Perú ordenó la captura internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez

El Poder Judicial de Perú ordenó este viernes la detención internacional de la ex primera ministra Betssy Chávez y dispuso cinco meses de prisión preventiva, en el marco del proceso que la acusa de intentar quebrar el orden democrático. Chávez permanece alojada en la Embajada de México en Lima mientras espera un salvoconducto para abandonar el país.

La resolución del juez Juan Carlos Checkley sostiene que existe un “riesgo evidente de fuga” y la posibilidad de que el juicio oral quede sin efecto si la imputada sale de territorio peruano. La medida incluye oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Acusaciones

La Fiscalía Suprema Anticorrupción informó que obtuvo la prisión preventiva de la ex funcionaria por los delitos de rebelión o, de manera alternativa, conspiración contra el Estado. El proceso judicial comenzó en marzo de 2025 y contempla una pena máxima de hasta 25 años de cárcel. Chávez lleva 18 días en la sede diplomática mexicana, donde solicitó protección política.

Según medios peruanos, la Embajada de México reforzó su seguridad ante eventuales manifestaciones o intentos de detención.

Tensión diplomática

La situación judicial de Chávez derivó en un conflicto político internacional. El Gobierno de México rechazó la ruptura diplomática anunciada por Perú y calificó la decisión como “unilateral, excesiva y desproporcionada”. Afirmó que su postura respeta el derecho internacional y no constituye injerencia en asuntos internos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el asilo concedido a Chávez se otorgó de acuerdo con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, firmada tanto por México como por Perú.

Contexto del caso

Chávez integró el Gobierno de Pedro Castillo entre 2021 y 2022 y fue señalada por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Tras aquel episodio, la Justicia abrió una investigación que actualmente se encuentra en etapa avanzada de acusación formal.

Mientras continúa el trámite judicial y la disputa diplomática, la ex primera ministra permanece en la residencia mexicana a la espera de una definición que determine si podrá abandonar Perú o será detenida una vez que se ejecute la orden judicial.