Argentina rechazó en la ONU una resolución contra la esclavitud africana

Argentina votó junto a los Estados Unidos e Israel por el rechazo a una resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen más grave contra la humanidad”.

La resolución se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y solo tuvo esos 3 votos negativos frente a 123 afirmativos y 52 abstenciones, entre ellas varios países europeos como España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.

El texto fue presentado por Ghana en nombre del Grupo Africano, con el respaldo político de la Unión Africana y otros bloques regionales que empujan desde hace años el debate sobre memoria histórica y reparaciones.

La oposición de parte de los representantes de Javier Milei en la ONU fue interpretada por medios internacionales como un nuevo gesto de alineamiento con Washington e Israel en un tema que, por su naturaleza, abre discusiones de reparación y responsabilidades históricas.

Qué dice la resolución

El corazón del documento define a “la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos” como “el crimen más grave contra la humanidad”, por su escala, duración, brutalidad y consecuencias que —sostiene— todavía persisten en forma de racismo estructural y desigualdades.

"La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital", indica el documento.

Además de la condena simbólica, el texto insta a los Estados vinculados a esa historia a avanzar en mecanismos de justicia reparadora (incluye menciones a disculpas formales y otras medidas) y reclama la restitución “pronta y sin trabas” de bienes culturales, obras, archivos y documentos a países de origen.

El argumento de los Estados Unidos

Estados Unidos sí dejó asentada una justificación política: su misión ante la ONU consideró el texto “problemático” y sostuvo que no reconoce un derecho legal a reparaciones por agravios históricos que “no eran ilegales” según el derecho internacional vigente en el momento en que ocurrieron, aunque reiteró la condena moral a la trata transatlántica.

Ese enfoque —condenar el hecho pero objetar el encuadre jurídico y la derivación hacia reparaciones— explica parte del mapa de abstenciones en Europa, donde varios países dijeron que comparar atrocidades históricas o jerarquizarlas puede abrir conflictos de memoria, sin desconocer el fondo del drama.