Santa Fe: reclamos por la falta de entrega voluntaria de armas y dudas sobre qué hacer con las heredadas

El cierre de las delegaciones del Registro Nacional de Armas en Santa Fe y Rosario abrió un escenario de incertidumbre para miles de ciudadanos que poseen armas de fuego registradas o que buscan regularizar su situación. Desde la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe (ALUASAFE) advierten que la falta de oficinas presenciales genera “una vulnerabilidad administrativa sin precedentes” y reclaman que el servicio se restablezca de forma urgente.

La situación tomó mayor visibilidad en las últimas horas a partir del caso ocurrido en la ciudad de San Cristóbal, donde un estudiante utilizó una escopeta que pertenecía a su abuelo para perpetrar un ataque dentro de una escuela. El hecho volvió a poner sobre la mesa una pregunta frecuente en muchas familias: qué hacer con armas heredadas o guardadas durante años en los hogares.

El cierre de las delegaciones

El organismo nacional encargado de regular las armas en el país —históricamente el Registro Nacional de Armas (RENAR) y luego la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)— atravesó en los últimos años una serie de cambios administrativos. La situación quedó reflejada en el sitio web oficial donde se informa que “el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones no se encuentra vigente desde el 31 de diciembre de 2023. Por el momento no se reciben armas de fuego y/o municiones”.

En 2025, un decreto del gobierno nacional dispuso nuevamente su transformación institucional y reorganización dentro del Ministerio de Seguridad, con la intención de digitalizar gran parte de los trámites vinculados a la tenencia y registro de armas.

Sin embargo, en la práctica el cierre o la falta de atención en delegaciones del interior generó complicaciones para los usuarios. Hasta hace poco, la provincia contaba con oficinas en la ciudad de Santa Fe —en Francia al 3500— y en Rosario, que funcionaban como centros de asesoramiento y recepción de trámites.

Para los legítimos usuarios, esas oficinas eran el principal punto de contacto con el Estado.

Vacío normativo

“El Estado exige cumplir la ley, pero cierra las ventanillas”, resumió Claudia Córdoba, referente de ALUASAFE, quien sostuvo que la desaparición de la atención presencial dejó a los usuarios sin herramientas para cumplir con los requisitos legales.

“La política actual apunta a digitalizar todos los trámites, pero en el mientras tanto hay expedientes en papel, situaciones excepcionales y consultas que el sistema no contempla”, explicó Córdoba. Según detalló, muchas personas terminan recurriendo a gestores privados o viajando a otras provincias —como Entre Ríos— para completar trámites que antes se realizaban localmente. “También hay quienes ante los impedimentos desisten de tramitarlo”.

Desde la asociación sostienen que el problema no es solo burocrático. “El Estado exige el cumplimiento de normativas estrictas pero clausura las bocas de atención donde el ciudadano debe cumplirlas”, advirtieron.

En ese contexto, ALUASAFE asegura que asumió un rol de “puente administrativo”, asesorando a los usuarios sobre prórrogas, renovaciones y reclamos ante el organismo nacional para evitar que queden en infracción por demoras o trabas del propio sistema.

Cultura de tiro y reclamo federal

El reclamo también se apoya en un argumento cultural y territorial. Según la entidad, Santa Fe es una provincia con fuerte tradición de tiro deportivo y caza, además de una amplia red de clubes y entidades vinculadas a estas actividades.

Por ese motivo, consideran que depender exclusivamente de trámites a distancia o de una oficina ubicada a cientos de kilómetros contradice el principio de federalismo administrativo. “Exigimos la reapertura de delegaciones o la implementación de operativos territoriales eficientes”, plantearon.

La pregunta que vuelve: la escopeta del abuelo

El cierre de las oficinas también impacta en otra política pública clave: el programa de desarme y entrega voluntaria de armas. En distintos operativos realizados en los últimos años en Santa Fe y Rosario se recibieron cientos de armas y miles de municiones para su destrucción, con incentivo económico para quienes las entregaban.

Ese programa se convirtió durante años en una vía simple para que muchas familias se desprendieran de armas heredadas o guardadas sin documentación, un fenómeno habitual en el interior del país.

Sin delegaciones activas y con trámites centralizados, esa alternativa quedó hoy prácticamente fuera de alcance para muchos ciudadanos.

El resultado, advierten especialistas, es un problema: armas olvidadas en cajones o roperos que permanecen en los hogares sin registro ni control estatal.

Un sistema en transición

Desde ALUASAFE remarcan que su organización es una asociación civil y no tiene acceso a los registros ni sistemas del organismo nacional, por lo que su tarea se limita a brindar asesoramiento técnico y legal. “No podemos intervenir en los expedientes ni en los tiempos de respuesta. Nuestro objetivo es acompañar al usuario para que pueda cumplir la normativa”, aclararon.

Mientras tanto, la entidad insiste en que la solución debe venir del propio Estado: restablecer la atención presencial o desplegar mecanismos de atención territorial que permitan regularizar la situación de miles de usuarios en la provincia.

Porque detrás del debate administrativo aparece una pregunta concreta que se repite en muchos hogares santafesinos: qué hacer con esa vieja escopeta que alguna vez fue del abuelo.