La Justicia repuso al directorio Vicentin y redujo al mínimo el rol de la intervención estatal

Juan Chiummiento

El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de Vicentin Saic, le asestó este viernes un duro golpe a las aspiraciones del gobierno nacional sobre la empresa. A través de una resolución publicada en horas del mediodía repuso en sus funciones al directorio designado por la última asamblea de accionistas, cuyos miembros habían sido corridos de sus cargos tras el DNU 522/2020. En el mismo texto, estableció que los interventores designados por la Casa Rosada pasen a ocupar el rol de simples veedores.

El fallo de Lorenzini -titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista- se da como respuesta a un pedido que la propia agroexportadora ingresó dos días atrás. Se trata de un baldazo de agua fría a las intenciones del presidente Alberto Fernández, quien durante esta semana pareció recular su paso.

“No soy un necio”, había dicho, para luego mostrarse “abierto a escuchar propuesta”. Algo de ello había comenzado a suceder (los diputados del socialismo habían presentado un proyecto para evitar la expropiación y permitir la entrada de la Provincia), pero el nuevo escenario obligará a barajar y dar de nuevo.

En su fallo de 15 páginas, el juez le dio intervención a la Inspección General de Personas Jurídicas provincial, “a los efectos de que, si lo estima pertinente (...), adopte medidas que estime corresponder”.

Ninguna casualidad

Más allá de las diversas lecturas que puedan hacerse de la resolución del magistrado, lo cierto es que pone de manifiesto la absoluta improvisación que viene mostrando el gobierno nacional respecto al tema Vicentin. Empezando por las formas en que formuló los anuncios (¿por qué había una senadora de Mendoza y ningún representante de Santa Fe?), pasando por el instrumento jurídico elegido (un DNU con una pobrísima fundamentación) y demorándose ya casi dos semanas en mostrar algún plan en concreto sobre qué hacer con Vicentin.

Quizás la muestra más cabal de que las cosas se resolvieron entre gallos y medianoche fue que Gabriel Delgado, el interventor designado, no realizó a la fecha ninguna manifestación pública. Ello resulta por demás llamativo, máxime teniendo en cuenta que goza de buena credibilidad en el sector agropecuario. Amén de estar recuperándose de una reciente operación, ¿cómo se explica que no le haya dado visibilidad a ninguna reunión en estos diez días?

Afirman en el entorno de Delgado que desde la conferencia de prensa hasta hoy sostuvo innumerables reuniones virtuales vía Zoom con las más diversas entidades. Explican que no saldrá a decir nada hasta que no esté la letra fina del proyecto. Mientras tanto, el juez de la convocatoria le redujo su poder de fuego y lo bajó a la categoría de veedor controlador, una figura regulada por el artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras.

Borradores de un proyecto

Si bien circularon borradores de supuestos proyectos de ley, nada fue ratificado oficialmente. Las únicas “alternativas superadoras” -tal las palabras utilizadas por el gobernador Perotti a la salida de la reunión que mantuvieron en Olivos la semana pasada los funcionarios con los titulares de Vicentin- vinieron desde la oposición.

Tras el “plan Lavagna”, que propuso apelar a la acción de oro para evitar la expropiación, luego aparecieron expresiones desde Juntos por el Cambio y el Partido Socialista.

A no confundirse igualmente. Aún queda mucho terreno por delante y la política todo lo puede. No sería la primera vez que el peronismo juega a hacerse el distraído y marca la agenda con un giro repentino de sus estrategias. De todas formas, por ahora, el partido por Vicentin muestra al gobierno en desventaja.

El riesgo de un “colapso total de la administración”

El juez hizo lugar a la solicitud de Vicentin, que no solo fundó su pedido en cuestiones del derecho sino también en aspectos directamente operativos. A través de su abogado Guido Ferullo, planteó que como consecuencia de la situación generada por el DNU podría provocarse “el colapso total de la administración”. Tal aseveración la argumentan en el hecho que la compañía procesa de manera diaria “incontables contratos, órdenes de pago, liquida salarios, abona impuestos y concreta una compleja variedad de operaciones agrocomerciales.

“El manejo de semejante cantidad de operaciones demanda no solamente conocimiento específico del sector de negocios en que la empresa desarrolla sus actividades, sino también una cantidad razonable de personas humanas que puedan articular su accionar en pos de una correcta administración de la sociedad y sus negocios”, planteó Ferullo, para luego decir que “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.

Incompetencia

En su demanda, Vicentin había solicitado a Lorenzini que declare la inconstitucionalidad de la normativa nacional. Sin embargo, el magistrado se declaro incompetente para dicho pedido, por considerar que tal cuestión no se cierne estrictamente al proceso concursal que dirige.