La UNR celebró la ley de financiamiento y alertó por un posible veto presidencial

El Senado de la Nación sancionó este miércoles la ley de financiamiento universitario, una norma que busca dar respuesta a la crisis que atraviesa el sistema en materia presupuestaria y salarial. La ley actualiza partidas de funcionamiento para las universidades nacionales y establece la recomposición de los sueldos de docentes y no docentes, golpeados por la inflación de los últimos dos años.

La medida fue impulsada tras meses de reclamos y manifestaciones en todo el país, con una fuerte movilización de la comunidad académica y el respaldo de la sociedad civil. En la Cámara alta, la iniciativa obtuvo un respaldo superior a los dos tercios, mientras que en Diputados estuvo a un voto de alcanzarlo.

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la aprobación: “Es un paso muy importante, una ley razonable que resuelve estructuralmente los problemas que venimos señalando en los últimos años”.

Bartolacci agradeció el trabajo de legisladores y destacó la lucha de la comunidad universitaria, que sostuvo sus funciones pese a condiciones muy adversas. “Queremos agradecer el acompañamiento de diputados y senadores, y también el esfuerzo de la comunidad universitaria que en muchos casos, con recursos precarios, hizo lo posible para sostener la actividad. Además, fue clave el reconocimiento de la sociedad argentina: sin ese respaldo no hubiésemos llegado hasta acá”, aseguró.

La norma implica una actualización automática del presupuesto universitario y de los salarios en función de la inflación oficial. El rector remarcó que la medida no implica una carga fiscal desmedida: “Es apenas el 0,2% del Producto Bruto Interno lo que se necesita para recomponer el desfasaje. Así se eleva la inversión en educación superior al 0,7% del PBI. Para comparar, países como Alemania, España o Israel destinan entre el 3 y el 5%. No es generosidad: es inteligencia, porque saben que en la sociedad del conocimiento es estratégico invertir en educación y ciencia”.

El riesgo del veto

Consultado sobre la posibilidad de un veto presidencial, Bartolacci fue claro: “El Gobierno ya lo ha anunciado y seguramente intentará avanzar con un veto. Pero el acompañamiento parlamentario nos da expectativa de que, en caso de que eso ocurra, podamos insistir y sostener la ley”.

Para ello, explicó que el CIN trabajará con legisladores de cada provincia. En Santa Fe, las conversaciones con diputados y senadores nacionales comenzaron hace meses, junto a los rectores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf). “Si se produce el veto y el Congreso lo trata, vamos a pedir a los legisladores santafesinos que nos acompañen. No se trata de un reclamo corporativo, sino de defender el derecho de los estudiantes y de toda la sociedad a una universidad pública de calidad”, apuntó.

La situación salarial

Uno de los puntos más críticos que aborda la ley es la recomposición de los sueldos de docentes y no docentes. Bartolacci describió un panorama alarmante: “Entre el 50 y el 60% de los docentes hoy cobra entre 200.000 y 600.000 pesos. No puede ser que quienes tienen la responsabilidad de formar a las próximas generaciones de profesionales estén en estas condiciones. Eso provoca renuncias, desdoblamientos laborales y pérdida de calidad educativa”.

El rector advirtió que muchos profesores con gran trayectoria abandonan las aulas por falta de condiciones dignas. “Quien se queda es por vocación, por amor a la docencia, pero no porque pueda vivir de ese salario. Y cuando un docente formado durante años renuncia, aunque se designe a otro, no se repone esa experiencia. Estamos perdiendo capital humano valiosísimo”, lamentó.

Presupuesto 2026

Más allá de la sanción de la ley, Bartolacci planteó un desafío urgente: “La norma soluciona el problema presente y hacia atrás, pero si no tenemos presupuesto aprobado para 2026, la situación del sistema universitario será límite”.

El rector recordó que hace dos años el sistema funciona con presupuestos prorrogados, lo que genera un deterioro constante. “Necesitamos que el Congreso apruebe un presupuesto realista para 2026. No se trata de holgura, sino de garantizar los mínimos indispensables para que las universidades sigan funcionando”, subrayó.

Derecho a la universidad pública

Para cerrar, Bartolacci apeló a su experiencia personal como hijo de una familia del interior de la provincia: “Yo nací en San Jorge, y a mis padres les costó mucho que yo pudiera estudiar. Sé el esfuerzo que hacen miles de familias en todo el país para que sus hijos lleguen a la universidad pública. Lo que defendemos es la posibilidad de que eso siga sucediendo. Si no existiera la universidad pública, muchos de nosotros nunca hubiésemos podido formarnos como profesionales”.

Con un tono enfático, dejó una reflexión final: “Lo que está en juego es definir qué país queremos tener. Un país mejor es aquel que entiende que la educación es estratégica. Hoy estamos discutiendo mínimos indispensables para que el sistema funcione. Vamos a insistir todas las veces que haga falta, con responsabilidad y firmeza”.