La evasión le roba a la Argentina casi la mitad de lo que recaudan los impuestos distorsivos

Hay en la Argentina una desembozada pelea de modelo político -de plata y poder- entre Javier Milei que reclama a los gobernadores bajar impuestos distorsivos -en especial Ingresos Brutos- y gobernadores que no ceden el recurso alegando que sin rutas, escuelas y salud -que Nación abandonó- el país se hunde.

Más aún, en la carrera electoral es una disputa tan fuerte, Martín Llaryora, el gobernador cordobés, dijo el jueves ante empresarios del Coloquio de Idea que “si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”. Fue una frase pronunciada en un helipuerto de frontera, entre el diagnóstico y la amenaza.

¿Debe la Argentina achicar más el gasto o cobrar más impuestos? La pregunta -que bien puede definir la propuesta de una y otras fuerzas hacia los comicios- tiene por ostensible ausencia a los pagadores de impuestos. Y los empresarios dejaron ayer en el Coloquio un relevamiento que deja en evidencia que hay una añosa deuda de la política a la hora de contabilizar la mejor respuesta.

La clave es la evasión

ARCA calcula que la Argentina tiene una tasa de evasión del 37% en el Iva; en Colombia es 23%, en Chile 19% y en Uruguay 15%. Si el país redujera su tasa de evasión al promedio de esos vecinos, mejoraría la recaudación 4 puntos porcentuales del PBI, es decir la mitad de lo que hoy se recauda por impuestos distorsivos, con Ingresos Brutos, retenciones y tasas municipales por servicios que no se prestan.

Matías Surt, socio-director de Invecq y profesor de Macroeconomía UBA-UCEMA-CIAS, expuso los resultados del trabajo de un año de la “célula fiscal” de los empresarios reunidos en IDEA.

"Pasamos de un gasto público que en promedio en los ‘90 representaba aproximadamente 29 puntos del PBI; nos fuimos a 43 puntos en el año 2015, que fue el récord de la serie", reseñó el especialista.

Comentó que “en los últimos 10 años y obviamente muy concentrados en el esfuerzo fiscal que hizo este gobierno en 2024 particularmente y lo pudo mantener durante el 2025, hemos visto una reducción a 32,5, que es lo que estimamos que va a estar cerrando este año”.

Añadió Surt que “de esos 10 puntos y medio, 8 puntos y medio fueron reducción del gasto público nacional, un 1,8 puntos es reducción del gasto público provincial y 0,2 puntos del PIB es una reducción del gasto público municipal”.

¿Qué olla rascar?

“Que el jefe de Gabinete reasigne partidas”, dice la oposición cuando aprueba leyes que incrementan el gasto. “No se pueden cumplir las leyes que no asignan recursos”, replica el oficialismo. La dialéctica es institucionalmente corrosiva.

El informe del especialista de la Célula Fiscal de Idea les recordó a unos y otros que el Pacto de Mayo señala un gasto de 25 puntos del PBI. Los recursos tributarios están en 27,8 puntos del PBI y los no tributarios facilitan el polémico superávit fiscal.

“La voracidad recaudatoria pisa las asignaciones específicas: eso no es ahorro fiscal”, se quejó el gobernador Ignacio Torres, de Provincias Unidas, en un panel junto a su par cordobés. “Eso es subejecución presupuestaria y tenemos que hacernos cargo de la seguridad, de la educación, de la justicia ordinaria, de las rutas nacionales”, añadió en precisa descripción.

Para Surt, la perspectiva del abordaje es otra. El sector formal de la economía es el que paga impuestos, por lo que la carga tributaria efectiva va del 35% al 52% según la cadena de valor (a más eslabones, más impuesto distorsivo de Ingresos Brutos por su efecto cascada).

La distorsión se hace más aguda si se tiene en cuenta además que es una carga efectiva sobre el sector formal de la economía, que es por definición el que paga los impuestos.

“Cuando uno mira la composición interna de esta carga tributaria, encuentra que entre el 20% y el 35% de todos los impuestos que están contenidos en estos productos son esos impuestos distorsivos”, detalló.

Tres problemas

“Aceptar que la estructura tributaria argentina tiene que ser relativamente alta no implica necesariamente aceptar que la estructura impositiva tenga que recaer sobre impuestos distorsivos, es decir, que tenga que depender de los peores impuestos que existen para el desarrollo del sector privado”, advirtió Surt.

“Tampoco se deben aceptar los altos niveles de evasión que hacen que esa alta carga tributaria, además de distorsiva, recaiga de forma muy despareja y muy desigual entre empresas, segmentos y mercados.

“La estructura impositiva actual, que es la que tenemos que cambiar, genera principalmente tres problemas”, dijo el analista. “Imposibilita la inversión y el crecimiento económico, encarece bienes y servicios para el consumidor genera una competencia desleal entre los formales y los informales”.

El fenómeno “pone en desventajas a las empresas exportadoras que quieren salir al mundo, que quieren salir a la cancha y que compiten con importaciones en un contexto de apertura económica que creemos que es muy beneficioso, pero siempre que nivelemos la cancha”.

El reconocimiento

“Ingresos brutos es uno de los impuestos más distorsivos que existe. Por supuesto que sí”, reconoció el gobernador de Chubut. Tras referir un proceso de baja progresiva en su provincia, reclamó de la Nación un abordaje “más amplio que la discusión solamente en términos fiscales”.

Para Llaryora, “hay que armar una reforma integral, de varios temas, no solo de los fiscales”. Recordó que su provincia tiene leyes de promoción fiscal (no cobra IIBB y Sellos) pero pidió una “discusión franca, equitativa y federal”.

“Tiene que haber un marco general de un modelo de país… y sobre ese marco hacer las reformas tributaria y laboral. Argentina tiene que enganchar hacia la producción para generar trabajo y la sostenibilidad fiscal”, concluyó.