En un gobierno sin Presupuesto, la "lapicera" decide

Cuando en Estados Unidos el Congreso no aprueba un presupuesto, sucede lo que se conoce como "shutdown". El Ejecutivo queda imposibilitado de hacer pagos y tiene que mandar a sus casas a los empleados públicos federales, aunque los "esenciales" deben seguir prestando servicios sin cobrar sueldos y hasta tanto haya ley.

Allí el presupuesto funciona como una verdadera autorización de gastos del Congreso al presidente, que no puede "gobernar a sola firma". En Argentina el mecanismo es distinto. Tras el revés en la Cámara de Diputados a la hora de conseguir la aprobación del Presupuesto 2022, el Gobierno nacional deberá a través de un decreto -ya lo anunció Martín Guzmán- "prorrogar" la partida presupuestaria de 2021.

De acuerdo a la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, se otorga al Congreso de la Nación un rol protagónico pero no excluyente en el proceso presupuestario.

En el artículo 27 de dicha normativa, se establece que en caso de que no se sancione una Ley de Presupuesto antes del inicio del nuevo ejercicio, debe regir la partida presupuestaria con algunas adecuaciones.

El proyecto de ley de Presupuesto, que debe presentarse a mediados de septiembre de cada año, cuenta con los detalles específicos respecto del uso que se hará cada año del gasto público. La Casa Rosada lo presentó en tiempo y forma este año, pero demoró 3 meses "por razones electorales" en hacerlo tratar en Diputados, y la historia terminó mal cuando Máximo Kirchner pateó el tablero de un análisis que el Ejecutivo impuso a marcha forzada.

En caso de prorrogar la partida presupuestaria vigente, las modificaciones a incluir en los presupuestos de recursos son la eliminación de los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente, excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero y estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio.

En tanto, en los presupuestos de gastos se debe eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos, además de incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.

Recalculando

Si bien desde la institucionalidad se establece que es necesaria la aprobación de una ley de presupuesto cada año, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de recalcular la estimación de recursos.

De esta forma, la Ley de Administración Financiera contempla -a diferencia de Estados Unidos- un mecanismo legal para garantizar el normal funcionamiento del Estado y la ejecución de las políticas públicas, incluso en ausencia de una Ley de Presupuesto aprobada y promulgada para el año en cuestión.

Pero en este caso el presidente gana "discrecionalidad" a la hora del gasto. Como la inflación "mejora" nominalmente la recaudación y los montos previstos en partidas de gastos quedan desactualizados, se activa la potestad a través de jefatura de Gabinete de asignar partidas "excedentes". El gobierno "a sola firma" funciona en el país, con especial favor a la administración de Axel Kicillof.

En la Argentina, existen dos antecedentes de no aprobación del Presupuesto y prórroga: en 2019 y en 2010. El caso que más se asemeja al actual es el del año 2010, ya que tampoco se pudo sancionar una ley de presupuesto en Diputados por falta de quórum.

El otro antecedente data del Presupuesto 2020, dado que luego de ganar las elecciones presidenciales, Alberto Fernández anunció su decisión de no presentar un nuevo proyecto de presupuesto 2020 y de no apoyar el presupuesto presentado por el ex mandatario Mauricio Macri, optando por la prórroga del presupuesto vigente en ese momento.

El gobierno podría mandar al Congreso las partidas nuevas cuando no tiene presupuesto. La administración de Alberto Fernández lo hizo un año y fue acompañada con las sanciones legales correspondientes. Pero en la última ocasión, el camino elegido fue el de los DNU.