España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
El presidente Pedro Sánchez anunció un conjunto de medidas que incluyen restringir el acceso de menores a plataformas digitales, tipificar nuevos delitos informáticos y avanzar hacia una mayor responsabilidad empresarial en internet. El objetivo: proteger la infancia y fortalecer la soberanía digital.
España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un ambicioso paquete de iniciativas orientadas a regular el uso de plataformas digitales y redes sociales, con especial foco en la protección de los menores de edad.
La medida más destacada será la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, salvo en casos excepcionales vinculados a servicios educativos o de salud. Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, un punto que abre un fuerte debate sobre la viabilidad tecnológica y legal de esta exigencia.
El presidente Pedro Sánchez anunció un conjunto de medidas. Crédito: Reuters.
Un internet más seguro para niños y adolescentes
Sánchez justificó la decisión al advertir que “las redes sociales se han convertido en espacios donde la ley muchas veces no existe”, lo que afecta tanto a los usuarios más jóvenes como al conjunto del debate público. Según el mandatario, el objetivo de su gobierno es recuperar el control digital y garantizar que internet sea un entorno más saludable, justo y democrático.
La iniciativa responde a una preocupación creciente por el impacto de las redes sociales en la salud mental, la exposición a contenidos violentos o de odio, y la facilidad con la que los menores acceden a plataformas sin restricciones.
Además de la restricción por edad, el plan del Ejecutivo incluye otras cuatro medidas clave:
Tipificar como delito la manipulación de algoritmos cuando estos favorezcan la difusión de contenido ilegal, desinformación o mensajes de odio.
Imputar responsabilidad legal a los directivos de plataformas digitales que no eliminen contenidos ilícitos de manera diligente.
Implementar herramientas para monitorear el nivel de polarización y odio en redes, con el fin de diagnosticar y prevenir fenómenos de radicalización digital.
Coordinar acciones con otros gobiernos europeos, en una estrategia multilateral para hacer frente a la concentración de poder de las grandes tecnológicas.
Control digital a niños y adolescentes.
España, parte de una tendencia global
Con estas iniciativas, España se suma a un movimiento internacional que busca poner límites más estrictos al uso de redes por parte de menores. Países como Francia, Australia, Grecia y Dinamarca ya han anunciado o implementado regulaciones similares, con distintas edades mínimas y sistemas de verificación.
Sánchez remarcó que su intención es que España sea un país pionero en liderar una agenda común a nivel europeo para avanzar hacia una mayor regulación de las plataformas digitales, especialmente aquellas con impacto masivo en la infancia y la vida pública.
Aunque la medida fue bien recibida en sectores de la ciudadanía y entre especialistas en protección de la niñez, expertos en derecho digital alertaron sobre los desafíos técnicos y jurídicos de llevarla a la práctica.
Verificar la edad sin violar la privacidad, sancionar eficazmente a grandes empresas multinacionales y equilibrar los derechos de los usuarios serán claves para el éxito de la política.
También se advierte que los menores podrían eludir las restricciones mediante el uso de identidades falsas o plataformas emergentes menos reguladas, por lo que será crucial la educación digital de las familias y el acompañamiento pedagógico en las escuelas.
El Gobierno español pone en marcha una agenda que pretende marcar un punto de inflexión en la gobernanza de lo digital. Al establecer límites claros para el uso de redes por menores de edad y exigir mayor responsabilidad a las plataformas, el Ejecutivo apuesta por una internet más segura, menos tóxica y con mayor control democrático.
La propuesta abre un nuevo capítulo en la relación entre política y tecnología, en el que el interés superior del niño y el bien común se ubican en el centro del debate.