Elecciones en Perú: denuncian fraude en medio de una definición voto a voto por el balotaje

El proceso electoral en Perú ingresó en una fase de incertidumbre jurídica y política tras la finalización de los comicios generales. Con un sistema que exige más del 50% de los votos para evitar el balotaje, la dispersión del electorado obliga a una segunda vuelta programada para el mes de junio.

En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis señaló que, si bien la victoria de Keiko Fujimori (quien obtuvo el 17% de los sufragios) está consolidada, la disputa por el segundo lugar mantiene al país en vilo debido a la mínima diferencia entre los candidatos inmediatos.

Disputa por el segundo lugar

La definición del acompañante de Fujimori en el balotaje se dirime entre dos modelos opuestos:

• Roberto Sánchez: Candidato de izquierda y referente del sector vinculado a Pedro Castillo, quien actualmente cuenta con el 12% de los votos.

• Rafael López Aliaga: Candidato ultraconservador que alcanza el 11,97%.

Ante la estrecha diferencia, López Aliaga denunció la existencia de un fraude electoral, sumando una nueva crisis a la etapa de escrutinio. "Hay varias actas impugnadas por ambos candidatos y el comité electoral peruano tiene plazo hasta el 15 de mayo para realizar el recuento de las actas observadas y establecer quién accede a la segunda vuelta", explicó Bernardis.

Inestabilidad política y desgaste económico

El analista subrayó que esta fragmentación es una característica persistente del sistema peruano, lo que dificulta la gobernabilidad. Esta situación impacta directamente en una economía que, tras décadas de crecimiento, muestra signos de agotamiento y falta de expansión.

"Las autoridades del Banco Central Peruano también enfrentan un recambio tras años de gestión, en un marco donde la economía no logra crecer como en periodos anteriores debido al constante cambio político", afirmó Bernardis.

El organismo electoral del Perú deberá expedirse formalmente el 15 de mayo. Una vez resueltas las impugnaciones, se oficializarán los nombres para el balotaje de junio, que definirá quién asumirá la presidencia de un país marcado por la volatilidad institucional.

A este escenario se sumó el martes un punto de quiebre: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por las fallas logísticas registradas durante la jornada y bajo una presión política que no dejó de escalar. Este miércoles se agregaron las dimisiones de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa.