Metalúrgicos piden al gobierno que no se derogue el régimen de bienes usados

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) le pidió al Gobierno nacional mediante una nota al secretario de Coordinación de Producción Pablo Lavigne, que no derogue el régimen de importaciones de bienes usados por el impacto que tendrá en las empresas locales, al tiempo que se mostró dispuesta a trabajar en posibles cambios que mejoren el sistema.

La nota enviada por ADIMRA argumentó que permitir la adquisición de bienes de capital usados desalienta la inversión en tecnología de fabricación nacional e impacta negativamente en las empresas locales, comprometiendo su capacidad para competir y desarrollarse. Además, se señaló el grave impacto en materia de seguridad y calidad para los usuarios que adquieran dichos productos.

El reclamo de los industriales metalúrgicos se suma a la advertencia expresada la semana pasada por la Federación de Industriales de Santa Fe y al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini quien enfatizó que están en alerta y que sería un "retroceso" para la industria provincial una medida de este tipo, al tiempo que manifestó que desde el gobierno provincial están "trabajando con los industriales revisando costos y buscando líneas de financiamiento para que el productor se equipe".

En el caso de Fisfe, la gremial empresaria expresó la semana pasada su profunda preocupación por las consecuencias económicas, productivas y ambientales que tendría la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para maquinaria agrícola, que impactaría directamente en el sector que tiene más de 200 empresas que generan 5 mil empleos directos, particularmente en la región de Las Parejas, Armstrong y Las Rosas, además de una cadena de valor que incluye talleres metalmecánicos, proveedores de chapa y pintura, y empresas de tecnología de precisión.

"Permitir la importación de maquinaria usada introduciría una competencia desleal: mientras estos equipos enfrentan un 26,5% en gravámenes, los insumos necesarios para fabricar maquinaria nueva soportan un 47%".

"Esto no solo perjudicaría a los fabricantes, sino que impactaría toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad", dice el comunicado de la entidad.

También, advierte Fisfe, sobre los riesgos ambientales que esta medida puede provocar a partir de la propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores y que han causado pérdidas de más de 11 millones de toneladas que provocaron pérdidas de exportaciones por más de 1.600 millones de dólares.

La norma que el gobierno nacional quiere derogar en nombre de la desregulación fue creada durante la gestión de Domingo Cavallo y establece una serie de mecanismos complejos y restrictivos que involucran al Estado, los empresarios nacionales y los importadores, que evitan el ingreso indiscriminado de maquinaria agrícola desde otros países.