Caso Agostina Páez: piden una indemnización de 150.000 dólares por el video del padre

El juicio por racismo contra la abogada argentina Agostina Páez en Río de Janeiro ha tomado un rumbo inesperado en sus instancias finales. Lo que comenzó como una denuncia por insultos discriminatorios en un bar de Ipanema, se ha transformado en una batalla legal de altas proporciones económicas.

La querella, representada por la abogada Tamara Fejolo, presentó alegatos finales exigiendo una indemnización que supera los 150.000 dólares (aproximadamente 120 salarios mínimos por cada una de las cuatro víctimas).

La estrategia de la acusación dio un vuelco al incorporar al expediente el video viral de Mariano Páez, padre de la imputada. En dicha grabación, se observa al hombre repitiendo los gestos racistas (imitando a un mono) por los que se juzga a su hija, mientras afirma ser un “empresario, millonario, usurero y narco privado”.

Para la querella, estas declaraciones no solo son una afrenta a la Justicia brasileña, sino la prueba de que la familia posee la solvencia necesaria para afrontar una sanción económica severa con carácter "pedagógico".

El patrimonio bajo la lupa judicial

El documento de 15 páginas presentado ante el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro hace hincapié en el estándar de vida de Agostina Páez. Según la acusación, sus publicaciones en redes sociales sobre viajes, moda y gastronomía internacional evidencian una capacidad económica que justifica el monto reclamado.

"Considerando las circunstancias del caso y la extensión del daño, la suma requerida es proporcional y razonable", sostiene el escrito. Cabe recordar que la abogada argentina regresó al país la semana pasada tras obtener un habeas corpus, previo pago de una fianza de 18.800 dólares, monto que la defensa considera más que suficiente para cubrir cualquier reparación eventual.

La defensa denuncia "oportunismo económico"

Desde el entorno de Páez, la abogada Carla Junqueira anticipó que presentará una impugnación formal ante el juez Guilherme Duarte. La defensa sostiene que la querella intenta introducir pruebas de manera extemporánea, ya que la etapa probatoria está cerrada. Además, calificaron la maniobra como un intento de desvirtuar las leyes contra el racismo para obtener un beneficio económico indebido.

“La legislación existe para proteger a las víctimas, no para aprovechar situaciones de vulnerabilidad con fines de lucro”, señaló Junqueira. La letrada argumentó que la jurisprudencia en Brasil suele fijar topes de entre 1.000 y 6.000 dólares para casos de daño moral por discriminación, lo que vuelve el pedido de la querella algo "sin precedentes" en la región.

Cuadros clínicos y sentencias inminentes

Otro punto de fricción es el certificado médico presentado por una de las denunciantes, una cajera de 43 años, quien reportó ansiedad e ideación suicida tras el episodio. La defensa cuestionará la validez de este documento, alegando que fue firmado por un especialista en geriatría y no por un psiquiatra.

Mientras Agostina Páez manifestó sentirse "angustiada" por el impacto que el comportamiento de su padre pueda tener en su sentencia, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro confirmó que el expediente pasará a despacho del juez en los próximos días.

La sentencia marcará un hito en cómo la justicia brasileña pondera el comportamiento del entorno familiar y la exposición en redes sociales al momento de castigar delitos de odio.