razonable. Es decir, la reducción en el precio de los servicios se completa con una transferencia de recursos del estado hacia las empresas proveedoras. Solo para el año 2022 las transferencias a las distribuidoras mayoristas de energía eléctrica fueron 12.500 millones de dólares. Al examinar el panorama en su totalidad, puede apreciarse la incongruencia de un sistema que presenta tarifas considerablemente bajas, incluso para grandes empresas y sectores de ingresos elevados, que en parte es financiado por la población de menos recursos cuando paga el IVA incluido en el precio de los alimentos.

Actualmente los subsidios a la energía eléctrica, el gas y el transporte de pasajeros (es decir, los subsidios a las empresas proveedoras) representan 2.2 % del PBI y se aspira a reducirlos al 1 % de PBI hacia mediados de 2024 e ir hacia un esquema de "subsidio a la demanda" que destinará 70% de los recursos a la energía y 30% al transporte.

En este caso, el ajuste fiscal vía reducción del gasto público significaría 1% del PBI.

- B. Recorte de la obra pública:

Los recursos destinados por el estado nacional a la obra pública representan el 1.7% del PBI. Según se anunció, se cancelan todas las licitaciones aun no adjudicas y los recursos se recortarían al 0.7% del PBI. La justificación esbozada tiene un grano de verdad, la obra pública es una fuente de corrupción y negociados espurios. Los sobreprecios, las licitaciones discrecionales, el club de la obra pública, los cuadernos de centeno, son expresiones de la complicidad entre grupos empresarios y la clase política para saquear recursos del estado. Sin embargo, el recorte a la obra pública expresa algo más profundo: la ausencia de un proyecto de desarrollo productivo. A partir del siglo todos los casos de desarrollo exitoso han sido acompañados de un programa de inversión pública funcional, coherente, planificado y coordinado.

A través de la inversión pública el estado construye el "capital fijado", esto es, la infraestructura social de la que ninguna empresa puede ocuparse individualmente pero que es imprescindible para cada una de ellas. Nos referimos a la logística de transporte (construcción y mantenimiento de vías de transporte fluvial, terrestre y aéreo), logística de distribución (puertos), investigación básica y tecnológica aplicada a la producción, formación de trabajadores (escuelas, universidades), exploración de ramas "potencialmente" productivas, conectividad digital. Buena parte de este "capital" (en algunos casos el sector completo), no es rentable para el capital y debe ser desplegado por el estado en tanto representante de los intereses colectivos. En un país en que la infraestructura productiva está en franca decadencia, la productividad del trabajo estancada y que se halla cada vez más imposibilitado de competir en el mercado mundial, el recorte de obra pública no expresa más que la ausencia (y la renuncia) de cualquier pretensión de desarrollo económico y productivo, que como señalamos antes, y esperamos desarrollar en otra oportunidad, es la causa de fondo de los problemas que sufre nuestro país.

- C. Recorte de las TNA a las provincias:

El recurso principal en el presupuesto de las provincias es la coparticipación federal. En nuestra provincia, representa aproximadamente el 60% de los recursos, mientras que en Formosa, La Rioja y Chaco alcanza el 90%. La ley de coparticipación establece la masa total coparticipable (distribución primaria) y su distribución entre las jurisdicciones (distribución secundaria). Otro mecanismo de asignación de recursos del estado nacional a las provincias son las "Transferencias no automáticas" (TNA).

Actualmente, estas transferencias representan el 0.7% del PBI y el gobierno de LLA quiere reducirlas al 0.2% del PBI. A diferencia del régimen anterior, carece de reglamentación y el poder ejecutivo decide de manera discrecional cómo distribuir estos recursos entre las jurisdicciones subnacionales. Esta discrecionalidad ha convertido el sistema en una herramienta de coerción y prebenda política y electoral hacia las provincias. En 2023, el 45% de las TNA fueron destinadas a PBA, le siguen CABA 8 %, Santa Fe 4%, la rioja 3.9% y Chaco 3.8%. En términos per cápita, La Rioja, Santa Cruz, Formosa y Chaco son claramente las más beneficiadas.

Las TNA explican un 8% de los ingresos provinciales en término medio. Las jurisdicciones presupuestariamente más dependientes son la Rioja 13%, Santiago del Estero 11 %, PBA 9.1% y Chaco 9% y por lo tanto serían las más perjudicadas por este ajuste, en este sentido, no es casual que el gobierno de la provincia de La Rioja haya anunciado la creación de una cuasi moneda con la que pretende compensar la reducción de recursos. Podemos anticipar que dados el destino de la cuasi moneda y la situación financiera de la provincia el valor de mercado será una fracción muy menor del valor nominal lo que afectará significativamente los salarios de los trabajadores del estado provincial.

El recorte en las TNA está desatando una disputa entre la nación y las provincias, para que se compense la reducción aumentando la recaudación de impuestos coparticipables, lo que en principio sería un sendero deseable puesto que se reemplazarían transferencias discrecionales por ingresos coparticipables. En la próxima entrega, trataremos el aumento en la carga impositiva que completa las medidas fiscales, e iniciamos el análisis de las medidas monetarias, las más importantes e inciertas del plan del gobierno nacional y las menos discutidas.

(*) La definición de "población excedente" no es una categoría moral. Nos referimos a la población que es expulsada del sistema productivo en tanto este se achica y atrasa.