La muerte del nene en el pozo reveló una realidad de trabajo esclavo en Mendoza

Erick cayó en un pozo de agua con más de 50 metros de profundidad que estaba en el interior de un predio donde (según el relato de los vecinos) su papá trabajaba -junto a un grupo de obreros- en una obra en construcción que avanzaba de manera ilegal en calle Urquiza al 700 de Guaymallén. El pequeño de seis años cayó mientras jugaba y ni los esfuerzos desesperados de su padre por salvarlo ni los de sus compañeros y la policía, lograron salvarlo. Nada alcanzó en esos fatídicos instantes de desesperación.

Mientras la Fiscalía de Homicidios avanza con la investigación para obtener más detalles del hecho a partir de las pericias que se realizan tanto en el lugar como en el cuerpo del pequeño, algunas aristas de este hecho prevenible sí se conocen. Se sabe, por ejemplo, que en condiciones de precariedad, sin elementos de protección adecuados, durmiendo en el mismo sitio donde realizaban los trabajos, los empleados que la empresa ilegal tenía trabajando a destajo en el predio para construir departamentos, pertenecen a un grupo de la población que en Mendoza es blanco de explotación, pobreza extrema y riesgos de toda índole. Se dice, en la voz del propio Gobierno, que los trabajadores habían llegado a Mendoza en el marco del llamado "trabajo golondrina", una forma de explotación naturalizada e invisibilizada en el entramado social y que reviste aún una de las deudas más profundas que tiene el Estado en lo que a Derechos Humanos se refiere.

Se trata de las familias migrantes que llegadas de países limítrofes (como Bolivia o Perú) y de provincias del noroeste argentino, en busca de trabajo, fueron víctimas de excesos ligados al trabajo esclavo o forzoso; una vulneración a los derechos humanos fundamentales, amparados en leyes y convenciones internacionales, establecidos por organismos de talla mundial. como por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Argentina, la Ley que regula los derechos y obligaciones de las personas que llegan al territorio desde otros países es la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

Esa norma está vigente desde 2004 y entre otros aspectos, estipula que todas las personas migrantes, sin importar su nacionalidad, tienen derecho a acceder a la educación, a la salud, a la asistencia social, jurídica y económica. Pero además, establece la obligación del Estado para activar los mecanismos acordes tendientes a mitigar la explotación. De hecho, ninguna persona que no tenga su Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en calidad de "residente permanente" o "transitorio", no puede trabajar. Los empleadores que pasen por alto estas reglas son factibles de sanciones.

La empresa Idandi, de Daniel Florentino Paco y su hermano, no solo funcionaba al margen de las habilitaciones necesarias para emprender proyectos inmobiliarios. Su mano de obra, para levantar esas construcciones, eran hombres en situación de vulnerabilidad del mismo país de origen que ellos, personas que no lograron insertarse en el mercado de trabajo, en sus lugares de origen y que llegaron a Mendoza en busca de un mejor destino. En la voz de los vecinos del lugar y de acuerdo a los testimonios que trascendieron hasta hoy, todas las versiones apuntan a que incluso, en el sitio que hoy está clausurado, los empleados eran obligados a trabajar en horario nocturno y a destajo. Otro indicio de la profunda explotación laboral que estuvo siendo ejecutada por los empresarios involucrados.

Esta realidad se repite en las zonas rurales para el período de la cosecha, pero además, deja al trasluz las irregularidades que aún pesan en el ámbito de la construcción pese al incremento en el trabajo registrado en este rubro.

Desde el Poder Judicial de Mendoza adelantaron al mediodía de este jueves en torno del caso que, en realidad, el papá del niño había asistido al predio para realizar un trámite y que no vivía en el lugar. Sin embargo, las versiones de los vecinos como así también las del Ministerio de Seguridad apuntan que el niño vivía en el lugar con su familia, mientras el padre trabajaba. Lo cierto es que el caso además, deja al descubierto numerosas problemáticas sociales no resueltas.

Empleo no registrado

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el incremento del empleo en el área de la construcción en el país creció 19,9% de agosto 2021 al mismo mes de 2022. Sin embargo, de los nueve millones de puestos laborales no registrados en el país en 2022, justamente el sector de la construcción es mayoría en lo que a trabajo en "negro" se refiere.

Las irregularidades que giran en torno de la muerte de Erick dan cuenta además, de un Estado municipal y provincial que no frenó el avance de las maniobras ejecutadas por la firma operante. Capítulo aparte es el que se abre paso en relación a las situaciones de precariedad en las que, en este caso puntual, vivían los obreros. Jessica Villegas, coordinadora del Área de Movilidad Humana de Xumek, entidad que aboga por los derechos humanos desde hace quince años, destaca que tanto la muerte de Eric como las situaciones de explotación a las que era sometidos los trabajadores de la construcción en el predio de calle Urquiza al 700, no son hechos alejados de una realidad más cotidiana y macro.

Denuncia que este hecho, es el resultado, ni más ni menos, de la profunda deuda que los Gobiernos mantienen respecto de las poblaciones migrantes. "Migrar es un derecho humano; no es una problemática. El Estado tiene la obligación de regular y garantizar todas las herramientas necesarias para que este proceso de cambio para las personas sea lo más positivo posible. De por sí, dejar el país de origen; dejar atrás la historia o la familia conllevan una gran carga", destaca Villegas y enfatiza que tanto en las zonas rurales como en las áreas urbanas, las familias migrantes no tienen el espacio ni la visibilidad adecuada en la agenda pública, sino todo lo contrario: son el blanco de vulneraciones sistemáticas a sus derechos y los de sus hijos; una arista más en la que no queda al margen el sector poblacional que más se debería proteger: la infancia.

Derechos vulnerados

Erick, además de ser un niño pertenecía a ese grupo de población migrante que aún hoy, en Mendoza también es blanco de actitudes xenofóbicas, abandono estatal y maltrato institucional. "Hay que preguntarse por qué el Estado no proporciona las políticas necesarias para que los derechos de estos grupos familiares sean adecuadamente respetados", agrega Villegas y puntualiza que es necesario destrabar las anomalías de un sistema productivo que se sigue sosteniendo con métodos de explotación que van por fuera del respeto a los derechos básicos.

Según el Censo Nacional de Población, la mayor cantidad de población migrante proveniente de Bolivia se concentra en el Guaymallén, seguido por Maipú,, Luján de Cuyo y los departamentos que integran el Valle de Uco. Los resultados de la cantidad de personas que llegaron desde países limítrofes a Mendoza en los últimos años, aún no están disponibles. El último dato publicado por la Encuesta Permanente de Hogares da cuenta que en 2021, 6'8% de la población mendocina es migrante.

Silvia Moreno, socióloga que a lo largo de años ha focalizado sus trabajos en la temática de los migrantes en áreas rurales, detalla que estas formas de flexibilizar las condiciones de trabajo para obtener mano de obra a un menor precio es una temática que en Mendoza se plantea de manera "histórica", desde los años '50. Destaca que pese a las regulaciones vigentes, se siguen utilizando las mismas prácticas y modalidades a la hora por ejemplo, de levantar la cosecha.