Por Gustavo Capeletti
La comisión de la Multisectorial del Norte Santafesino, una agrupación conformada por instituciones y personas de esta región a partir de la grave crisis desatada luego de la aplicación de las retenciones móviles, envió a los legisladores nacionales por Santa Fe una carta abierta donde critican el accionar de éstos durante el conflicto campo-gobierno.
En ella dan cuenta de la situación del conflicto imperante en el país y el comportamiento de algunos de estos representantes, por lo que, “conscientes del rol institucional que nos cabe como entidades intermedias y de nuestra vocación republicana, consideramos oportuno expresar que la existencia del conflicto ha demostrado que desde del gobierno se han realizado actos que, más que encontrar una solución, están destinados a poner de rodillas o lograr un escarmiento al sector productivo.
“Es muestra de ello —expresan— la existencia de innumerables mentiras a sabiendas, provocaciones” que han permitido que “reine la estupidez, mientras la sociedad sufre las consecuencias”.
Acto seguido, indican que los pueblos de la mayoría de las provincias están paralizados, el circuito económico se encuentra quebrado y, “en definitiva, pierden la región, la provincia, el país”. El afán recaudatorio y la orden de confiscar indiscriminadamente la producción han sido las causas de este conflicto, asestan.
“El voto popular que los ha ungido en sus cargos ha sido precisamente para cumplir los mandatos de nuestra Constitución, entre ellos, representar los intereses de nuestra provincia”, señalan con dureza, a la vez que indican que “la sociedad no los ha elegido para ser obsecuentes con el gobierno de turno o autoridad de un partido, no los han elegido para ser servidores y obedientes”, sino para, entre otras cosas, “debatir lo político y económico en serio, para transparentar el uso del poder”, remarcan.
En este sentido, profundizan sus críticos conceptos al afirmar que “quienes ocupan cargos nacionales, provinciales, municipales y comunales deben asumir responsablemente el compromiso que la norma fundamental impone. La sociedad los ha votado para que los ejerzan, no para delegarlos”.
Como ecuación final, insisten en aseverar que es imprescindible, “para solucionar los conflictos, se cumpla el rol y las funciones que la Constitución les impuso y como punto de partida, de una vez por todas, cumplan con el mandato constitucional de 1994, que estableció la obligación de dictar un nuevo orden jurídico para la Coparticipación Federal de Impuestos”.
Esto, a fin de dotar a las provincias del instrumento necesario para reclamar por sus derechos, para evitar “el actual sometimiento y el manejo de una portentosa caja que no tiene fines distributivos, sino la de premiar y castigar voluntades”.
La existencia de una vida republicana, la división de poderes, una efectiva autonomía de gestión de los Estados provinciales, la vigencia de un verdadero federalismo y la creación de un marco de certeza y legalidad exigen de ustedes el comportamiento aquí requerido, finalizan.
Carta a Binner
La nueva entidad remitió también al gobernador Hermes Binner una misiva donde le solicitan, en su carácter de “máxima autoridad constitucional y representante de la Provincia de Santa Fe, que arbitre medidas urgentes para solucionar el conflicto”.
En los considerandos advierten que la actual situación “revela que la crisis excede al sector agropecuario, y lo más preocupante es que está afectando al sistema representativo, republicano y federal. Hoy, el Poder Legislativo se ha convertido en un mero delegado de la política ejecutiva y el Poder Judicial se encuentra subordinado de diversas maneras al poder político de turno”, disparan.
Agregan que, bajo este panorama, el gobierno actual ha realizado una “cooptación extorsiva de las voluntades políticas de las provincias, a partir del manejo de una Caja que reparte discrecionalmente.
“A nuestro Estado provincial, desde el año 2002, el gobierno nacional le ha sustraído sumas millonarias en materia de coparticipación federal de impuestos, esto es por la aplicación inconstitucional de las retenciones o derechos de exportaciones sobre productos que conforman nuestra matriz productiva”, denuncian.
A esta voluntad expresa y perversa del gobierno nacional de no coparticipar impuestos, se suman la desidia, el servilismo y la obsecuencia de algunos legisladores, que han permitido este proceso, a través del otorgamiento de facultades extraordinarias a un funcionario y organismo, consignan, en clara alusión a los superpoderes de los que goza el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Por la tanto, evalúan que existe una “vejación de los derechos de los habitantes y de nuestra provincia, agravada por la actitud de nuestros representantes en el Congreso nacional”, que, en lugar de cumplir con sus obligaciones de contralor al Poder Ejecutivo, han desactivado sus funciones esenciales, desnaturalizando el sistema republicano, expresan en la parte medular de la comunicación epistolar.
En atención a la gravedad de la crisis, la existencia de un “gobierno nacional autista”, que no sabe ni quiere conocer lo que está pasando, solicitan que la “provincia asuma de manera decidida la defensa de sus intereses”.
Para ello, instan a Binner a que promueva la demanda de inconstitucionalidad de todos los derechos de exportación que hayan sido establecidos por el Estado nacional y recuerdan que es obligación ineludible de las autoridades provinciales terminar con la desigualdad fiscal, la desviación de poder que fomenta el autoritarismo, el centralismo y el clientelismo político.
































