Bolivia da luz verde a un crédito de USD 1.900 millones del FMI en medio de su crisis económica

El Congreso de Bolivia aprobó el viernes 18 de septiembre un programa de financiamiento por unos USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un acuerdo a 36 meses destinado a respaldar el programa de reformas económicas del gobierno de Rodrigo Paz.

La iniciativa había sido aprobada el jueves por la Cámara de Diputados y recibió el viernes la sanción definitiva del Senado. El acuerdo todavía debe ser ratificado por el directorio del FMI, que tiene previsto analizarlo el próximo 2 de octubre.

El programa forma parte del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y contempla medidas destinadas a reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas internacionales, establecer una política monetaria más restrictiva y avanzar hacia un régimen cambiario más flexible.

El Gobierno boliviano también espera que el acuerdo permita acceder a nuevos créditos de organismos multilaterales. Según las autoridades, el programa podría facilitar financiamiento adicional por más de USD 5.000 millones del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos durante los próximos tres años.

El fin de los subsidios a los combustibles

Uno de los principales compromisos asumidos por Bolivia es la eliminación de los subsidios estatales a los combustibles. La medida constituye uno de los puntos centrales del programa de estabilización acordado con el FMI.

En ese marco, el presidente Rodrigo Paz anunció el viernes la eliminación inmediata del subsidio al diésel, cuyo precio comenzó a ajustarse a los costos de importación. El Gobierno sostiene que el esquema anterior favorecía el contrabando hacia países vecinos y contribuía a profundizar los problemas de abastecimiento.

La eliminación del subsidio se produce en un contexto de escasez de combustibles y divisas. Durante los últimos meses, Bolivia atravesó dificultades para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel, mientras las reservas internacionales y la disponibilidad de dólares se redujeron.

Según datos citados por Reuters, el Gobierno calcula que las reservas internacionales netas se ubican en unos USD 3.170 millones, aunque solamente USD 52 millones corresponderían a activos líquidos. La administración de Paz proyecta elevar las reservas hasta casi USD 6.000 millones para fines de 2026.

El Ejecutivo también anunció medidas de asistencia para amortiguar el impacto de las reformas. Entre ellas figura un nuevo bono destinado a unos 2,9 millones de personas y una línea de créditos preferenciales por 800 millones de bolivianos para transportistas, comerciantes, artesanos y productores.

Reclamos y presión sobre el Gobierno

La eliminación de los subsidios genera resistencia entre sectores vinculados al transporte y la producción agropecuaria, que utilizan grandes volúmenes de combustibles y han advertido sobre posibles movilizaciones.

La tensión social se suma a un escenario económico complejo. En los últimos meses, Bolivia atravesó bloqueos de rutas y protestas que afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos. Ante el riesgo de nuevas movilizaciones, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana una extensión por 90 días del estado de excepción vigente desde junio.

El programa acordado con el FMI establece como objetivo reducir el déficit fiscal desde el 9,1% del PBI previsto para 2026 al 3,8% en 2028. El Gobierno también busca recuperar el acceso al financiamiento internacional y recomponer las reservas de divisas.

El primer desembolso del FMI, de acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, rondaría los USD 250 millones y podría concretarse pocos días después de la eventual aprobación del programa por parte del directorio del organismo.