Marchas a 10 años de la desaparición de Marita Verón

Dos marchas, en Tucumán y Buenos Aires, recordarán a Marita Verón, cuya desaparición y presunto secuestro por una red de trata de personas hace diez años está siendo investigada en un juicio oral que comenzó el 8 de febrero y en el que se espera testifiquen 150 personas.

En Tucumán, donde vivía Marita, la marcha partirá desde la puerta de los Tribunales, al cabo de una audiencia del juicio en la que debe seguir declarando Fátima M., quien atestiguó haber compartido el cautiverio con Marita.

Entre los manifestantes, que marcharán hasta la céntrica plaza Independencia, se espera la presencia de la actriz Soledad Silveyra, además de otros artistas y miembros de organizaciones de derechos humanos.

En tanto, en Buenos Aires, la convocatoria fue organizada por la asociación civil "La Casa del Encuentro", y partirá a las 18 desde el Congreso Nacional "para exigir justicia por Marita Verón y por todas las víctimas de trata de mujeres y niñas para la prostitución".

También reclamarán "el desmantelamiento de las redes de trata y de las redes de complicidades y acabar con la violencia hacia las mujeres".

Ambas demostraciones pondrán en acento en el apoyo a la incansable búsqueda de Susana Trimarco, madre de Marita, que creó la Fundación María de los Ángeles (el nombre real de su hija), desde donde ha rescatado a más de 100 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la trata y por cuya tarea ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.

Gracias a este trabajo, que generó un antes y un después en la conciencia social sobre este delito, el Congreso sancionó en 2008 la ley para la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas, que tipificó a ese delito como federal.

Fue un paso significativo, porque puso la legislación argentina en concordancia, entre otros, con el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que a su vez complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El juicio

En tanto, Trimarco vive la paradoja de que en este juicio, los acusados no son juzgados por trata de personas ya que la sanción de la ley que ella inspiró fue posterior al secuestro y desaparición de su hija, el 3 de abril de 2002 cuando iba a realizarse unos estudios en la Maternidad de la capital tucumana.

El juicio oral comenzó el 8 de febrero y en el banquillo de los acusados hay siete hombres y seis mujeres de La Rioja y Tucumán.

Los imputados son Humberto Juan Deroberti, Daniel Natalia Milhein, María Jesús Rivero, Víctor Angel Rivero, Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, José Fernando Gómez, Lidia Irma Medina, María Azucena Márquez, Mariana Natalia Bustos, José Gonzalo Gómez, Carlos Alberto Luna y Cintia Paola Gaitán.

El proceso está a cargo de la Sala 2 de la Cámara Penal integrada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Páez de la Torre y Eduardo Romero Lazcano.

"Hasta ahora, el juicio es normal, y creo que vamos demostrando quién es cada uno de los acusados, cuando en principio nos querían hacer creer que eran inmaculados", señaló Trimarco.

La mujer reiteró que "lo único que quiero es que Marita aparezca de una vez por todas" y destacó que "tengo esperanzas que aquí aparezca una luz que nos permita encontrarla".

"Estoy segura que ellos, los imputados, son responsables de sus desaparición", expresó al comienzo del juicio durante una conferencia de prensa.

Su relato y el de David Catalán, pareja de Marita al momento de la desaparicion y padre de Micaela, hija de marita, fueron hasta ahora los más importantes y conmovedores del proceso.

Entre los testimonios que ya se escucharon en las audiencias se destacaron también los de dos chicas rescatadas de redes de trata -una de las cuales afirmó haber visto a Marita cautiva-, en tanto se espera que otras 150 personas testifiquen en el proceso.El juicio iniciará mañana una nueva semana y seguirá su relato Fátima M., la joven que asegura haber visto a Marita, días después de su desaparición, en la casa de Daniel Milheim.

Para la subsecretaria de promoción de Derechos Humanos, María Cristina Perceval, este "proceso judicial representa un punto de inflexión para pensar sobre los avances que el Estado argentino emprendió, como el cambio normativo, el rescate de casi 3000 personas esclavizadas y explotadas, la creación de oficinas especializadas, y las políticas públicas para la prevención, a lo que debe sumarse el fundamental aporte de las organizaciones de la sociedad civil".



Fuente: Télam