Dillon: "La desinversión en la universidad ancla el crecimiento productivo del país"
La decana de Ciencias Económicas de UNL advierte el impacto que implica el desfinanciamiento en la educación superior en un sentido amplio. Docentes con salarios de pobreza, becas que no alcanzan, calidad académica que se resiente y un efecto multiplicador en la economía que se diluye. La facultad prepara una actividad para mostrar con datos cómo el ajuste golpea al sistema.
Dillon: "La desinversión en la universidad ancla el crecimiento productivo del país"
Anticipando un informe que analiza estos datos y será presentado la próxima semana, sostuvo que "el desfinanciamiento es, en realidad, una desinversión en el sentido que ancla las posibilidades de crecimiento en términos productivos de la Argentina en los próximos años".
“Trabajamos con 0,5% del PBI: el desfinanciamiento es una decisión política”, alertó la decana de Económicas de la UNL. Foto: Guillermo Di Salvatore.
Explicó con datos que la magnitud de los recortes del gobierno nacional se traducen en docentes con salarios de pobreza y pluriempleo, magras becas para estudiantes, una merma de la calidad académica, deficiencia en la infraestructura universitaria y un impacto económico negativo en el producto bruto regional.
"No solamente es la cuestión del veto la que hoy nos ocupa, sino fundamentalmente las decisiones políticas que hay detrás. Cuando hablamos de números a veces no se toma conciencia del impacto real que tienen. Por eso buscamos aportar datos que den cuenta de la compleja realidad que vivimos, entendiendo que la academia forma parte de la sociedad y que tenemos una retroalimentación permanente", aseguró Dillon.
El significado del veto
Para la decana, los números esconden una decisión política: “la situación en la que estamos es muy complicada. La inversión en las universidades en el año 2024 cayó un 22%. Y hoy estamos trabajando con un financiamiento universitario del 0,5% del PBI, cuando la ley vetada pensaba en llegar a un 1,5%", sostuvo.
En su mirada, el ajuste no es inevitable: “Del análisis de la ley vetada entendemos que no comprometía el déficit cero. Había mecanismos previstos para calzar los mayores gastos con la recaudación. Por eso insistimos en que lo que prevalece es una decisión política. En Economía enseñamos que la sábana es corta y que los recursos son escasos, pero también sabemos leer las prioridades: hay partidas que crecieron mucho más que el presupuesto universitario. Esto habla de qué se elige financiar y qué se deja caer”.
“Los recortes salariales y de infraestructura anclan el futuro de la universidad pública”, recalcó Dillon. Foto: Manuel Fabatía.
“Este presupuesto, que ya fue dos veces reconducido, muestra que existen partidas que sí han tenido o mayor importancia en el producto bruto que el presupuesto universitario. Entonces, ahí hay una decisión política, entendiendo que hoy hay un desfinanciamiento que implica una política clara de no priorizar el sistema universitario, dejando afuera lo que eso significa en materia de ascenso social, construcción de ciudadanía y democratización del conocimiento”, enfatizó.
“La norma planteaba ingreso, permanencia, condiciones laborales, infraestructura, e incluso la creación y fortalecimiento de carreras estratégicas para el desarrollo del país. Todo eso quedó en la nada. El veto es una señal clara de desfinanciamiento y de entender que para el gobierno la universidad no forma parte de la solución, sino que la ve como un problema”, definió.
El salario docente, en caída libre
Dillon describió un panorama de precariedad en los docentes universitarios: “Nos encontramos con una situación de pluriempleo cada vez mayor en los docentes. Hoy un cargo de dedicación simple significa en bruto unos 270 mil pesos. Nadie puede vivir con eso. Eso impacta directamente en la calidad académica y en la posibilidad de sostener equipos estables de investigación y extensión”.
La decana aportó datos concretos: “En el análisis comparativo de noviembre 2023 a agosto 2025 encontramos un 29,1% de caída real en el poder adquisitivo. Y si lo medimos desde 2011, la pérdida es del 40%. Son números que el propio gobierno reconoce como el porcentaje que habría que recomponer para equiparar salarios. Mientras tanto, hay cátedras que cambiaron de docentes dos o tres veces en lo que va del año porque no pueden sostener la situación, pese al amor que tengan por la universidad pública”.
A ello sumó que están congelados los nuevos cargos, generando problemas adicionales: “la mayoría de la planta son dedicaciones simples, con menor remuneración. Eso genera un desfinanciamiento de la obra social, que es solidaria. Las consultas, medicamentos e insumos están desfasados. Y el sistema empieza a quebrarse. Es otro problema serio”.
El ajuste advirtió que también se traduce en deficiencia edilicia que atenta contra la excelencia académica: “En gastos de equipamiento tenemos una caída del 85% en los recursos de capital, de acuerdo al análisis que hicimos a través de la cátedra de de administración pública, anclando las posibilidades de generar más y mejor conocimiento".
La economía de los estudiantes se resiente
Completó el cuadro con la realidad de los estudiantes. “Hoy las becas no llegan a cubrir el 10% de lo que necesita un alumno para estudiar. Y destacó al respecto el daño que genera al efecto multiplicador que tiene la universidad en la economía regional.
“Por cada peso que gasta la universidad, el producto que se genera en la región es de 1,88. Y por cada peso que invierten los estudiantes que no son de Santa Fe, el impacto es de 1,56. Esto lo tenemos estudiado, es dinero que se vuelva en el desarrollo local. Si se recorta ahí, también se recorta en el producto bruto geográfico. Ese impacto tampoco está siendo considerado”, planteó.
"Por esto es que queremos dar un diálogo sincero, llano, donde se entienda de qué hablamos cuando hablamos de déficit cero, de ingresos y gastos. Porque no se trata de números fríos: necesitamos contexto, mirada crítica, compromiso institucional. Y sobre todo, vocación de incidencia en las políticas públicas”, apuntó Dillon.
Hay transparencia, no hay presupuesto
En reiteradas ocasiones, el Gobierno nacional justificó los recortes con el argumento de supuestas irregularidades en el gasto universitario. Dillon respondió sin rodeos sobre las auditorías: “No solo hemos sido auditados como corresponde, sino que además somos parte de un sistema que se controla. La auditoría interna de la UNL certificó normas de calidad. Incluso desde nuestra facultad desarrollamos un sistema de auditoría trazable, abierto, que presentamos a toda la universidad y a otras que quisieran usarlo.
Mientras tanto, todas las miradas están puestas en este lunes, cuando el presidente Milei presente el proyecto de presupuesto 2026. Consultada sobre las expectativas, la decana sostuvo: “Si miramos los últimos dos años, no es muy prometedor. Pero seguimos expectantes. Tener una ley de presupuesto es vital: ordena ingresos y gastos, da seguridad jurídica. Este año tuvimos una reconducción de la reconducción, y eso implica discrecionalidad. Necesitamos que el presupuesto 2026 marque rumbos y que se lo defienda en el Congreso. No queremos otra excepción: necesitamos un presupuesto acorde al valor agregado que generamos como sociedad y como sistema universitario”.
Perfil
Liliana Dillon es Decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Es magister en Docencia Universitaria. Diplomada Superior en Desarrollo Local y Economía Social. Profesora Disciplina Economía. Docente investigadora en áreas de Ciencias de la Educación y Economía y Negocios, autora de diversos trabajos. Fue codirectora y responsable en proyectos de extensión, además de contribuir a la formación de recursos humanos en pasantes y tesistas de la FCE-UNL. Fue jurado de tesinas, trabajos finales y/o tesis. Entre 2018 y 2022 fue vicedecana a cargo de la Secretaría Académica de la FCE-UNL. También fue secretaria de Investigación y directora de Extensión en la misma Facultad.