Nuevas protestas en Birmania tras un fin de semana de extrema violencia

Las protestas de fin de semana en Birmania se han vuelto cada vez más violentas, y esta vez se extendieron hasta el lunes 29 de marzo, cuando miles de birmanos volvieron a ocupar las calles en algunas ciudades del país para protestar contra la junta militar tras un fin de semana en que murieron más de 120 civiles, incluidos 7 menores.

Las fuerzas de seguridad también continuaron con el uso de fuerza letal contra los manifestantes con al menos un joven de 20 años muerto y otras cinco personas heridas en Rangún, la mayor ciudad del país, según informó el medio Irrawaddy.

Unos 20.000 manifestantes, incluidos monjes, protestaron contra el golpe militar del pasado 1 de febrero en Tangse, en la región de Sagaing, según el portal Myanmar Now, mientras que otras marchas tuvieron lugar en ciudades como Bago y Mawlamyine, la capital del estado Mon.

En su último informe, la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP) de Birmania indicó que la cifra total de víctimas mortales por la represión militar y policial asciende a 459, con al menos 90 fallecidos el sábado, el día más sangriento desde el golpe, y otros 36 el domingo.

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Además de los enfrentamientos en las ciudades, se ha comunicado que dos aviones de la Fuerza Aérea birmana dispararon y lanzaron bombas contra varias aldeas de la minoría étnica karen, lo que ha provocado el desplazamiento de 10.000 personas y que al menos 3.000 crucen la frontera con Tailandia.

Los funerales de los muertos durante el fin de semana siguen realizándose este luner 29 de marzo de 2021.

La violencia en los últimos dos días ha provocado una oleada de condenas por parte de la Unión Europea (UE) y países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o España, mientras que la ONU puso la bandera a media asta en sus oficinas en Birmania en memoria de los fallecidos.

Con una campaña de desinformación en sus medios, los uniformados, liderados por el general Min Aung Hlaing, continúan ignorando las llamadas de la comunidad internacional y las sanciones aprobadas por la UE y algunos países como EE.UU. contra la élite castrense y sus conglomerados económicos.