Tensión en la sede de ANDIS: familias y prestadores ingresaron durante una protesta

Una manifestación en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio de Belgrano —avenida Dragones al 2200—, derivó este viernes en un episodio de tensión cuando los manifestantes ingresaron por la fuerza tras un forcejeo con la Policía de la Ciudad.

El reclamo principal apunta a que el Gobierno nacional aún no reglamenta la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, ni actualiza los aranceles ni libera los fondos prometidos para mantener las prestaciones que sostienen la atención de miles de personas.

Para facilitar la lectura, dividimos esta crónica en dos ejes: primero una descripción de los hechos y luego el contexto y las demandas detrás del reclamo.

Enfrentamientos

La protesta comenzó poco antes del mediodía con la concentración de familiares, prestadores, trabajadores del organismo y personas con discapacidad frente al edificio de ANDIS. La convocatoria había sido anunciada con anterioridad por organizaciones del sector para exigir el cumplimiento de la Ley 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad.

Durante horas, los manifestantes aguardaron ser recibidos por las autoridades del organismo en una reunión que había sido convocada originalmente para las 11 hs, pero que fue adelantada a las 10 y finalmente cancelada por “fuerza mayor”, según autoridades de ANDIS.

Las personas presentes denunciaron falta de diálogo oficial y acusaron incumplimiento de compromisos asumidos.

Alrededor de las 11:30 hs, ante la negativa a atenderlos, algunos grupos decidieron forzar el acceso al edificio, derribando vallas metálicas y empujando al personal de seguridad. Se registraron momentos de tensión con efectivos de la Policía porteña, que intentaron contener el ingreso.

Testigos consignaron movimientos de interiorización en el hall central y disputas en los accesos internos.

La Policía confirmó que los manifestantes ingresaron “por la fuerza” luego de que no se accediera a recibir su petitorio.

Algunas versiones indican que se restringieron accesos secundarios (como el de la calle Juramento) para usuarios que tenían trámites pendientes.

Ante la gravedad de la situación, se dio intervención a fuerzas federales para restablecer el orden.

No hubo hasta el momento informes públicos confiables sobre heridos graves ni detenciones masivas.

Mientras tanto, comenzaron negociaciones con representantes del colectivo de la discapacidad para tratar de calmar el clima y dar respuesta al reclamo de ser escuchados.

Contexto estructural y demandas insatisfechas

El episodio en ANDIS no es un hecho aislado, sino la expresión visible de un conflicto más profundo que moviliza a un sector con múltiples reclamos acumulados.

Ley de Emergencia y suspensión del decreto

La Ley 27.793 fue sancionada por el Congreso como una norma destinada a garantizar recursos extraordinarios para el sector de discapacidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo promulgó la normativa pero suspendió su ejecución al mismo tiempo, argumentando falta de financiamiento específico. Para los sectores movilizados, ese condicionamiento equivale a un veto encubierto.

En ese marco, las organizaciones reclaman la aplicación inmediata sin más demoras.

Recursos asignados, fondos retenidos

A través de una decisión administrativa del 24 de septiembre, el Ejecutivo asignó una partida de 121 mil millones de pesos para la adecuación de aranceles y compensaciones del sistema de prestaciones. Pero hasta ahora, según los manifestantes, esos recursos no han sido ejecutados ni se han liberado los pagos.

Desde las filas del sector, se cuestiona la falta de transparencia en ANDIS y la ausencia de respuestas concretas al respecto.

Prestadores y transporte, al borde del colapso

Uno de los reclamos más urgentes es la actualización del nomenclador de prestaciones, cuyo congelamiento impacta directamente en la viabilidad de proveedores de transporte, terapias, educación especial y atención médica. Algunos transportistas especializados han advertido que solventar los costos (por ejemplo, combustible) es ya insostenible.

“Estamos trabajando a pérdida”, expresaron representantes del transporte para personas con discapacidad.

Escándalo, auditorías y presión judicial

La crisis institucional que atraviesa ANDIS está vinculada al escándalo por los audios que involucraron a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y presuntas irregularidades en compras de medicamentos. Esa situación motivó la intervención del organismo y allanamientos judiciales.

En paralelo, algunas familias denuncian auditorías sobre pensiones no contributivas que consideran arbitrarias y con falta de garantías.

Para los manifestantes, la falta de implementación normativa, la retención de fondos y la crisis interna de ANDIS configuran un escenario donde miles de usuarios quedan en un limbo de acceso a prestaciones esenciales.